La empresa Grupo Altozano, que construirá alrededor de mil 500 casas en el sur-oriente de la ciudad, cuenta con desarrollos en Morelia, Colima, Tabasco, Mérida, Querétaro y La Laguna
Con señalamientos por presuntos favoritismos de Ayuntamientos, denuncias por fraude y daño al medio ambiente en varias entidades de la República, la constructora Grupo Altozano, propiedad del empresario michoacano Francisco Medina Chávez, continúa expandiendo sus proyectos, ahora en el estado de Chihuahua.
El único registro de constitución de empresa en el Sistema Integral de Gestión Registral (Siger) de la Secretaría de Economía relativo a Altozano, es el de la administración del complejo ‘El Nuevo Colima’, en el que aparecen como accionistas los empresarios Francisco José Medina Chávez, Adrián Brun González, Francisco Brun Ramos, Francisco Brun González y Jorge Arturo Casar Aldrete; este último, de acuerdo con el Instituto Federal Electoral —ahora Instituto Nacional Electoral— aportó 2 millones 85 mil pesos a la campaña del entonces candidato a la presidencia de la república, Felipe Calderón Hinojosa.
Más tarde Grupo Altozano extendería la construcción de complejos habitacionales y comerciales dirigidos a personas de clase media-alta en por lo menos seis estados de la república, y continúa extendiéndose.
De acuerdo con una revisión hemerográfica de los movimientos de la empresa Grupo Altozano en México, uno de sus primeros proyectos de complejos habitacionales es El Nuevo Colima.
En 2011, de acuerdo con los reportes locales, partidos políticos y diputados señalaron que el proyecto inmobiliario de Altozano fue beneficiado con la construcción de una carretera de seis kilómetros denominada “camino a Altozano” con una inversión de más de 280 mil pesos. La obra, además de ser una de las más criticadas de esa administración, se dañó a los tres meses de inaugurada debido a las lluvias.
En 2013, geólogos, académicos y Protección Civil de Morelia, Michoacán, así como el Congreso del mismo estado, criticaron la construcción de una carretera de “élite” (Libramiento Sur), calificándola como un “ecocidio” por los daños que ocasionaría a la naturaleza y por poner en riesgo el suministro de agua en Morelia.
Esta obra conectaría el centro de la ciudad con la parte alta de la loma Santa María en donde se encuentran complejos habitacionales y comerciales, entre ellos, ‘La Nueva Morelia’ de Altozano.
La obra contempló la construcción de un túnel que pondría en riesgo a 14 mil personas debido a la existencia de fallas geológicas en donde se han dado numerosos sismos, de acuerdo con una investigación de Animal Político.
El túnel además pasaría por el parque Francisco Zarco un área natural protegida. Al respecto, el ex-presidente Felipe Calderón Hinojosa comentó “yo no sé quién está empeñado en que Morelia no tenga este libramiento; han alegado cosas ambientales, cosas geológicas, estéticas y sociológicas (…) yo sí quiero que haya libramiento, no sólo como presidente de la república, sino como moreliano”.
La construcción fue suspendida por un tiempo, pero se reactivó en 2014 y hasta el momento lleva un avance aproximado de 116 metros en la excavación del túnel. Recientemente, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México han advertido que la construcción del Libramiento Sur podría provocar la extinción de especies nativas de la zona, de acuerdo con el diario Provincia.
En ese mismo municipio, en 2014, la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente de Michoacán dio a conocer que la planta tratadora de agua del complejo de Altozano estaba operando en la ilegalidad, pues no contaba con los permisos de operación requeridos por la misma.
De acuerdo con los reportes, la planta tratadora de Altozano había estado operando sin permiso desde 2009, contribuyendo a la contaminación de los embalses naturales de agua de Morelia.
En abril de 2016, compradores de residencias en ‘El Nuevo Tabasco’ presentaron quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por fugas, filtraciones y grietas en las construcciones del complejo habitacional.
En noviembre de 2016, el Congreso de Colima solicitó por punto de acuerdo que se investigara un presunto fraude de al menos 93 millones de pesos entre la empresa Altozano y la ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Colima.
Se señaló que la ex alcaldesa, Indira Vizcaíno Silva, cambió siete hectáreas de áreas verdes de ese municipio valuadas en 200 millones de pesos por un terreno de menos 15 millones de pesos, en favor de Grupo Altozano. En dicho predio de áreas verdes se construyó un campo de golf.
Como parte de los nuevos proyectos de Altozano, está el que será construido en Gómez Palacio, Durango, que se ha estado gestionando desde mayo de 2016.
Para iniciar sus operaciones, la Junta Directiva del Sistema de Agua Potable de ese municipio solicitó al Congreso de Durango la aprobación para otorgar la concesión de tratamiento de aguas residuales por hasta 15 años a la empresa Altozano. Además, el Gobierno de Durango aportaría 20 millones de pesos para la construcción de un puente vehicular en beneficio de la compañía, pues conectaría el desarrollo inmobiliario con la ciudad de Torreón.
Recientemente, el cabildo de Chihuahua aprobó el proyecto “El Nuevo Chihuahua” en febrero de 2017, el cual ocupará una extensión de 1 millón 662 metros cuadrados.
Complejo contará con alrededor de mil 500 casas; hay concentración de sulfuro de hidrógeno
El pasado 30 de marzo, durante sesión extraordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Juárez aprobó el cambio de uso de suelo de un predio ubicado en los bulevares Independencia y Juan Pablo II, en la zona conocida como Distrito Bravos, de Reserva de Equipamiento (ER), Servicios Generales (SG) e Industria en Parque (IPE) a Habitacional (H-40) para el desarrollo de aproximadamente mil 500 viviendas.
Regidores de los partidos Panal y PRI cuestionaron la premura con que la que fue presentado el proyecto de acuerdo, toda vez que fue el único tema a tratar durante la sesión extraordinaria, y señalaron las posibles consecuencias de aprobar un conjunto residencial en una zona proclive a inundaciones en las inmediaciones de un canal de aguas negras y una planta tratadora.
El regidor José Alfredo González Quintana, del Panal, mencionó que la zona en la que se pretende desarrollar, ubicada fuera del perímetro de contención determinado por el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, podría inundarse en temporada de lluvias, y remembró el caso de Riberas del Bravo, que en su momento fue presentado también como un “mega-proyecto” residencial y posteriormente fue abandonado.
Por su parte, la regidora Seidy Medina Galván, del PRI, presentó un informe publicado en 2005 por el Departamento de Salud de Estados Unidos, relativo a quejas por parte de los residentes del “Valle Bajo” de El Paso, Texas, por el mal olor emitido por la planta tratadora de aguas de Ciudad Juárez.
El informe indica que la exposición prolongada a las altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno presentes en el sector podrían ocasionar diversas afectaciones a la salud como tos, irritación en los ojos, pérdida de apetito y dolor de cabeza, principalmente a niños y personas de la tercera edad.
No obstante, los regidores también manifestaron su aprobación a que se realicen inversiones de este tipo en Ciudad Juárez, para “no detener el desarrollo de la ciudad”.
Finalmente, el proyecto fue aprobado con 17 votos a favor (planilla Independiente, PVEM, PT, PAN y Presidente Municipal) y cuatro en contra (PRI, Panal, Morena).
El análisis de impacto urbano presentado por Grupo Altozano para la construcción del “Nuevo Juárez” resalta que la empresa ha realizado complejos similares en otras partes de la república, por lo que “cuenta con la experiencia para llevar a cabo un proyecto tan importante para la localidad”.
