Lanza clínicas móviles dando a sus socios 30 millones en contratos

Ciudad Juárez, Chihuahua.— René Carrasco Gómez, director general de Centros Comunitarios en Ciudad Juárez, otorgó más de 30 millones de pesos a las empresas Electrónica Médica K.U.K.O para la cual él trabaja, y a Electromédica Tesla, cuyos dueños también participan como accionistas en la primera empresa. En esta investigación además, se encontró una probable simulación de los procesos de licitación para adquirir equipo médico dental, un mastógrafo, un equipo de rayos X y la compra de automóviles que funcionan como clínicas móviles en las periferias de Ciudad Juárez, pues en al menos dos proceso licitatorios, los competidores eran las empresas mencionadas y sus accionistas. https://www.youtube.com/watch?v=JbILwbBGZgo Por este caso, se buscó reiteradamente la versión de René Carrasco; en un principio dijo no poder dar declaraciones debido a la veda electoral de 2021, sin embargo, se continuó solicitando la entrevista con él después de dicho proceso sin que hasta el momento accediera a dar declaraciones. Por otro lado, se buscó a los dueños de las empresas, no obstante al hacer contacto, dijeron no poder dar entrevistas por el contexto de la pandemia por COVID-19. Tampoco accedieron a hablar vía telefónica. De acuerdo con el cotejo de la información del Sistema de Información Empresarial Mexicano y la aplicación de Google Maps, ambas empresas comparten el mismo domicilio en la calle San Luis 7712 en la ciudad de Chihuahua.

Un conflicto de interés detrás de un programa social 

Rita es una persona de la tercera edad que padece hipertensión y carece de seguridad social. Ella desconoce por qué desde hace meses, quitaron la atención médica fija por parte del gobierno municipal de Juárez que se ofrecía en el centro comunitario Frida Khalo, ubicado al suroriente de Ciudad Juárez, una de las periferias con más rezago en infraestructura y servicios. Para Rita, encontrar atención médica gratuita para monitorear su enfermedad crónica de hipertensión en esta área de la ciudad, es todo un reto, asegura que la pandemia ha comprometido su situación financiera y se alegra de que este sábado, 8 de mayo, el gobierno municipal pusiera unas clínicas móviles en el centro comunitario. Lo que no sabe Rita, es que dichas clínicas son itinerantes y no tendrá oportunidad de regresar a consulta en varias semanas hasta que las clínicas vuelvan a su colonia; tampoco sabe que esta idea surgió del señor con quien hace unos minutos se cruzó al caminar por las canchas del centro comunitario en donde pusieron las clínicas a funcionar este día. Este señor es René Carrasco Gómez, el director de Centros Comunitarios quien se escondió de las cámaras para no dar declaraciones sobre sus vínculos con las empresas contratadas a quienes les dio cerca de 30 millones de pesos.

La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) detectó la relación entre René Carrasco Gómez, con el contratista al que se le pagaron cerca de 15 millones de pesos por la venta de 3 vehículos Mercedes Benz Sprinter Cargo Van modelo 2019, equipados con insumos para clínica dental, clínica oftalmológica y dental y clínica de la mujer. Según el informe financiero de la cuenta pública de 2019, el conflicto de interés está basado en la relación derivada del cargo que ocupa René Carrasco Gómez como Secretario del Consejo de Administración de la empresa Electrónica Médica K.U.KO. Dicha empresa es propiedad de Miguel Ángel González Portillo y Refugio González Paredes, este último es accionista en la empresa Electromédica Tesla, la cual vendió los vehículos que ahora son clínicas móviles en una de las cuales Rita espera hacerse unos análisis clínicos. “Sí está bien que presten un servicio así, ahorita con la situación pues sí sirve de mucho, ya ve que con esta situación de la pandemia pues estamos muy pobres (…) nada más que ya nos estamos desesperando porque ya tiene uno mucho tiempo aquí sentado, como que sí están lentos (en la atención) ya tengo un buen ratito”, comenta Rita mientras se encuentra sentada esperando a ser atendida. Carrasco Gómez en ningún momento se eximió de participar en el proceso de compra de estas clínicas; nunca manifestó tener un conflicto de interés mediante alguna carta de manifestación de no conflicto de interés o cualquier otro documento por el que se abstuviera de participar en el proceso de compra, se dio a conocer mediante la respuesta a solicitudes de información. Al contrario, las firmas de Carrasco Gómez aparecen en este contrato identificado con la clave DCA/DGCC/126/2019. A pesar de que se trataba de una licitación pública, la única concursante fue Electromédica Tesla a la que se le dio el contrato por 14 millones 915 mil 147 pesos el 11 de julio de 2019. Según el informe financiero de la ASE: “René Carrasco Gómez, quien intervino en el proceso de contratación, tiene un conflicto de interés de negocios con los ciudadanos Refugio González Paredes y Miguel Ángel González Portillo quienes forman parte de la empresa Electromédica Tesla”. De acuerdo con Rita  y otras usuarias, el servicio que prestan las clínicas móviles en las colonias vulnerables de Ciudad Juárez, es necesario ya que en estas zonas no se consigue atención médica con facilidad y menos gratuita. Sin embargo, la ASE califica esta operación como un “conflicto de interés de negocios”. Así mismo, de acuerdo con los hallazgos de esta investigación, se encontró que los concursos de licitación para la compra de equipo médico dental y de rayos X, así como para la compra de un mastógrafo, podrían haberse simulado  para que siempre resultara ganadora una de las empresas con las que el director de Centros Comunitarios guarda esta relación de negocios.

Al buscar la versión del director de Centros Comunitarios por varios días, este se negó a dar declaraciones sobre este tema argumentando tener prohibido hablar con la prensa por la veda electoral de los comicios que se realizaron en junio de 2021. Posteriormente, se buscó por más de un mes insistentemente la versión de Carrasco Gómez, pero nunca respondió. René Carrasco, hizo una única declaración, “todas las observaciones (de la ASE) fueron solventadas”. Sin embargo, el auditor superior de la ASE, Héctor Alberto Acosta Félix, desmintió esta declaración, pues el titular de la dependencia en cuestión, nunca logró solventar las observaciones realizadas por la auditoría. “La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que existe un conflicto de interés cuando una persona interviene, participa o tramita un asunto en el cual tiene un conflicto de interés personal, familiar o de negocios, en este caso lo que estamos detectando es que este servidor público debió abstenerse en la firma de los documentos del proceso licitatorio y de adjudicación con la empresa beneficiada (…) la observación no fue solventada, tan no fue solventada que se puede consultar en el informe de la auditoría”, declaró el auditor superior. Además añadió que el conflicto de intereses se trata de una falta grave, por lo que actualmente desde la auditoría se está integrando un expediente para iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas, como consecuencia de esta contratación. Con dicho expediente se pretende reforzar las observaciones de la ASE e implica llamar al director de Centros Comunitarios a comparecer ante la propia ASE; posteriormente, el expediente será presentado al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el cual se encargará de deslindar las responsabilidades por este caso en concreto. Entre las probables sanciones a las que René Carrasco Gómez se haría acreedor en caso de que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa así lo dictamine se encuentran la suspensión temporal del empleo, la destitución del cargo, la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta sanciones económicas para reparar el daño, informó Acosta Félix. Según el auditor, actualmente en Chihuahua se encuentran en una etapa “completamente nueva” en materia de combate a la corrupción; ya que gracias a la nueva Ley de Fiscalización del Estado de Chihuahua, la Auditoría Superior del Estado puede integrar expedientes de sus observaciones e interponer denuncias antes las instancias de justicia, sin necesidad de que el Congreso del Estado de Chihuahua dictamine las observaciones.

Los otros contratos 

El conflicto de interés de negocios de René Carrasco Gómez no se limitó únicamente al caso de la empresa contratada para proveer de clínicas móviles; un mes antes de este caso, René Carrasco encargado del despacho de Centros Comunitarios, convocó a un proceso de licitación bajo la modalidad de invitación a tres proveedores, esta vez, para la adquisición de equipo para consultorios dentales por un monto de 1 millón 489 mil 300 pesos de acuerdo con el contrato DCA/DGCC/102/2019. En esta ocasión, la adjudicación se dio a la empresa Electrónica Médica K.U.K.O, empresa de la cual René Carrasco es el secretario del Consejo de Administración. De acuerdo con el anexo técnico, el equipo incluía una unidad dental, equipo de rayos X, un compresor, baberos desechables, algodón, gasas, cubrebocas, guantes desechables, entre otros artículos. Por este caso, la ASE también inició un procedimiento de presunta responsabilidad administrativa; pues la firma de René Carrasco se encuentra en el contrato asignado a la empresa donde él trabaja. Casi un año después, René Carrasco Gómez continuó dando contratos a los accionistas de esas empresas. En agosto de 2020, se celebró un nuevo contrato, esta vez con Refugio González Paredes como proveedor particular. A pesar de que en este caso la ASE no haya señalado alguna observación dado que corresponde al ejercicio fiscal de 2020, el conflicto de interés se encuentra presente pues que Refugio González es el accionista de Electrónica Médica K.U.K.O. Este contrato está identificado con la clave DCA/DGCC/129/2020 y corresponde a la compra de un mastógrafo por la cantidad de 5 millones 793 mil 103 pesos.

Empresas y sus accionistas compiten entre ellos

De acuerdo con la información obtenida a través de transparencia, se encontró que las licitaciones para comprar las clínicas móviles, el equipo médico dental y el equipo de rayos X pudieron haber sido simuladas, ya que los contratistas competían entre sí. Los contratos fueron los siguientes: el DCA/DGCC/102/2019 con el que se contrató a Electrónica Médica K.U.K.O. para comprarle equipo médico dental; el DCA/DGCC/126/2019 con el que se contrató a Electromédica Tesla para la compra de clínicas móviles; y el DCA/DGCC/207/2017 que también benefició a Electrónica Médica K.U.K.O. que corresponde a la compra de equipo para rayos X. El proceso de licitación del primer contrato (DCA/DGCC/102/2019) se realizó por medio de invitación a tres proveedores; estos proveedores invitados fueron: Juan José Juárez Loredo, Electrónica Médica K.U.K.O. y José Arturo Rafael García González. Durante el proceso de investigación se detectó que José Arturo Rafael García González es a su vez accionista de Electrónica Médica K.U.K.O; así se constató mediante el acta de constitución de sociedad de la empresa en donde los accionistas son Refugio González Paredes, Rafael González Paredes, Consuelo Paredes Santos, Fernando Real del Rosal y José Arturo Rafael García González, reduciendo así la competitividad durante el proceso licitatorio, pues Electrónica Médica K.U.K.O. que ganó esta licitación, competía contra uno de sus accionistas. El segundo contrato (DCA/DGCC/126/2019) se adjudicó mediante un proceso de licitación pública, sin embargo, el único concursante fue Electromédica Tesla, empresa que al igual que Electrónica Médica K.U.K.O. también es propiedad de Refugio González Paredes. El tercer contrato (DCA/DGCC/207/2017) también se hizo mediante un proceso de licitación pública, sin embargo, dos de los tres concursantes tienen relación. En este caso los concursantes fueron Margarito Mercado Sifuentes, Electrónica Médica K.U.K.O y Rafael González Paredes, quien es a su vez accionista de esta empresa contra la que concursó por este contrato de poco más de 8 millones de pesos. En total, los accionistas de las empresas Electrónica Médica K.U.K.O. y Electromédica Tesla fueron beneficiados con contratos por un monto que asciende a los 30 millones 409 mil 496 pesos. En caso de que las empresas y accionistas concursantes en las licitaciones se hubieran puesto de acuerdo para concursar en los mismos procesos, el marco legal contempla esto como una falta en la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chihuahua, artículo 70, el cual a la letra dice: “El particular que ejecute con uno o más sujetos particulares, en materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal. También se considerará colusión cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos”.