La Fiscalía de Chihuahua confirmó que al menos seis establecimientos funerarios contrataron los servicios del Crematorio Plenitud; Unión de Funerarios pide esperar la identificación oficial de los cuerpos y ofrece colaboración con las autoridades.
Por Miguel Silerio / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez– La Fiscalía de Chihuahua identificó a las funerarias que utilizaron los servicios del crematorio Plenitud, donde este fin de semana fueron localizados 383 cuerpos humanos —algunos de ellos con años de haber fallecido—, un hecho por el que han sido detenidas dos personas, y que ha generado alarma y dudas sobre la regulación del manejo de restos humanos en la ciudad, además de incertidumbre entre familias que habían concluido su proceso de duelo.
El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, informó que, de manera preliminar, se tiene registro de seis funerarias que contrataron servicios con Cremaciones Plenitud: Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno.
Indicó que hasta el momento no existen denuncias formales contra estas empresas y que las familias afectadas apenas comienzan a tener conocimiento del caso.
“Tenemos todos los datos del establecimiento y de las funerarias; no necesariamente la identificación tendrá que ser a través de familiares, facilitará mucho que vayan y pidan respuesta puntual si los cuerpos (de sus familiares) fueron tratados por alguna de estas empresas”, afirmó.
Crematorio en Ciudad Juárez mantuvo 383 cuerpos ocultos, algunos de ellos por años
El fiscal detalló que la Fiscalía trabaja actualmente en la clasificación de los cuerpos y su traslado a un sitio adecuado para su resguardo. Posteriormente, se procederá a la identificación y, finalmente, se permitirá a las familias decidir el destino de los restos.
Respecto a la posibilidad de que entre los cuerpos se encuentren personas reportadas como desaparecidas, Jáuregui señaló: “Difícilmente se presenta eso, porque los cuerpos presentan tratamiento funerario, pero de todas maneras se va a investigar a todos y cada uno de ellos para que no quede duda sobre su origen”.
“La investigación va a ser lo suficientemente exhaustiva como para, primero, darle dignidad a estos cuerpos; segundo, poder identificarlos; tercero, darles el destino que sus familiares así decidan, y deslindar las responsabilidades tanto de los dueños como de cualquiera que hubiera omitido una acción”.
El fiscal agregó que ya hay dos personas detenidas en relación con el caso: el propietario del crematorio, José Luis A.C., y un empleado identificado como Facundo M.R.
Los delitos que podrían imputárseles incluyen inhumación indebida de cadáveres y violaciones a la Ley General de Salud en materia de disposición de restos humanos.
Sobre el primer delito, Jáuregui explicó que las penas oscilan entre dos y tres años de prisión, mientras que las infracciones a la Ley General de Salud podrían alcanzar de seis a dieciséis años. No descartó que también se investigue a funcionarios que hayan incurrido en omisiones.
“Prácticamente estamos rescatando estos cuerpos. Quién sabe cuál sería el propósito ulterior de estos sujetos, porque el almacenamiento en ese número también hace presumir que no estaban prestando el servicio. Simple y sencillamente no cremaban los cuerpos que llegaban ahí”, puntualizó.
Funerarios piden priorizar a las familias, asumen ‘responsabilidad moral’
La Unión de Funerarios de Ciudad Juárez reconoció este lunes que varias de sus funerarias afiliadas utilizaron los servicios de Plenitud, aunque enfatizó que la disposición final de los cuerpos correspondía al crematorio.
Marcelo Ruiz Cantú, representante de la Unión, emitió un posicionamiento público en el que lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias afectadas. Señaló que, más allá de una posible responsabilidad legal o comercial, existe una responsabilidad moral ante lo que calificó como “una herida muy grande” para Ciudad Juárez.
Pidió esperar a que la Fiscalía concluya con la identificación oficial de los cuerpos, para así colaborar plenamente en la localización de las familias y el esclarecimiento de los hechos.
“No hay ninguna manera de que nosotros podamos identificar o ratificar que las cenizas pertenecen a la persona a la que nosotros llevamos. Eso no existe, ni siquiera el ADN es posible en los restos áridos, que son las cenizas tal cual”.
La organización explicó que no había emitido antes una declaración pública para no entorpecer las investigaciones. No obstante, confirmó que al menos tres o cuatro funerarias afiliadas hicieron uso de los servicios de Plenitud, aunque aclaró que no se tiene certeza de los períodos ni condiciones específicas. Según sus registros, el crematorio tiene una trayectoria de al menos 25 años como proveedor habitual del sector funerario.
Ruiz detalló que el procedimiento habitual consiste en que la funeraria entrega la documentación legal —certificado de defunción, autorización de la Fiscalía y registro ante el Registro Civil—, y es el crematorio quien se encarga del resto.
“Los funerarios llegamos hasta la puerta del crematorio, entregamos la documentación pertinente y luego después recibimos las cenizas. No tenemos acceso a los crematorios nosotros. De hecho, a los crematorios no pueden acceder los particulares, es un foco de infección”.
Recordó un caso anterior en 2020, durante la pandemia de Covid-19, cuando en el mismo crematorio se encontraron 63 cuerpos sin cremar. En aquella ocasión, dijo, se suspendieron operaciones de manera temporal y se reanudaron tras regularizar la situación. La magnitud del hallazgo actual, sin embargo, representa un hecho sin precedentes en la ciudad.
El líder del gremio subrayó que la autoridad es responsable de otorgar los permisos de operación, pero que los actos deben recaer directamente en la empresa.
El daño a las familias
Más allá de posibles sanciones penales o administrativas, Ruiz destacó el impacto humano del caso. Señaló que muchas familias creyeron haber cerrado su duelo sin saber que los cuerpos de sus seres queridos nunca fueron incinerados.
“Independientemente de la cantidad que resulte, estos cuerpos son los padres, las madres o las hijas o los hijos de alguien. Y las funerarias, ante esta situación, antes de ser funerarias y antes de ser comercio y antes de ser negocio, deben de ser más humanos”, dijo Ruiz.
La Unión ofreció colaborar plenamente con las autoridades para revisar la documentación, identificar funerarias involucradas y proporcionar información a las familias que lo solicitan. Si bien descartó que las funerarias puedan indemnizar a las familias, reconoció una responsabilidad moral para acompañarlas en este proceso, y no descartó acompañarlas en sus denuncias.
“Muy lejos de hacernos a un lado en esta situación, de deslindarnos, todo lo contrario. Nosotros estamos muy pendientes para conocer las identidades y nosotros mismos vamos a levantar la mano: yo fui el que llevé ese cuerpo, yo fui el que recibió las cenizas y yo fui el que las entregué”, asegura.
Informó además que han recibido múltiples llamadas de familiares preocupados, con solicitudes de información o intención de emprender acciones legales.
Sobre el futuro de los cuerpos que permanecen sin ser cremados, Ruiz advirtió que los siete crematorios activos en Ciudad Juárez no cuentan con la capacidad suficiente para atender esta carga de forma inmediata. Estimó que, aun con la participación de todos, el proceso podría extenderse hasta por tres meses.
Finalmente, hizo un llamado tanto a las autoridades como al gremio funerario a priorizar la identificación de los cuerpos y apoyar a las familias en su derecho a saber qué ocurrió.
