Ante el juez, Carlos Arichuga S.M., y David Josué V., decidieron guardar silencio sobre la acusación en su contra por el asesinato del agente del INM en Ciudad Juárez, y renunciaron a su derecho de recibir asistencia consular de sus países; FGR asumió investigación debido a que la víctima era un funcionario federal
Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez
Las dos personas migrantes señaladas como presuntas responsables del asesinato del oficial del Instituto Nacional de Migración (INM), Luis Alberto Olivas García, fueron puestas a disposición de un juez federal acusados del delito de homicidio calificado, y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso penal.
En su primera audiencia judicial celebrada este jueves 2 de enero, los extranjeros Carlos Arichuga S.M., y David Josué V., decidieron guardar silencio sobre el hecho y renunciaron a su derecho de recibir asistencia consular de sus países, por lo que le pidieron al juez federal, José Avelino Orozco Córdova, no dar aviso a Venezuela ni a Colombia del arresto.
A preguntas del juzgador, Carlos Arichuga dijo contar con doble nacionalidad: venezolano y colombiano; y David Josué expresó que es venezolano.
La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso debido a que la víctima, Luis Alberto Olivas García, era un funcionario federal.
Al judicializar el asunto, la primera petición del Ministerio Público (MP) de la Federación fue que se declarara de legal el arresto para lo que dio a conocer cómo fueron detenidos.
El arresto de los dos extranjeros, indicó la fiscal, se realizó el pasado 30 de diciembre por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la Guardia Nacional y un oficial del propio INM.
También este jueves iniciaron los servicios funerarios del agente Olivas García, donde sus compañeros le rindieron un homenaje de cuerpo presente, al que acudió el comisionado del INM, Francisco Garduño Yánez, quien al ser abordado por periodistas se limitó a decir que no tenía ninguna declaración que hacer.
Crimen ocurrió tras hora y media de persecución
En el reporte de la SSPE se documentó que el personal del INM informó que el lunes 30 diciembre alrededor de las 11:30 de la mañana el oficial asesinado y dos de sus compañeros Ismael l.U., y Carlos David H.B., se encontraban en el punto de revisión militar carretero denominado Precos, ubicado en la carretera Juárez-Miguel Ahumada en una zona desértica a más de 50 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, cuando vieron que el tren se detuvo.
De los vagones del ferrocarril descendió un grupo de migrantes y de acuerdo con los datos oficiales, al ver a los agentes del INM los dos migrantes ahora arrestados huyeron hacía los cerros cercanos al puesto de revisión militar.
Los hombres empezaron a subir los cerros y tres oficiales de Migración fueron a perseguirlos. La persecución se prolongó durante una hora y media, dijo la fiscal Jenny Luévano Padilla, al narrar los hechos al juez federal.
“Carlos David e Ismael comenzaron a ver que agredían a la víctima, era la más próxima… le aventaban piedras a Luis Alberto, se le abalanzaron logrando derribarlo”, señaló la fiscal.
En otra parte de su exposición, la representante social dijo que la víctima rodó seis metros cerro abajo y cuando ya estaba tirado, David Josué tomó una piedra y se la arrojó a la cabeza.
El oficial de Migración, Olivas García sufrió una hemorragia cerebral consecutiva a un traumatismo craneoencefálico debido a los golpes contusos que recibió en el cráneo, se estableció mediante la necropsia de ley elaborada por el médico legista Jesús Arellanes Olague.
Además, el oficial presentó múltiples lesiones. Hematomas en: la región escapular derecha, en interescapular, en dorsal, lumbar y en el tercio proximal del muslo derecho; heridas corto contundentes en el parietal derecho, en el orbital derecho, en el pómulo y en el ojo derecho; y escoriaciones en los dedos de la mano derecha y en la pierna derecha.
La fiscal dijo que la víctima mortal era quien iba más próxima a los migrantes en la parte más baja del cerro. También aseguró que los otros dos oficiales del INM si alcanzaron a ver la agresión, Carlos David caminaba por la parte media del cerro y tras la agresión se dirigió a prestar ayuda al oficial agredido; e Ismael, iba por la parte más alta del cerro, y continuó el seguimiento a los extranjeros y pidió ayuda.
El cuerpo del oficial asesinado, quien tenía 46 años, fue encontrado en las coordenadas 31°18’22”N, y -106°30’35”W, latitud y longitud, respectivamente.
Cerca de la víctima, una perito estatal encontró manchas hemáticas, una roca con sangre, también una licencia de conducir emitida por la República de Perú, un carnet de permiso temporal y una cédula de identidad emitida por el gobierno de Venezuela, todos a nombre de David Josué, así como un pasaporte emitido en Colombia a nombre de Carlos.
A las 2:05 de la tarde, después de que se recibió la llamada al número de emergencia 911, los agentes de la SSPE acudieron al sitio y quince minutos más tarde comenzaron a subir las faldas del cerro, primero establecieron comunicación con el oficial migratorio Ismael, quien le dijo que los sospechosos se encontraban en el lugar.
Los policías estatales pidieron apoyo a sus compañeros, a los responsables del uso de drones. Con un dron, los elementos de la SSPM, un agente de la Guardia Nacional y el oficial de Migración Ismael, ubicaron a Carlos Arichuga y a David.
A las 4:04 de la tarde se concretó la detención de ambos migrantes en las coordenadas 31314210 y -106.512137, a unos 800 metros de donde fue encontrado el cadáver de la víctima.
Entre el espacio donde estaba el cuerpo y donde se detuvo a los presuntos responsables, se encontraron manchas de sangre producidas por goteo, escurrimiento, proyección y embarradura.
Los policías y el oficial de Migración tardaron tres horas en descender con los sospechosos luego los elementos trasladaron a los extranjeros a un puesto de la Cruz Roja para el certificado médico y después iniciaron con la papelería y la documentación en el Registro Nacional de Detención, por lo que hasta las 11 de la noche se hizo la puesta a disposición del MP de la Federación, explicó la fiscal.
El defensor público federal que representó a los extranjeros, Edgar Ricardo Sánchez Magaña, dijo al tribunal que no tenía ningún argumento y los acusados se reservaron su derecho a rendir declaración.
Lo mismo expresó la abogada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), Guadalupe Arias Barraza, quien iba en representación de la víctima mortal y de las víctimas indirectas.
Tras escuchar los datos del arresto, el juez Orozco Córdova declaró legal la detención, que se hizo dentro del término de la flagrancia, y la retención.
“Advierto un hecho con apariencia de delito, hay flagrancia, amerita la detención… no veo dilación en la puesta a disposición. Con esto me formé convicción de un delito, la retención estuvo bien por parte del MP”, indicó el juez quien acotó a la fiscal durante la exposición de los datos e incluso declinó escuchar de forma completa las declaraciones de los testigos presenciales y el informe del agente ministerial de la Federación encargado de la investigación.
El juez regañó a la fiscal en varias veces, le ordenó que no leyera todo y que fuera muy precisa.
En la etapa de formulación de cargos, la fiscal federal clasificó los hechos como el delito de homicidio calificado, como se prevé en los Artículos 302, 315 y 316 fracción III del Código Penal Federal.
El primer Artículo describe el homicidio, como la privación de la vida a otra persona; el segundo indica que el delito es calificado y el 316 precisa que en este caso la calificativa es por la utilización de piedras para debilitar al oficial de Migración.
“La ventaja: se valieron de un medio que debilitó, fue derribado. Utilizaron piedras con las que le ocasionaron una lesión que causó la muerte”, señaló la agente del MP.
La representante social consideró a ambos migrantes como autores del delito.
Después de la formulación de cargos y la exposición de los datos de prueba, el juez le preguntó a los migrantes si deseaban rendir declaración o hacer efectivo su derecho a guardar silencio.
“Señoría deseamos el derecho”, respondieron ambos extranjeros tras ser aconsejados por su abogado con quien se entrevistaron antes del inicio de la diligencia, la cual recibió el número 1/25 del índice del tribunal federal.
Los migrantes también pidieron las 144 horas que permite la ley para la siguiente audiencia, en la que el juez determinará si los vincula o no a proceso. Esa diligencia quedó programada para el próximo 6 de enero a las 10 de la mañana.
Un oficial con 25 años de servicio
El oficial Luis Alberto Olivas García, nació en Ciudad Juárez e ingresó al Instituto Nacional de Migración (INM) 16 de noviembre de 1999, con cargo de oficial de Migración, informó esa dependencia en un comunicado de prensa.
En el año 2001 recibió un reconocimiento por el trato que brindó en la expedición de las formas migratorias y posteriormente fue promovido como agente Federal de Migración B; en el 2009 llegó agente Federal de Migración “C”.
Laboró en diversos filtros de internación terrestre del norte de Chihuahua; encabezó innumerables comisiones a lo largo del país; y recibió capacitación por parte del INM y diversas autoridades como aduanas, Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y embajadas.
En el 2024 recibió un reconocimiento y una medalla por 25 años de servicio en la administración pública federal.
“Luis Alberto era reconocido por su disciplina, dedicación, honestidad, responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo y desempeño de sus labores, por lo que a inicios de 2024 recibió la encomienda como responsable de turno en el punto de Rescate Humanitario denominado Precos en Samalayuca, Chihuahua, demostrando un gran liderazgo”, dio a conocer el INM.
