octubre 8, 2024

Derecho a la cultura: Congreso estatal aprueba reforma para garantizarlo

Chihuahua, Chihuahua.—  El Congreso del Estado aprobó ayer una reforma para incluir el derecho a la cultura y la protección del patrimonio material e inmaterial a la Constitución Política del Estado de Chihuahua. El dictamen, aprobado por unanimidad con el voto de 25 diputadas y diputados, busca garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en cualquier actividad de esta índole. La reforma agregó un párrafo al Artículo 4º, que detalla los derechos humanos de los que toda persona puede gozar en el estado y el país. El texto que se agregó es el siguiente:

‘Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. Las leyes respectivas, establecerán los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural, y promoverá la protección del patrimonio cultural material e inmaterial’.

La propuesta presentada por la presidenta de la Comisión de Turismo y Cultura, Rosa Isela Martínez Díaz, indica que la intención de la reforma armonizar la constitución estatal con la Constitución Federal para garantizar el efectivo acceso a los derechos culturales en favor de las y los chihuahuenses. “Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar su disfrute, en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación”, sostiene el dictamen. Asimismo, asegura que, a pesar de que en 2018 se publicó la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado, no se encuentran garantizados los derechos culturales de las y los Chihuahuenses en la Constitución Local. El dictamen aprobado por el Congreso del Estado obliga al Gobierno del Estado a hacer las previsiones, reasignaciones o transferencias necesarias con la finalidad de garantizar el derecho, siguiendo los principios de equilibrio presupuestal, transparencia y rendición de cuentas aplicables.