febrero 27, 2024

Enfrentar al sistema de justicia mexicano siendo mujer y extranjera

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Jéssica Paola Vallejo Jaramillo tiene la apariencia frágil que tienen algunos adolescentes. Tiene 24 años, mide menos de 1.60 metros y pesa, seguro, menos de 50 kilos. Tiene unas manos pequeñas y delgadas que junta entrelazando sus dedos sobre sus piernas. Contrae su cuerpo cuando habla como si se esforzara por ocupar el menor espacio posible. La camisa a cuadros en tonos naranja le luce grande, como los tenis rosas, como su cuerpo mismo intentando hacerse todavía más pequeño de vez en cuando sobre la silla, como sus manos entrelazadas. Jéssica está en Juárez, uno de los municipios más violentos del país más feminicida de América. Nació en Colombia, no tiene trabajo ni estudia, es acusada por un mexicano con permiso de residencia en Estados Unidos de violencia familiar. Joel Isaac Quezada Valenzuela tiene 42 años, mide más de 1.80 y pesa alrededor de 100 kilos. Es conductor de camiones de transporte de mercancía en Estados Unidos. Trajo a Jéssica de Colombia, donde se quedó toda su familia, cuando ella tenía 21 y él 39 años, con la idea más romantizada del amor y la promesa de una vida mejor. La hermana de Joel es agente del Ministerio Público. Alejandra Sarahí Quezada Valenzuela está adscrita a la Unidad de Atención temprana de Violencia Familiar, donde acusan a Jéssica de golpear a Joel. Jéssica está en un refugio, un lugar en el que no tiene acceso a internet, ni a un teléfono celular. No sabe dónde está y es preferible. Está aislada para protegerla. La asociación que la defiende considera que su vida corre peligro. Ella tiene dos hijos que le quitaron por más de un mes. No supo dónde estaban y rezó por ellos cada noche. Cada noche le pidió a Dios que estuvieran bien, que comieran bien, que estuvieran limpios y que estuvieran felices. Se lo pidió a Dios porque no tenía a quién más. Jéssica es mujer, está sola en una ciudad que no conoce, le quitaron a sus hijos y la metieron a la cárcel. Pasó una semana en el Centro de Readaptación Social para mujeres acusada de golpear y herir a Joel. Su familia es de escasos recursos y están separados por unos 5 mil kilómetros de distancia y seis países. No tiene dinero, ni trabajo, ni manera de enfrentar a un sistema de justicia que encontró terriblemente injusto, cuenta. Y quizá seguiría sola si una mujer no hubiera sentido compasión por ella. Si alguna de las personas que ella vio y que conocía y que sabía que eran amigos de Alejandra Sarahí, su cuñada, y que la conducían al Cereso, no le hubiera dado de manera discreta para que no la vieran, la tarjeta con el número de una asociación civil que defiende mujeres en situación de vulnerabilidad. Jéssica decidió, en la primera audiencia de vinculación a proceso, pasar a declarar de manera libre. Estaba ahí en un pequeño estrado. A su izquierda, en la pared, estaba el escudo del estado de Chihuahua, junto al escudo una bandera de México; enfrente un juez y frente al juez el escudo del Poder Judicial, todos casi ajenos para ella. Y, sin embargo, su libertad, su presunción de inocencia, sus hijos y su futuro más próximo dependía del significado o de la capacidad para dar significado a esos símbolos. Entonces dijo, entre algunas otras pocas palabras cortadas por la respiración alterada que deja el inicio del llanto:

“Yo sólo pido que se haga justicia, porque yo no hice nada de lo que se me está acusando”.

El hecho por el que se le acusa, planteado por el Ministerio Público es el siguiente: Que el viernes 28 de junio de este año entre las 16:59 y las 17:30 Jéssica en el domicilio del Fraccionamiento Areco ejerció actos de poder para agredir física y psicológicamente a Joel. Que le dijo malparido y le golpeó el estómago una y otra vez. Que quebró el vidrio de la puerta mientras ofendía a la supuesta víctima. Que tomó un pedazo del vidrió de entre 10 y 15 centímetros de largo y le hirió los dos brazos. Que brincó a través de los vidrios rotos, cayó sobre más vidrios rotos, amenazó con matar a Joel, a sus hijos y después suicidarse. Que ella misma cortó también sus propios brazos mientras Joel intentaba detenerla. Eso dice la denuncia del Ministerio Público por violencia familiar interpuesta por el agente municipal Roberto Salcido Tejeda, por Sarahí Alejandra Quezada —agente del Ministerio Público y hermana de Joel— y por la policía municipal Karen Muñoz Montes de Oca. Eso dice también el informe de lesiones que le realizó la médico legista María Elena Robles Delgado el 30 de junio: que presentaba cuatro heridas en el brazo derecho, tres en el izquierdo y dos hematomas en el abdomen. Sin embargo, Joel no se presentó a ninguna institución de salud, mientras que Jéssica fue trasladada a un hospital para que le pusieran varias puntadas en ambos brazos. El informe psicológico que le realizaron a Joel el 2 de julio el perito en Psicología Forense, Luis Betance Contreras, adscrito en la Fiscalía de la ciudad de Chihuahua y no en la de Ciudad Juárez donde se lleva el caso, dice que presenta: estrés traumático, horror grave y zozobra, además de llanto. Por lo que sugiere atención psicoterapéutica por 25 sesiones, con un costo total de alrededor de 12 mil 500 pesos que debería pagar Jéssica. Después Joel Quezada pidió una ampliación de la denuncia el 11 de julio en la que acusó a Jéssica de odiar a México y a Ciudad Juárez y que él sólo le pedía respeto por su país y por su ciudad pero que ella lo insultaba en todo momento y le decía que México era una mierda y que él era una mierda. También dijo en la ampliación que la familia de Jéssica está relacionada con el narcotráfico tanto en Colombia como en México y que temía por su vida y por la de sus hijos. La acusó de fumar mariguana, de descuidar a sus hijos, de tener tendencias homosexuales y de pasar todo el día en el celular sin atender a sus hijos. Dijo en esta ampliación de declaración, aunque la acusaba de homosexual, que la encontró con un hombre platicando afuera de su casa y que adentro sus hijos estaban sucios, enfermos y sin comer. Que entró a la casa y cerró la puerta para atender a sus hijos y que cuando Jéssica quebró el vidrió de la puerta los pedazos de vidrios le cayeron a él, a sus hijos, al piso, a los brazos de Jéssica. Después adjuntó otra impresión diagnóstica psicológica en la que declaró que sufría golpes y maltratos por parte de Jéssica, no sólo él sino también sus hijos. Que le tenían temor. Que su familia está relacionada con el narcotráfico. Que fumaba mariguana incluso embarazada. Pero que no quiere que los niños crezcan sin alguno de los dos. Que él no fuma, no toma y no se droga. Y que le causaba tristeza ver a sus hijos sucios y descuidados, además golpeados.

“Conclusión psicológica: presenta alteración grave, tristeza, ansiedad y temor intenso a perder a sus hijos y su vida. Preocupación por sus hijos. Pero mantiene esperanza de que Jéssica cambie. Depresivo, ansioso. Depresión severa. Incapacidad para disfrutar de las cosas. Su vida gira en torno a sus hijos. Calidad de vida mermada”, dice el informe que presentó el Ministerio Público.

Por eso el Ministerio Público pidió que a Jéssica se le vinculara a proceso y se le impusieran medidas cautelares para presentarse cada 15 días, prohibición de acercarse a su casa y a su víctima, ya que “puede recibir hasta 5 años de prisión”, le dijo el Ministerio Público al juez. Por lo que el juez Javier Ortiz Bernal, determinó, luego de una intervención de la abogada defensora de Jéssica, que mencionar un tiempo de condena para Jéssica en esa parte del proceso era una violación a la presunción de inocencia de ella y que no tenía los medios, ni los papeles, ni las formas para huir del país ni de la ciudad por lo que las medidas cautelares no eran necesarias, ya que se encontraba en un refugio para mujeres víctimas de violencia en el que firmó una permanencia voluntaria y del que no podía salir. La historia quizá pudo ser muy distinta si esa mujer policía no le hubiera entregado esa tarjeta a Jéssica y Jéssica no se hubiera enterado que existía la asociación civil Sin Violencia, que tomó el caso por razones bien simples, de acuerdo con la abogada Leticia Badallares:

“Quién va a ayudar a Jéssica si no tiene a nadie en la ciudad, no tiene un peso, no tiene nada, nada. Es una cuestión de sometimiento muy evidente. En cambio, vemos la diferencia de edad, que él es residente americano, que tiene una posición económica acomodada, una red familiar, de amistades y una hermana que trabaja en el Ministerio Público. Es muy claro que hay un ejercicio de poder y de qué lado se ejerce”.

Jéssica nació en Colombia, en Ríosucio, un municipio del Departamento de Caldas, conocido por sus bailes típicos. Es un pueblo pequeño con una población que ronda los 60 mil habitantes, que vive de artesanías y la explotación agraria, mayormente. Jéssica es la más grande de los seis hijos que tuvieron sus padres. Su madre soltera se dedica a la costura y a vender salchipapas, cuenta, por lo que se dedicaba a ayudar a su madre y a cuidar a sus hermanos menores. A Joel lo conoció hace casi cuatro años luego de que él le enviara una solicitud de amistad a través de la red social Facebook. “Comenzamos a hablar como amigos, después nos fuimos conociendo, parecía era un tipo solitario”, dijo.

“Ya con el tiempo él decidió ir a Colombia, conoció a mi familia, a mi mamá, nosotros somos gente humilde, pues llegó a darnos regalos, a darnos dinero, a mi hermano y a mí nos prometió una vida que nos iba a dar estudio que nunca nos iba a tratar mal y pues uno como humilde, tener la oportunidad de viajar a otro país pues, imagínese (…) cuando nos venimos para acá ya empezó a no dejarme hablar con mi familia, no me dejaba hablar con amigos, me quebraba los celulares para que no me pudiera comunicar”.

Cuenta Jéssica que en una ocasión Joel le metió un dedo en el oído y se lo presionó tan fuerte que se lo reventó. Cuenta que ahí estaba la familia de él, que ella llamó a la Policía pero que no la dejaron salir y Joel se arregló con los agentes. Otra vez, dice, la tomó del cuello, la levantó y la lanzó al piso porque no había lavado la ropa. Llamó a la policía, llegó y se fueron luego de hablar con Joel. Y así aprendió que la policía no iba a hacer algo para ayudarla. “Yo pienso que les daba dinero o no sé si hablarían con la hermana”, dice. Entonces la vida que le prometieron a Jéssica se fue alejando cada vez más. Joel se ausentaba semanas, tuvieron un primer hijo, después otro. Y la vida de Jéssica fue de la puerta de su casa hacia adentro. Sólo éramos mis hijos, mis perros y mis gallinas, repite seguido y se le dibuja una sonrisa fugaz cuando habla de sus perros y sus gallinas porque ya no los tiene y no sabe cómo pueden estar, o si comen o si toman agua. “Mi tiempo 24/7 era para mis hijos, para mis perros y para mis gallinas, yo cuándo iba a conseguir para un pasaporte, para un boleto de avión para irme a Colombia, ahora para tres, nunca lo iba a conseguir, nunca”, cuenta Jéssica para tratar de explicar que ella no tenía la intención de irse de México con sus hijos sin el consentimiento de Joel.

“Cuando el hombre denuncia a una mujer por violencia familiar todo procede con una inmediatez que te asombra, a ella le giran una orden de aprehensión, el hombre es retirado, en este caso él tiene redes de apoyo institucionales”.

Ahí es donde te preguntas tú cómo está el sistema porque cuando pasa con las mujeres ellas son detenidas de inmediato, él no tiene que probar nada, el agresor es una víctima, yo digo el agresor porque en la mayoría de los casos la mujer estaba tratando de defenderse o tenían una historia de maltrato y violencia, pero la justicia para las mujeres es muy lejana”. “Todavía sin que se nos pruebe aquí no somos presuntas culpables, aquí somos culpables. para nosotras no hay presunción de inocencia”, dice Elia Orrantia, directora de la asociación civil Sin violencia, que defendió a Jéssica. “Investigar y juzgar con perspectiva de género no es una moda, sino un tema de derechos para todas las personas, particularmente, para aquellas que por su condición de género han/hemos sido históricamente discriminadas”, de acuerdo con la activista Imelda Marrufo, de la Red Mesa de Mujeres. Así, con las condiciones adversas, Jéssica no fue vinculada a proceso y se prepara para pelear la custodia de sus hijos en un proceso largo y complicado pero en el que ahora no va sola.