Durante el evento las madres, familiares e integrantes de organizaciones y colectivos que acompañaron los casos gritaron consignas para exigir a las autoridades “¡ni una asesinada más!”.
Por Elizabeth Ramos / Fotos: Abraham Rubio
Ciudad Juárez, Chihuahua.— El Estado mexicano ofreció ayer una disculpa pública y reconoció su responsabilidad internacional por la falta de prevención e investigación de los casos de desaparición y feminicidio de Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, Olga Alicia Carrillo Pérez, María Sagrario González Flores, Silvia Elena Rivera Morales, María Elena Chávez Caldera, Cecilia Covarrubias Aguilar y su hija de 24 días de nacida.
El acto público se llevó a cabo este miércoles en el Memorial del Campo Algodonero, donde autoridades de los tres niveles de gobierno reconocieron ante las familias de las víctimas las fallas y omisiones por parte del Estado Mexicano, en cumplimiento de la resolución del Caso 13.377- Niñas y jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, dijo que durante décadas las autoridades fallaron en proteger a las niñas y mujeres, permitieron la impunidad y negaron justicia a las víctimas.
“Como representante del Estado Mexicano, reconozco nuestra responsabilidad por el feminicidio de estos casos y la desaparición de la niña Ibarra Covarrubias”, expresó.
Señaló que el Estado Mexicano falló en garantizar los derechos humanos, la libertad, la personalidad jurídica, las garantías judiciales, la honra, la igualdad y la protección judicial de las víctimas, además de vulnerar también los derechos humanos de los familiares, “quienes no han dejado ni un solo día de exigir justicia”.
Ante las madres y familiares de las víctimas, Medina Padilla reconoció que el Estado violó el derecho fundamental de las víctimas a la vida. “No solo las autoridades no les protegieron, sino que en muchos casos fueron estas las que perpetraron o toleraron la violencia”.
Las madres, quienes lucharon años en la exigencia de justicia, recordaron en la ceremonia los actos de revictimización que tanto autoridades municipales como estatales les hicieron pasar desde la desaparición de sus hijas y en la búsqueda de justicia por su feminicidio.
Paula Flores Bonilla, madre de María Sagrario González Flores, desaparecida el 16 de abril de 1998 y encontrada sin vida semanas después, expuso durante el evento las negligencias que las autoridades tuvieron con el caso de su hija.
“Llevo 26 años buscando el rostro de mi hija asesinada en otras jovencitas, sentir la rabia, la impotencia y el dolor por falta de justicia (…) leer los tomos del expediente llenos de crueldad y negligencias”, expresó.
Paula instó a las autoridades de los tres niveles de gobierno presentes, a cumplir con el acuerdo firmado y exigió que se haga justicia con el caso de desaparición y feminicidio de su hija, “ya que no es un caso cerrado, y mi lucha no termina aquí, yo seguiré siendo su voz”.
Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujeres (CEDIMAC), recordó que no es la primera vez que las organizaciones y las familias han escuchado por parte del Estado disculpas públicas y promesas de acciones para atender la violencia de género. Lo hicieron en 2010 con el Caso Campo Algodonero y en 2019 con el caso de Silvia Arce, víctima de desaparición.
“Consideramos que es pertinente que se haya ofrecido (la disculpa), ya que el Estado, además de no haber salvaguardado los derechos de las víctimas y sus familias, también ejerció violencia hacia Julia, Juanita, Paula, Ramona, Soledad e Irma, ofendió la memoria de sus hijas, las trató sin respeto ni dignidad y las humilló en muchas ocasiones”, señaló la directora del CEDIMAC.
Durante el evento las madres, familiares e integrantes de organizaciones y colectivos que acompañaron los casos gritaron consignas para exigir a las autoridades “¡ni una asesinada más!”.
