En Chihuahua fueron desplazadas 693 personas en 2017, debido al contexto de violencia. Decenas de familias pertenecen a los grupos étnicos rarámuri y ódami, según el informe 2017 de ‘Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo’
Chihuahua fue la sexta entidad con el mayor número de personas desplazadas de manera interna en 2017, de acuerdo con el informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Al igual que en 2016, en 2017 Chihuahua se colocó como una de las entidades en donde más personas tuvieron que desplazarse por el contexto de violencia. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró un total de 693 personas movilizadas de manera forzosa, colocando al estado en el sexto lugar de las entidades con mayor flujo de personas movilizadas. El primer lugar lo ocupa Chiapas, con más de 6 mil personas movilizadas, seguido del estado de Guerrero con 5 mil personas 948 personas.
De acuerdo con la comisión, en todos los episodios de desplazamiento masivo, se registró la presencia y el uso directo de la violencia.
Las personas que fueron desplazadas de Chihuahua, en 2017, corresponden a tres episodios en donde la violencia generada por el narcotráfico y un conflicto territorial fueron las causas principales.
El primer episodio de desplazamiento forzado interno en Chihuahua, documentado por la comisión, tuvo lugar en el municipio de Guadalupe y Calvo, en donde el 15 de enero de 2017, 12 familias se movilizaron a raíz del asesinato de dos activistas ambientales de origen rarámuri.
El segundo episodio documentado sucedió en el municipio de Madera, en las localidades de Las Varas y El Lago, en donde a consecuencia del narcotráfico, 500 personas fueron desplazadas. En julio de 2017, un mes después de enfrentamientos entre los cárteles de la Línea y de Sinaloa, la mitad de los habitantes de Las Varas huyó.
El tercer episodio de desplazamiento tuvo lugar nuevamente en el municipio de Guadalupe y Calvo, en donde 30 familias tepehuanas se movilizaron a raíz de un conflicto territorial. Entre 2016 y 2017, los hermanos Cornelio y Aurelio Alderete Arciniega reclamaron la posesión de terrenos de propiedad nacional, en donde estaban asentados personas del grupo indígena Ódami, quienes fueron amenazadas para abandonar sus hogares en las localidades de Cordón de la Cruz, Mesa Colorada, El Tepozán y Tuáripa.
