La resolución del órgano interamericano se presenta medio año después del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, tras intentar defender a un hombre que se refugió en el templo de la comunidad de la Sierra Tarahumara.
Por Redacción / YoCiudadano
Washington, D.C.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 11 integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, Urique, tras considerar que estos se encuentran en una situación de gravedad y riesgo de daños irreparables a sus derechos humanos.
La resolución del órgano interamericano se presenta medio año después del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar tras intentar defender a un hombre que se refugió en el templo de la comunidad de la Sierra Tarahumara.
El comunicado de la CIDH señala que las 11 personas beneficiarias han sufrido amenazas y agresiones por parte de grupos del crimen organizado, mismas que les han impedido desarrollar con normalidad las actividades pastorales y de apoyo a las comunidades de la zona.
Asimismo, la Comisión indicó que existe un contexto de estigmatización y deslegitimación a los beneficiarios tras sus denuncias y actuaciones ligadas a la investigación por el asesinato de los sacerdotes jesuitas el 20 de junio de 2022, además de sus cuestionamientos acerca de las políticas de seguridad del Estado.
Pese a que gobierno del estado de Chihuahua informó que ha implementado un refuerzo en las medidas de seguridad en la región y que la misma CIDH reconoció dificultades geográficas al momento de implementar medidas de seguridad inmediatas, no se estaría implementando un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las once personas de la comunidad jesuita.
Ante esto, la CIDH informó este martes que considera que las personas beneficiarias se encuentran “prima facie en una situación de gravedad y urgencia como consecuencia de las amenazas y hostigamientos por parte de grupos del crimen organizado, lo que ha puesto en riesgo los derechos a la vida e integridad personal”.
Por ello, solicitó al Estado Mexicano que:
1. Adopte las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios. Entre tales medidas, se debe garantizar su seguridad y prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra por parte de terceros.
2. Adopte medidas de protección que permitan a los propuestos beneficiarios continuar realizando sus labores pastorales sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos y actos de violencia en su contra.
3. Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.
4. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.
La Resolución 2/2023 es resultado de una solicitud de medidas cautelares presentada el 8 de noviembre de 2022 ante la CIDH por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (COSYDDHAC).
A seis meses del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, las autoridades estatales aún no han capturado a José Noriel P.G. alias El Chueco, presunto asesino de los religiosos, un guía de turistas y otro ciudadano en la comunidad serrana de Cerocahui.
