Servidores públicos y exfuncionarios de la CEAVE presentaron una denuncia ante la Función Pública y una queja ante la CEDH en contra la comisionada Gabriela Juárez Bejarano, a quien acusaron de manipulación de cifras oficiales, uso indebido de recursos públicos y hostigamiento laboral
Redacción / La Verdad Juárez
La coordinadora regional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), Gabriela Juárez Bejarano, fue acusada por funcionarios de esta instancia por presunto acoso, abuso de autoridad y hostigamiento laboral, así como de manipular cifras institucionales y uso indebido de recursos públicos.
La situación se dio a conocer luego de que funcionarios y exempleados de la CEAVE en la zona norte – instancia de la Fiscalía de Chihuahua– presentaron una denuncia colectiva en contra de Juárez Bejarano, ante la Secretaría de la Función Pública y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Ambas se registraron este 6 de junio.
“Hemos presentado una denuncia colectiva ante una serie de conductas reiteradas (de la comisionada) que constituyen acoso institucional, abuso de autoridad y hostigamiento laboral”, expusieron en un comunicado conjunto los denunciantes, quienes pidieron resguardar su identidad por razones de seguridad.
Ante los señalamientos de los funcionarios de la CEAVE contra la titular de la dependencia, se buscó la postura de la Fiscalía de Chihuahua en la zona norte. La corporación respondió que “se hará la investigación respectiva”.
La CEAVE es una instancia dedicada a brindar atención psicológica, asesoría jurídica y de asistencia social a las víctimas y ofendidos de algún delito. En la zona norte tiene su oficina en Eje Vial y Aserraderos.
En el comunicado, los denunciantes expusieron que desde la llegada de Gabriela Juárez Bejarano a la Coordinadora Regional de la Comisión, el 6 de noviembre de 2023, “el entorno laboral en esta representación se ha deteriorado profundamente. Hemos documentado, mediante testimonios, mensajes institucionales, registros escritos y evidencias audiovisuales”.
También exponen una cadena de actos que presuntamente incluyen:
- Maltrato verbal, amenazas, discriminación, exclusión y represalias.
- Asignaciones arbitrarias, instrucciones contrarias a la ética pública y vigilancia informal.
- Manipulación de cifras institucionales, uso indebido de recursos públicos y trato preferencial.
- Reducción injustificada de contratos, prácticas de nepotismo y cierre de áreas clave.
- Riesgo físico a personal mediante el uso inadecuado de vehículos oficiales.
“Resulta profundamente incongruente que en una institución cuyo mandato es defender a víctimas de violaciones a derechos humanos, se perpetren internamente esas mismas violaciones contra su propio personal”, señalaron en el comunicado difundido donde afirmaron que esas prácticas vulneran principios esenciales del servicio público como la legalidad, la honradez, la eficiencia, el trato digno, la equidad y el respeto profesional.
Los servidores públicos estatales solicitaron una intervención ética e institucional oportuna, que garantice su salud física y mental, así como el cumplimiento pleno del marco legal y ético que rige al servicio público, ya que ahora se asumen como víctimas.
“Exigimos que se deje de lado toda práctica de revictimización, prejuicio o minimización de lo denunciado. Esta situación no solo afecta a las personas trabajadoras, sino que compromete la misión misma de la CEAVE y los derechos de las víctimas que atendemos”.
