Denuncian que FGR ha criminalizado a las organizaciones que representan legalmente a víctimas, a quienes no se les ha brindado información sobre las investigaciones.
Por Redacción / YoCiudadano
México.– Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) obstruye el derecho acceso a la justicia a víctimas del incendio en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, debido a que no ha permitido que reciban asesoría jurídica ni elijan libremente a sus representantes legales.
Las organizaciones Fundación para la Justicia (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI), Asylum Access México (AAMX), Uno de Siete Migrando y Dignidad y Justicia en el Camino A.C. FM4 Paso Libre, han denunciado en repetidas ocasiones que la FGR se ha negado a colaborar con ellas y no les ha brindado información de las investigaciones.
Señalan además que la FGR ha negado la representación legal de las víctimas desde el 13 de abril, cuando dos víctimas —un sobreviviente y la hija de una de las 40 víctimas fallecidas en el incendio– firmaron las designaciones de la defensa a cargo de las organizaciones y fueron enviadas a la autoridad.
Las organizaciones denunciaron incluso se les ha criminalizado.
“El 17 de abril, la agente del Ministerio Público de la FGR negó las designaciones de las organizaciones representadas, efectuadas por las víctimas, señalando que no existe certeza de que se trate de la firma de las víctimas ni de que sus identificaciones sean auténticas. Poniendo en duda la autenticidad de los documentos, lo que criminaliza a las víctimas y también la labor de defensa de los derechos humanos”.
Señalaron que la acción pone en duda la capacidad de las víctimas para tomar decisiones en el marco del procedimiento penal y recordó que las organizaciones han enviado anteriormente estos documentos de designación de representación legal vía correo electrónico, como lo permite el Código Nacional de Procedimientos Penales
“En estos casos previos, la FGR únicamente ha requerido la ratificación de las víctimas vía videoconferencia o ni siquiera esto”, señalaron.
Por otra parte, las organizaciones denunciaron que se les ha impedido entregar de manera física los nombramientos de representación legal de las víctimas al personal de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la FGR en Ciudad Juárez; la agente del Ministerio Público a cargo de la investigación tampoco les ha recibido los documentos.
Señalan que los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no han mantenido comunicación con las víctimas.
CNDH en silencio
Las organizaciones denunciaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no ha dado respuesta a la queja presentada ni a la solicitud de medidas cautelares ante los obstáculos puestos por FGR para que las organizaciones no puedan intervenir en la investigación.
“A pesar de que la denuncia fue presentada ante la FGR desde el 29 de marzo y la queja ante CNDH, el 31 del mismo mes, las organizaciones no hemos podido participar en la investigación.”
Recordaron que, en casos en los que están implicados agentes del Estado y donde las fiscalías carecen de autonomía, es fundamental la labor de los órganos de control para vigilar que el respeten a los derechos humanos, algo que no se ha visto durante la investigación, de acuerdo con las organizaciones.
“Negar el acompañamiento legal de las víctimas vulnera sus derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño, así como les niega su calidad como sujetos procesales titulares de derechos con la capacidad de tomar decisiones, a la par de criminalizar a las organizaciones defensoras de derechos humanos al sugerir que los documentos entregados pueden ser falsos”.
