La información sobre funcionarios y/o exfuncionarios bajo investigación o vinculados a proceso por la jornada violenta del 11 de agosto del 2022 en Ciudad Juárez, desatada luego de una reyerta en el Cereso, fue clasificada como reservada hasta agosto del 2029
Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua.— La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua reservó por cinco años toda la información relacionada con la investigación a funcionarios y/o exfuncionarios estatales por el llamado jueves negro en Ciudad Juárez, una jornada violenta que dejó 11 homicidios, tras una reyerta en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 3, el 11 de agosto del 2022.
Los datos de la investigación reservada como clasificada contempla a las personas servidoras públicas adscritas al sistema penitenciario estatal y del Cereso, que las autoridades de Chihuahua anunciaron desde ese día que se encuentran bajo investigación. En ese entonces, la Fiscalía de Chihuahua estaba como responsable de los penales del estado, actualmente está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
A dos años del jueves negro: 11 homicidios y la corrupción en el Cereso siguen en impunidad
La Verdad Juárez solicitó vía transparencia una versión pública de la investigación que se abrió en contra de funcionarios del penal y de la Fiscalía sobre los hechos violentos que se encuentran impunes. Sin embargo, el Comité de Transparencia de la Fiscalía de Chihuahua clasificó como reservada por cinco años esa información.
En una sesión extraordinaria, celebrada el pasado 12 de agosto en la ciudad de Chihuahua, determinó la reserva a la solicitud de información 080139724000597 argumentando que divulgar la información solicitada, aún en versión pública, pone en riesgo el debido proceso y en que el interés público sobre este tema es menor al interés del Ministerio Público de hacer justicia.
En la solicitud de información presentada a través de los sistemas de transparencia se pidió el número de funcionarios y/o ex funcionarios bajo investigación con relación al jueves negro, si están vinculados a proceso penal y qué cargos desempeñaban al momento de esos hecho y si existen órdenes de aprehensión emitidas contra ellos; sin embargo, el Comité de Transparencia de la Fiscalía clasificó los datos como reservados del 12 de agosto del 2024 hasta el 12 de agosto del 2029, así lo argumentó en el Acuerdo FGE-4C.5/2/4/41/2024.
“La Fiscalía de Distrito Zona Norte mediante oficio FGE-4C.3/3/3/8470/2024 hizo de conocimiento, que, de la información solicitada, sea tratada como reservada por derivar de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público”, se lee en el oficio enviado por la Fiscalía a través de los sistemas de transparencia.
“El que la información esté reservada le permitiría a esta representación social asegurar que las investigaciones y actos de investigación se realicen en apego al principio de constitucionalidad del debido proceso, apegándose al principio de proporcionalidad, resulta ser el medio más idóneo para proteger los actos que conlleven alcanzar los fines del proceso penal. La reserva de la información protege el fin constitucional válido del Ministerio Público, que es correlativo al derecho humanos de acceso a la justicia”, se indica en una parte del documento.
Sin embargo, a lo largo de dos años la Fiscalía no ha procedido en contra de ninguno de los funcionarios que ocupaban un cargo en el Cereso el 11 de agosto del 2022, ni en contra de funcionarios responsables del sistema penitenciario estatal a cargo de la Fiscalía que en ese entonces encabezada Roberto Fierro Duarte, quien recientemente fue designado Secretario de la Función Pública.
Esto pese a que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación donde ordena que se inicie un procedimiento administrativo en contra de los funcionarios involucrados en la reyerta del 11 de agosto del 2022 en el interior del penal.
Después del jueves negro, la Fiscalía anunció que abrió una carpeta de investigación en contra de quien era director del Cereso al momento de los hechos, Francisco Javier Delgado Soto, quien renunció a su cargo una semana más tarde. En esa fecha se identificó al funcionario sin tomar en cuenta el debido proceso, como se argumentó ahora para hacer la reserva de los datos.
Incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo el 17 de agosto del 2022: “hay una investigación abierta sobre el director del penal, pero vamos a esperar el viernes al informe”, pero éste nunca se presentó.
En septiembre del 2022, también se dio a conocer que cuatro oficiales de seguridad y custodia penitenciaria fueron detenidos y acusados de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, el primero en perjuicio de los reos Kevin Alan Campos Aguilera y Raúl Abraham Sepúlveda Olivas, privados de la vida el 11 de agosto del 2022, y el segundo en agravio de otros cuatro internos.
En su resolución, el Comité de Transparencia acordó que “todos los registros de la investigación, así como todos los documentos independientes de su contenido o de su naturaleza que estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán acceso a los mismos”.
También advierte que si se difunde esta información se podrá generar sanciones tanto administrativas como penales a servidores públicos que la den a conocer.
El documento de la clasificación como reservado es firmado por Martín del Ángel Ramos Gastelum, en calidad de presidente del Comité de Transparencia de la Fiscalía; por Rubí Mariñelarena Guevara, secretaria; y Stephanie Muñiz Rodríguez, vocal.
