En la sesión de la Corte IDH, con sede en Costa Rica, la representación del gobierno de México evidenció el poco avance que hay para cumplir con la orden que la Corte emitió desde el 2018, que incluye, entre otras cosas, la búsqueda de las personas desaparecidas, la sanción de las personas responsables del delito y un acto público donde la autoridad reconozca su responsabilidad.
Por Jaime Armendáriz / Raíchali
Costa Rica.– “Mas de 15 años ha sido de un ir y venir de las familias para salir adelante, sin el apoyo de las autoridades. No estamos pidiendo nada que esta Corte no haya ordenado”. Así se dirigió este jueves 27 de marzo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), María de Jesús Alvarado, hermana de Nitza Paola Alvarado Espinoza, desaparecida con dos de sus primos, por militares, el 29 de diciembre de 2009 en el ejido de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua.
La audiencia realizada en la sede de la Corte IDH en Costa Rica, fue para revisar si el Estado Mexicano ha cumplido con la reparación integral del daño por la desaparición de tres integrantes de la familia Alvarado.
En la sesión, la representación del gobierno de México evidenció el poco avance que hay para cumplir con la orden que esa corte emitió desde el 2018, que incluye, entre otras cosas, la búsqueda de las personas desaparecidas, la sanción de las personas responsables del delito y un acto público donde la autoridad reconozca su responsabilidad.
La desaparición forzada de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado por parte del Ejército se dio en el ejido de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, al noroeste del estado de Chihuahua, en un contexto de la militarización de la seguridad durante el gobierno del panista Felipe Calderón, y desde entonces sigue en la impunidad.
Los daños se han extendido a la familia porque en la búsqueda de justicia se vio obligada a exiliarse ante el hostigamiento recibido desde la propia autoridad.
Han pasado 3 gobiernos federales con posturas políticas distintas (Felipe Calderón – PAN; Enrique Peña Nieto – PRI; y Andrés Manuel López Obrador – Morena) y ninguna ha hecho nada por esclarecer este crimen, condenó en la audiencia Gabino Gómez Escárcega, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y representante de las víctimas.
En representación de las víctimas también estuvo Alejandra Nuño, experta en derecho internacional, y quien se encargó de enfatizar que no hay avance sustancial en casi ninguna de las obligaciones del Estado Mexicano en esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Existe una simulación, una excesiva burocratización, con información a cuentagotas, que no dan medidas estructurales para atender el caso”, subrayó Nuño durante la audiencia, en la cual pidió que la Corte IDH dicte una resolución que plasme el incumplimiento de la sentencia y que le reitere sus obligaciones al Gobierno de México.
“No queremos que pasen otros 7 años para volver a revisar el cumplimiento de la sentencia. Queremos que se ordene el establecimiento de un órgano con funcionarios que tengan capacidad de tomar decisiones, que se reúnan con las familias y sus representantes cada 2 o 3 meses”, urgió la abogada.
Después de esta audiencia, la Corte IDH emitirá una resolución sobre la supervisión del cumplimiento de la sentencia. Alejandra Nuño explicó que no se trata sólo de decir si se cumple o no, sino que esperaría que le otorgue más elementos al gobierno para que cumpla.
Unas medidas muy lejos de ser cumplidas
Durante la audiencia ante la Corte IDH, la representación del Gobierno presentó un cronograma de búsqueda de los familiares Alvarado, para realizarla este 2025 y durante 2026 y así dar cumplimiento a una de las 9 medidas que debe cumplir.
Las medidas son:
- La búsqueda de las víctimas
- La sanción a los responsables
- Tratamiento psicológico para las familias
- Un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado
- La inclusión de las familias en programas de apoyo para sus proyectos de vida
- Garantías de retorno o reubicación para las familias desplazadas
- Medidas para garantizar la seguridad e integridad de las familias
- El fortalecimiento del registro de personas desaparecidas
- Capacitación en derechos humanos para las Fuerzas Armadas y la policía
Del primer punto, Nancy Desiderio Noyola, coordinadora para la atención de casos en organismos internacionales de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que entre abril y mayo del 2025 se realizará una búsqueda en Nuevo Casas Grandes, entre mayo del 2025 a marzo del 2026 las acciones de campo serán en Buenaventura, después, de abril a mayo del 2026 lo harán en Nuevo Casas Grandes y Janos. Para junio y julio del 2026 se retomará Janos y Ascensión.
Otra de las peticiones de las víctimas era hacer búsqueda en archivos e instalaciones militares, pero de la representación gubernamental sólo hicieron el compromiso de dar un informe en 3 meses para ver si la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptaba.
De la sanción a los responsables por la desaparición de Nitza, José Angel y Rocío Irene, el gobierno no dio mayores detalles.
Sobre el tratamiento psicológico, la representación del Estado Mexicano aseguró que se mantienen abiertas las terapias, sin embargo, del lado de las víctimas, refutaron que si bien ha habido sesiones de terapia, éstas no cumplen con una temporalidad que ayude a las familias en su salud mental.
“Las terapias se han enfocado en un duelo, como si ya estuvieran muertas las personas, pero no es así. Nosotros seguimos con la esperanza de encontrarlos, queremos saber dónde están”, María de Jesús Alvarado.
Ella se quedó encargada de las tres hijas de Nitza. “Los psicólogos nos han dicho que hay reacciones y sentimientos que no sanan. La hija menor de Nitza tenía 12 años cuando fue desaparecida su mamá y hoy en día todavía tiene ataques de llanto. No aceptan hablar de su mamá como si ya no estuviera”, dijo.
En su testimonio también precisó que sus sobrinas compraban regalos para el cumple de su mamá con la esperanza de algún día encontrarla. “Hoy ya no lo hacen pero, como nos dijo la psicóloga, ellas siguen teniendo a su mamá como un superhéroe”, agregó.
Acerca del punto 4 de los resolutivos no cumplidos, que obligan a la autoridad a hacer un acto público y reconocer su responsabilidad en el caso, la representación de gobierno adelantó que podrían reunirse con las víctimas en el mes de abril y planear el acto hacia noviembre.
En cuanto al retorno seguro de familiares de las personas desaparecidas, ya que la mayoría se desplazó de Buenaventura, la autoridad tampoco brindó un plan claro, salvo la rehabilitación de viviendas de infonavit para entregarlas, sin un plazo específico. De la representación de las víctimas condenaron esa postura, ya que las viviendas que buscan entregarles están destruídas y no existe un plan o cronograma para hacerles las mejoras necesarias para una estancia digna.
Alejandra Nuño informó que durante 4 años consecutivos han hecho llegar documentos a la Secretaría de Gobernación para obtener medidas de protección para la familia Alvarado y lograr retornos seguros, pero no ha habido respuesta. Asimismo hay personas afectadas por ese caso que llevan varios años viviendo en refugios temporales.
“Imagínense, hay 3 familias que llevan 7 años en un refugio temporal. ¿Eso es temporal? Ellos necesitan solución”, apuntó María de Jesús Alvarado en la audiencia.
Dio a conocer que su familia en específico estaba bajo petición de asilo en Estados Unidos, pero les fue negado en septiembre del año pasado. “Solicitamos ayuda a Segob para regresar a México y no hemos recibido apoyo de nada. Y aquí (en la audiencia) ni siquiera lo mencionaron”, reclamó María de Jesús Alvarado.
En tanto que de la capacitación a elementos del Ejército, Jennifer Feller, directora general para derechos humanos y democracia de la Embajada de México en Costa Rica, informó que ha habido diplomados, cursos y talleres con alcance a más de 218 mil militares y aseguró que con ello se han reducido las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el actuar de los elementos armados.
De 34 víctimas indirectas, han fallecido 8 sin obtener justicia
El caso Alvarado no sólo tiene como víctimas a las 3 personas desaparecidas en 2009, sino a 34 más de forma indirecta, desde madres y padres, hasta hermanas, hermanos, hijas, hijos y demás. Pero, durante los más de 15 años de esa desaparición, 8 han fallecido en el camino por esperar la justicia.El más reciente fue José Ángel Alvarado, padre del desaparecido José Ángel, y Jaime Alvarado, padre de Nitza y de María de Jesús, ésta última compareciente ante la CoIDH. Ninguno logró ver un avance en el caso.
“Las necesidades de las familias han cambiado. De 34 víctimas indirectas, ya han fallecido 9. El paso del tiempo complica más el tema. Al principio eran 21 menores como víctimas, que ya han formado 8 nuevas familias. Mi familia está nuevamente separada con mi regreso a México. Las hijas de Nitza se quedaron en Estados Unidos junto con mi madre, y ya no puedo verlas. Mi padre falleció en Estados Unidos el año pasado y no pudimos traerlo de regreso”, relató María de Jesús.
Es por eso que el dolor ante la impunidad es mayor. “¿Qué tiene que pasar para que se cumpla esta sentencia? ¿Qué esperan para resolver, que ya no queden víctimas?”, sentenció Gabino Gómez, del Cedehm.
Aquí puedes ver la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
