La legislación fue catalogada como #LeyChayote por organizaciones sociales, ya que avala la discrecionalidad en la asignación de contratos de publicidad oficial
Ciudad de México.— Ayer, diputados del PRI, PVEM y Panal aprobaron, en lo general, la Ley de Publicidad Oficial cuestionada por organizaciones civiles, medios de comunicación, académicos y periodistas por institucionalizar prácticas que limitan la libertad de expresión y permiten la promoción de políticos con recursos públicos.
La llamada #LeyChayote, en referencia a como se conoce popularmente a los sobornos a comunicadores, fue aprobada con 205 votos a favor y 168 en contra.
La Ley fue cuestionada por el colectivo Medios Libres, conformado por más de 80 organizaciones civiles, académicas, medios de comunicación y periodistas —entre ellas Plan Estratégico de Juárez y YoCiudadano—, al ignorar el decálogo propuesto sobre los requerimientos mínimos que debería contener una legislación de este tipo.
Previo a la aprobación del dictamen de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Medios Libres hizo público un posicionamiento en el que enlistó cinco “puntos críticos” del predicasen con los que demuestra que la Comisión estaría avala “una simulación”.
De acuerdo con el colectivo el dictamen incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial, sigue permitiendo la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos, centraliza más el control del gasto en publicidad oficial, no fomenta el pluralismo ni la diversidad de medios y, finalmente, no propone transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación vistas y rating de los distintos medios de comunicación del país.
La emisión de la Ley fue ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la organización Article 19 obtuviera un amparo el año pasado, por la omisión del Congreso de la Unión de expedir la reglamentación correspondiente al párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, y por la “parálisis” de cualquier acto tendente a expedir dicha ley.
De acuerdo con la director de Article 19 en México y Centroamérica, la discrecionalidad en la asignación de los contratos de publicidad oficial funge como un “mecanismo de control indirecto“ de los medios de comunicación, que premia a aquellos que son afables con el gobierno y castiga a quienes son críticos.
