Por Itzel Ramírez / La Verdad
Chihuahua.– Recursos que no se gastaron pero que tampoco regresaron a las arcas públicas, salarios no autorizados y pagos a trabajadores con licencia fueron algunas de las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en revisiones al Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) y a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ)
En conjunto, ambas instituciones tuvieron observaciones por más de 47 millones de pesos por el manejo de recursos provenientes del gobierno federal, de acuerdo con la revisión a la Cuenta Pública 2021.
De los dos entes educativos, el Cobach fue el que tuvo más recursos considerados probables daños o perjuicios a la Hacienda Pública por un total de 31 millones 334 mil 186.95 pesos que hasta la fecha se encuentran pendientes de aclaración, según la revisión hecha por la ASF.
Durante 2021, el Cobach recibió 436.1 millones de pesos, de los que debía comprometer y pagar la totalidad a más tardar el 31 de marzo de 2022; sin embargo, la ASF detectó que la institución educativa no regresó a la Tesorería de la Federación 25 millones 506 mil 588.41 pesos, más los intereses financieros que se generen a la fecha del reintegro.
La omisión, señaló la auditoría, puede presumirse un daño o perjuicio de las arcas federales.
Otro de los hallazgos de la revisión fue que el Cobach destinó cinco millones 827 mil 628.54 pesos al pago de plazas administrativas para 10 puestos de trabajo que “no se ajustaron a los tabuladores autorizados”, lo que incumple la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, además del Anexo de Ejecución que celebraron la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua y otras disposiciones vigentes.
La nómina del Cobach arrojó otra irregularidad, pues el organismo permitió pagos a cinco trabajadores que tenían licencia sin goce de sueldo, una irregularidad detectada por la ASF y que es investigada por el Órgano Interno de Control del colegio en el expediente DE-OIC-COBACH-017/2022, mostró el informe que hace unos días se hizo público.
Además, el órgano fiscalizador detectó que 111 trabajadores recibieron recursos tanto de Cobach como del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo –otro financiamiento de carácter federal– sin que la institución educativa acreditara la compatibilidad del empleo de ese personal.
El hallazgo llevó a una recomendación “para que el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua establezca mecanismos de control para verificar que el personal que desempeña un puesto, cargo, comisión o preste servicios profesionales por honorarios en dos o más dependencias en los gobiernos federales, estatales o municipales, proporcione al colegio el formato de Compatibilidad de Empleo o su equivalente, con el propósito de asegurar que los horarios laborales fijados no interfieran entre sí, no se genere un conflicto de intereses en términos de las disposiciones aplicables y para que se proporcione la debida certeza para el devengo y pago de sueldos y salarios”.
Finalmente, la ASF señaló que el Cobach falló al reportar la información del ejercicio del gasto, pues hubo diferencias entre lo publicado y el monto efectivamente pagado al 31 de diciembre de 2021.
Sobre estos señalamientos, Humberto de las Casas Muñoz, director del Cobach, aseguró que hace dos semanas, luego de que terminara la revisión de la ASF, la institución educativa reintegró a la Tesorería de la Federación 14 millones 289 mil pesos.
“Se hizo un reintegro al gobierno federal de lo que no se utilizó previamente, fue uno de los temas que me tocó analizar”, dijo De las Casas, quien fue designado director de la institución el pasado 6 de octubre.
El resto de los recursos fue comprometido para el pago de nómina educativa, por lo que según el funcionario, el Cobach ya está al corriente en la atención a las observaciones de la ASF.
De las Casas adujo los probables daños o perjuicios a la Hacienda Pública al esquema de financiamiento del Cobach, que recibe y administra recursos federales, estatales y propios.
“En específico el tema de Cobach tiene nómina complicada porque se mezclan recursos propios, estatal y federal y hay que delimitar qué plazas se pagan con qué recursos”, aseveró en entrevista.
Las investigaciones del Órgano Interno de Control para determinar posibles sanciones a funcionarios por el manejo incorrecto de recursos continúan, aseguró De las Casas.
LA UTCJ, DAÑOS POR MÁS DE 16 MDP
De los 102.5 millones de pesos que recibió la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez en 2021, 16.3 millones los destinó para pagos de sueldos base, prestaciones de material didáctico y despensa que no se ajustaron ni a las plantillas ni a los tabuladores autorizados en el Presupuesto, además de sueldos a trabajadores después de su baja definitiva y a trabajadores que tenían licencia sin goce de sueldo.
En total, precisó ASF en su informe de resultados, el probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal fue por 16 millones 338 mil 462.35 pesos.
Otra irregularidad detectada fue que la UTCJ hizo pagos a 11 trabajadores que también recibieron recursos de otras nóminas federales sin que se acreditara “la compatibilidad de empleo de dicho personal conforme a sus asignaciones.
La ASF emitió por este hallazgo una recomendación para que la UTCJ verifique que el personal que trabaja en otras dependencias públicas no tenga horarios que interfieran entre sí o que haya conflicto de intereses.
Además, se detectó que dos trabajadores de la universidad no estaban registrados en el padrón de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.
La UTCJ fue omisa en entregar a la Secretaría de Educación Pública los informes de aportaciones federales y estatales, los datos sobre la matrícula de inicio y fin de ciclo escolar.
“En conclusión, la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez no realizó un ejercicio eficiente ni transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas”, sentenció la ASF.
El vocero de la UTCJ no respondió a los cuestionamientos ni a las solicitudes de entrevista hechas por La Verdad para conocer su postura sobre los hallazgos de la auditoría.
LA UACJ REGRESA RECURSOS A FEDERACIÓN
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) regresó a la Tesorería de la Federación 998 mil pesos, debido a que no los comprometió ni los pagó a pesar de tenerlos etiquetados en su presupuesto 2021.
Por este subejercicio, la universidad inició el expediente CG-ASF-PIA/014/2022 a fin de determinar posibles responsabilidades administrativas, abundó el informe de la ASF.
En la revisión se detectaron otras irregularidades, como un incremento del 9 por ciento en el capítulo de Servicios personales, respecto de lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la universidad.
“Además, se constató que en el proyecto de presupuesto de egresos para el rubro de Servicios personales no se presentó en una sección específica y no se desglosaron las percepciones ordinarias y extraordinarias, las obligaciones de carácter fiscal ni de seguridad social; tampoco se consideraron las previsiones salariales y económicas de los incrementos y la creación de plazas”, añadió la ASF en la recomendación a propósito del hallazgo.
La UACJ, sigue el informe “no reportó con calidad y congruencia la información” relativa al ejercicio del gasto, lo que ameritó otra recomendación.
Tampoco se halló evidencia de que la UACJ informara a la SEP sobre los ajustes de plantilla, salarios, prestaciones y de otros gastos de operación, una incidencia que se integró en el número CG-ASF-PIA/015/2022 de la contraloría interna para la determinación de responsabilidades administrativas.
Al igual que con la UTCJ y el Cobach, la UACJ fue omisa al acreditar la compatibilidad de empleo de 20 trabajadores que recibieron recursos de más de una nómina pagada con recursos federales.
La ASF recomendó a la universidad “verificar que el personal que desempeña un puesto, cargo, comisión o que preste servicios profesionales por honorarios en dos o más dependencias en los gobiernos federal, estatales o municipales, proporcione a la Universidad el formato de Compatibilidad de Empleo o su equivalente, con el propósito de asegurar que los horarios laborales fijados no interfieran entre sí, que no se genere un conflicto de intereses en términos de las disposiciones aplicables y para que se proporcione la debida certeza para el devengo y pago de sueldos y salarios”.
