La CEDH determinó que ambas actuaron fuera de sus atribuciones al mantener bajo vigilancia al exgobernador de Chihuahua, acusado de peculado y asociación delictuosa, y recomendó medidas de reparación integral del daño, como integrarlo al Registro Estatal de Víctimas
Por Miguel Silerio / La Verdad Juárez
Chihuahua,– Tras recibir una queja de César Duarte Jáquez por una supuesta vigilancia ilegal, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) por la presunta realización de actos de vigilancia no autorizada en contra el exgobernador de Chihuahua, tras su salida del Cereso en junio de 2024.
El exmandatario presentó su queja el 9 de septiembre del 2024, y el organismo emitió el pasado 22 de septiembre una recomendación dirigida a la FGE y a la SSPE por presuntamente haber violado los derechos humanos del exmandatario.
Duarte Jáquez (gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016) enfrenta un proceso penal por los presuntos delitos de peculado y asociación delictuosa, por el desvío de 96 millones de pesos. Fue detenido en julio de 2020 en Estados Unidos y extraditado a México en junio de 2022.
Actualmente enfrenta su proceso en libertad, bajo medidas cautelares impuestas por la jueza Hortencia García Rodríguez en junio de 2024. Dichas medidas le obligan a portar un brazalete electrónico y le prohíben salir del municipio de Chihuahua, bajo la supervisión de la Unidad de Servicios Previos al Juicio del Poder Judicial del Estado.
En su denuncia, el exgobernador acusó a la SSPE de mantenerlo bajo acoso y vigilancia. Señaló que desde el 4 de junio, fecha en que salió del penal, se instaló una torre de videovigilancia tipo “Centinela” dentro del fraccionamiento privado donde reside, y que todos los días sobrevuelan drones afuera de su domicilio, e incluso ha visto alguno en el patio contiguo a su ventana.
También afirmó que vecinos le comentaron sobre una patrulla que suele estacionarse afuera del fraccionamiento para operar los drones, y que han manifestado sentirse incómodos por este tipo de vigilancia. Aseguró que algunos temen que se estén interviniendo sus telecomunicaciones, pues desde entonces han tenido fallas en el servicio de internet, de acuerdo con la queja presentada ante la CEDH.
Según Duarte, todos los días hay vehículos sin rótulos y con vidrios polarizados estacionados frente a su casa, con personas en el interior que lo observan constantemente: “Me siguen a cualquier lugar al que voy, ni siquiera disimulan que me van siguiendo”, declaró.
El exgobernador relató que el 27 de agosto de 2024, mientras circulaba con un amigo en su camioneta, un vehículo Jetta gris comenzó a seguirlos de manera agresiva. “Me bajé muy asustado, ya que no sabía si alguien me seguía para matarme o hacerme algo, pues ese carro no está rotulado, por lo que al estar ahí dimos aviso a la autoridad, pero nos dijeron que son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”, escribió en su queja.
A partir de ese día, aseguró, el acoso se volvió más evidente, ahora con un automóvil azul marino que “me sigue a donde quiera que voy, y se quedan estacionados a las afueras de mi casa todo el día y toda la noche”.
Duarte denunció que el 03 de septiembre de 2024 fue seguido de manera agresiva hasta una cita médica y, al regresar a su domicilio, observó nuevamente al Jetta gris intentando entrar al fraccionamiento.
“Ya el acoso se me hace excesivo por parte de la secretaría, ya que ellos ya no están encargados de vigilarme sino el área de Servicios Previos al Juicio del Tribunal, aparte que para eso me tienen puesto el brazalete electrónico, y todo esto ya es un ejercicio indebido del servicio público y están desviando recursos para realizar una labor de vigilancia que ya no les corresponde”, señaló.
La SSPE negó los señalamientos mediante un oficio recibido por la CEDH el 3 de octubre de 2024, firmado por su director de Derechos Humanos, Ulises Enrique Pacheco Rodríguez, actual dirigente local del PAN en Ciudad Juárez. En el documento, la dependencia aseguró no tener registro del vehículo descrito y negó el uso de drones o presencia de unidades asignadas a la vigilancia de Duarte, aunque reconoció contar con una base de monitoreo —denominadas “escorpiones”— en el fraccionamiento donde vive.
La FGE también negó cualquier tipo de seguimiento al exgobernador. En un oficio fechado el 11 de octubre y firmado por el coordinador de la Unidad de Atención y Respuesta a Organismos de Derechos Humanos, Jesús Manuel Fernández Domínguez, la FGE aseguró que “de ninguna manera se ha vigilado” a Duarte, aunque reconoció que el vehículo Jetta gris pertenece a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
El 14 de octubre de 2024, Duarte informó que personal de la CEDH acudió a su domicilio para recabar testimonios y verificar los hechos. La visitadora a cargo observó el mismo auto Jetta gris que supuestamente lo sigue, el cual la Fiscalía reconoció como propiedad de la AEI.
En su escrito refiere que, desde ese día, cambiaron de vehículo a un Jetta color azul ”para continuar desde ese día siguiéndome a donde sea que voy, asediándome y vigilándome”.
El 25 de octubre, la Fiscalía argumentó que no podía atribuirse a la corporación el vuelo de drones, pues no existen registros al respecto y “es un hecho generalmente conocido que, las aeronaves de este tipo se encuentran en el mercado al público en general y pueden ser adquiridas y/o sobrevoladas por cualquier persona”. Además, se negó a entregar información sobre los agentes asignados al vehículo de la AEI, alegando confidencialidad y protección de datos personales.
Con base en las comunicaciones oficiales y las entrevistas realizadas a vecinos, la CEDH determinó que sí se vulneraron los derechos humanos de Duarte Jáquez, particularmente a la legalidad, seguridad jurídica y privacidad, ya que “ni la Fiscalía General del Estado, ni la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, cuentan con competencia para la supervisión de las medidas cautelares que le fueron decretadas al quejoso, ni en consecuencia desplegar actividades de vigilancia que afecten su esfera jurídica”.
El organismo también constató que la fecha de instalación del “escorpión” de vigilancia coincidió con la llegada del exgobernador al fraccionamiento.
“La Secretaría de Seguridad Pública Estatal debía al menos señalar el motivo o la justificación de instalar esa unidad de monitoreo dentro de un fraccionamiento, cuando en la ciudad existen sectores que requieren atención prioritaria en la prevención de delitos y faltas administrativas”, concluyó el documento.
La Comisión determinó que servidores públicos de la FGE y la SSPE incurrieron en violaciones a los derechos humanos de Duarte al realizar funciones que corresponden al Instituto de Servicios Previos al Juicio, por lo que recomendó iniciar un procedimiento administrativo para determinar responsabilidades. Además, estableció que el exmandatario tiene derecho a una reparación integral del daño, que incluya medidas de rehabilitación, satisfacción y no repetición.
César Duarte en libertad, de paseo, y su juicio oral a la espera
Las recomendaciones emitidas fueron las siguientes:
Primera. Se dé vista ante el Órgano Interno de Control o la autoridad competente de las dependencias estatales mencionadas, con motivo de los hechos antes acreditados, tomando en consideración las evidencias y razonamientos esgrimidos en la presente resolución.
Segunda. En un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la recepción de la presente resolución, en los términos de lo establecido en la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, se inscriba a “A” en el Registro Estatal de Víctimas, y remita las constancias que así lo acrediten.
Tercera. Se provea lo necesario para que se repare integralmente el daño a “A” conforme a lo establecido en el apartado V de esta determinación.
Cuarta. Se tomen las medidas administrativas tendentes a garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos, de naturaleza similar a las acontecidas en los hechos bajo análisis, en los términos del punto 70.7 de la presente resolución.
La resolución fue firmada por el presidente interino de la CEDH, Alejandro Carrasco Talavera. Las dependencias señaladas contaban con 15 días hábiles para responder si aceptan o no las recomendaciones, plazo que venció este lunes.
