Ciudad Juárez, Chihuahua.— La empresa Grupo Koraachi, de reciente creación y vinculada a un funcionario municipal, ha obtenido 30 contratos municipales de obra pública, de los cuales 10 fueron adjudicados directamente y seis presentan alto riesgo de corrupción en su proceso de licitación.
Koraachi, fundada en junio de 2017, es propiedad de Eduardo Maldonado Ávila y Jorge Quiñónez Verduzco; este último es el accionista mayoritario y administrador único de la sociedad.
Quiñónez Verduzco es, además, socio del director del Instituto Municipal de Deporte, Francisco Ibarra Molina, y de su hermano Luis Eduardo Ibarra Molina en las empresas constructoras Gexiq, Coniq y Trituradora Águila.
Acta constitutiva de Grupo Koraachi:
Grupo Koraachi
A un año de su constitución, en junio de 2018, Koraachi obtuvo su primer contrato con el Gobierno Municipal de Juárez, y a partir de entonces se convirtió en uno de los principales contratistas de obra pública del municipio.
Año con año, el número de contratos y los montos asignados a Koraachi han ascendido significativamente, a pesar de ser una empresa de reciente creación.
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En 2018 le fueron asignados dos contratos por un monto total de 5 millones 558 mil pesos, en 2019 fueron nueve contratos por 37 millones 049 mil pesos, y en lo que va de este año ha recibido 19 contratos por 65 millones 566 mil pesos.
En poco más de dos años, Grupo Koraachi ha recibido 30 contratos de obra pública del Gobierno Municipal, por un total de 108 millones 174 mil 185 pesos.
Durante el primer semestre de este año, Grupo Koraachi ha sido la segunda empresa más beneficiada por adjudicaciones directas de contratos de obra pública, con 10 de los 42 que se han asignado, solo por debajo de Triturados Asfálticos del Valle de Juárez, que lleva 12.
Cinco de los contratos adjudicados a Koraachi han sido para obras de fresado y sobrecarpeta, y cinco más para el suministro de mezcla asfáltica.
En total, los 10 contratos que han sido adjudicados a Koraachi sin licitaciones públicas de por medio, suman 14 millones 468 mil 434 pesos.
De acuerdo con la plataforma ‘Mapeando la Corrupción’, Grupo Koraachi tuvo un riesgo alto de corrupción en seis de los nueve contratos de obra pública que le fueron asignados en 2019.
En cuatro de esos contratos estuvo asociada con el particular Gabriel Aude Venzor y en dos con la Constructora Rascón.
Los seis contratos con alto riesgo de corrupción que ganó Koracchi, que suman 33 millones 585 mil pesos, presentan alto riesgo por concurso dirigido, cinco por plazos cortos y uno por sobrecosto.
La página oficial de Grupo Koraachi asegura que la empresa se encuentra activa desde 2018 y que ha participado en obras como el Aeropuerto de Texcoco (eventualmente cancelado), el Puente Ribereña e infraestructura minera en el estado de Sonora.
Asimismo, en su sección de contacto dispone el correo electrónico de Quiñónez Verduzco, que refiere a una de las empresas que lo asociación a los hermanos Ibarra Molina: jorge@gexiq.com.
Arriesgan millones de pesos por licitaciones amañadas
Como parte del Ciclo de Foros de Corrupción en Juárez, Plan Estratégico de Juárez (PEJ) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentaron el análisis de la herramienta ‘Mapeando la Corrupción’, que analiza el riesgo de corrupción en las contrataciones públicas, implementada al municipio de Juárez.
Del análisis se desprendió que 206 de 283 contratos de obra pública del año pasado presentan riesgo de corrupción medio y alto, con un costo de 504 millones de pesos.
En el caso de Juárez las prácticas que mayormente pusieron en riesgo las contrataciones de obra pública fueron concursos dirigidos y sobrecostos en los trabajos.
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La más común fue por concursos dirigidos, que tuvo un costo estimado de 499 millones de pesos. En total, en 172 contrataciones se eliminó al 100 por ciento de la competencia previo al fallo.
Aunque el Gobierno Municipal de Juárez reportó oficialmente haber licitado el 89 por ciento de los recursos contratados (502 millones de pesos), el análisis reveló que por prácticas de riesgo solo se licitó el 16 por ciento (93 millones) y el 83 por ciento se adjudicó directamente (470 millones).
El director de PEJ, Sergio Meza de Anda, señaló que las prácticas de riesgo en las contrataciones pueden resultar en obras mala calidad, daños a la competitividad local, una autoridad tolerante a las fallas de las empresas y una institucionalización y sistematización de la corrupción.
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