El contralmirante Salvador G.G. habló este viernes en una audiencia judicial donde aseguró que es utilizado como chivo expiatorio en el caso del incendio donde murieron 40 migrantes extranjeros; el juez ordenó ampliar la medida de prisión preventiva hasta abril del 2025 al ahora exfuncionario.
Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Frente al juez, el contralmirante Salvador G.G, el jefe de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado de Chihuahua acusado del incendio en la estancia donde murieron 40 migrantes extranjeros, aseguró que es él es un chivo expiatorio y está encarcelado por delitos que no cometió.
“En este proceso yo estoy siendo utilizado como chivo expiatorio. Fui instruido para trabajar conforme a leyes y reglamentos, así he trabajado… tengo un año y medio respondiendo por culpas que yo no llevo”, dijo el contralmirante Salvador, sin acusar a nadie por lo que asegura enfrenta en este caso.
A un año y medio de su encarcelamiento, el ahora exfuncionario del INM rompió el silencio en una audiencia judicial realizada este viernes 18 de octubre en la que el juez federal Juan José Chávez Montes ordenó que Salvador G.G., siga sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva hasta abril del 2025.
El procesado, detenido en abril del 2023, hizo uso de la palabra luego de que el juez se pronunciara respecto a la medida cautelar. Antes, siempre se mantuvo en silencio en las audiencias del proceso en su contra por los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.
El acusado tomó la palabra en la audiencia de este viernes para decir que después del incendio, el 27 de marzo del 2023, él estuvo colaborando con la Fiscalía General de la República (FGR), concretamente con el delegado de esa corporación, hasta que fue detenido; luego hizo referencia al Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación para asegurar que él no tenía atribuciones en la estancia migratoria de Ciudad Juárez donde sucedió el siniestro.
Señaló que en ese ordenamiento se establece la existencia de una Dirección General con diversas atribuciones en relación a los migrantes, como brindar alojamiento, prestar asistencia médica, atender los requerimientos de alimentos, garantizar el respeto a los derechos humanos y tener instalaciones adecuadas.
“Aquí se puede constatar que no tengo atribuciones en la estancia de Juárez, es un error, una manipulación con la responsabilidad…no soy responsable, no tengo atribuciones en la estancia. Aquí lo dice claramente el Reglamento Interior de Gobernación”, afirmó
Mientras hablaba, Salvador miraba la pantalla donde estaban los rostros del resto de los intervinientes en la diligencia que participaron a distancia, pues solo él, la encargada de la sala y los policías procesales estaban físicamente en el edificio judicial.
En cuanto al mantenimiento de la estación migratoria, el contralmirante afirmó que de acuerdo al Reglamento Interno de Gobernación existe una Dirección General de Administración encargada de los sistemas contra incendios, de las medidas de seguridad y otras funciones.
Además, dijo que él no ocupa ningún cargo en la Dirección General de Administración ni en la Dirección General de Recursos.
‘Nunca había unidad de protección civil en la estación migratoria’
El contralmirante también refirió que la Coordinación Nacional de Protección Civil del INM era la responsable de conformar la Unidad Interna de Protección Civil de la estancia que se incendió, y afirmó que esta Unidad nunca se integró en la estación de Juárez y que existe un escrito, pero sin validez.
En otra parte de su participación en la audiencia, Salvador G.G., se refirió a la existencia de oficios que, aseguró, fueron elaborados dos días después del incendio y cuestionó su veracidad, sin precisar a cuáles documentos se refería.
De acuerdo con datos señalados en otras audiencias públicas, en la carpeta de investigación que integró el Ministerio Público de la Federación por los delitos que se configuraron al registrarse el incendio, existe un documento acreditando la integración de una unidad interna de protección civil en la estancia migratoria.
Esa unidad presuntamente estaba a cargo de Juan Carlos M.C., otro de los funcionarios acusados por estos hechos, quien en agosto pasado dejó la cárcel para seguir su proceso en libertad . Sin embargo, ese documento carece de firmas.
Una y otra vez el contralmirante afirmó que él no es responsable de lo sucedido en la estancia migratoria, aunque este inmueble estaba bajo su cargo en la fecha que sucedió el siniestro.
“Yo soy el pagano, un chivo expiatorio. Asumo culpas de otros. Solicito al Ministerio Público y a los representantes de las víctimas que lean la ley, el Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación y determinen quién debe estar aquí. Tengo un año y medio respondiendo por culpas que yo no llevo”.
Ante los dichos del acusado, el juez Juan José Chávez Montes contestó que ese no era el momento procesal oportuno para pronunciarse, pero, dijo, “usted asumió medidas, tomó decisiones en relación a la estancia. Es lo que recuerdo”.
“No es el momento procesal, será en juicio o en un tribunal de amparo o un tribunal Colegiado de Apelación o un Colegiado de amparo”, añadió el juzgador.
Contralmirante deberá seguir en la cárcel
Esta audiencia fue solicitada por el Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), para solicitar que se ampliara por un año la medida cautelar de prisión preventiva al contralmirante Salvador G.G.
La audiencia inicial en contra del contralmirante se realizó el 17 abril del 2023, y fue vinculado a proceso penal por los delitos de homicidio en perjuicio de 40 migrantes extranjeros, lesiones a 27 y ejercicio ilícito del servicio público.
Al ser vinculado a proceso, a Salvador se le impuso la cautelar de prisión preventiva oficiosa debido al delito de homicidio por ser un ilícito que contempla una pena alta.
Posteriormente, los abogados presentaron un juicio de amparo y en este el juez de amparo ordenó al juez Chávez Montes que volviera a abrir audiencia para que no impusiera de oficio la prisión preventiva, sino que el Ministerio Público justificara la necesidad de esa cautelar.
Por lo que el 19 de octubre del 2023 se realizó la diligencia y se le impuso al contralmirante la prisión preventiva justificada, es decir, el Ministerio Público justificó la necesidad de que Salvador G.G., siga enfrentando el proceso penal en la cárcel.
Por lo que a unas horas de que se cumpliera el año de la prisión preventiva justificada, el MP de la Federación pidió la audiencia de este viernes.
La fiscal a cargo, Brenda Ocampo Ponce, argumentó que este caso es complejo, explicó que el proceso penal está suspendido por una serie de amparos y por tanto, dijo no es atribuible al MP la demora en sentenciar a Salvador G.G.
La fiscal también le indicó al juez que no han cambiado las condiciones que lo llevaron a imponer la prisión preventiva justificada y pidió que se ampliará por un año más.
La abogada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), que representa a algunas de las víctimas mortales y algunos de los sobrevivientes al incendio, le indicó al juez que estaba de acuerdo con la cautelar solicitada por la fiscal porque deben tomarse en cuenta el número de personas afectadas, 67; el monto de la reparación del daño y la falta de arraigo de Salvador G.G., en Ciudad Juárez.
La abogada pública también señaló que el contralmirante tiene domicilios en Guanajuato, Veracruz y en la Ciudad de México, y podría evadirse.
También indicó que, de acuerdo con un informe de riesgos elaborado por personal de la FGR, Salvador cuenta con vínculos en diferentes entidades del país, conoce a funcionarios públicos que podría ayudarlo; tiene un poder adquisitivo importante pues devengaba un salario de 86 mil 834.26 pesos como titular de Oficina de Representación del INM pesos; maneja armas de fuego, por lo que –señaló– podría esconderse para no comparecer a juicio.
La abogada pidió que se proteja a las víctimas, pues consideró que para estas y la comunidad sería un riesgo la libertad de Salvador G.G.
En su turno el abogado de la Fundación para la Justicia y representante legal de nueve sobrevivientes y de las familias de nueve de los fallecidos, Marcos César Zavala Cruz, también pidió que se prolongara la cautelar de prisión preventiva justificada y le expuso al juez que sigue vigente la imputación por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público y no han cambiado las razones por las cuales se impuso esa cautelar en contra de Salvador G.G.
El litigante recordó al Tribunal que no se ha resuelto el amparo 955/2023 interpuesto para pedir que las víctimas tengan una verdadera representación en el proceso penal; y existe un riesgo de sustracción.
En su turno, el abogado del contralmirante dijo que su representado tiene un historial impecable en la Secretaría de Marina a la que pertenece; hasta el momento no ha sido encontrado culpable de los delitos que le atribuye el MP e imponer la prisión preventiva sería anticipar una pena, es decir tratarlo como culpable.
También indicó que Salvador G.G., tiene arraigo en el país pues cuenta con dos propiedades en Dolores Hidalgo, Guanajuato, un terreno y una casa, ahí radica su esposa y dos hijas, y explicó que eso es normal pues él era cambiado de adscripción, además en Ciudad Juárez tenía un contrato de arrendamiento desde un año antes del incendio y en caso de que se le permitiera enfrentar el proceso penal en libertad, podría permanecer en esta ciudad.
El abogado del acusado le dijo al juez que ya hay otros tres acusados por los mismos hechos a quienes se les ha modificado la medida cautelar de prisión preventiva por cautelares que les permiten gozar de libertad mientras esperan el avance del proceso penal.
El representante legal agregó que Salvador es un adulto mayor enfermo, de quien depende una familia y no pretende sustraerse del proceso; descalificó la posibilidad de que estén es riesgo las víctimas porque no radican en México; desestimó el informe de riesgo de la FGR y la aseveración de la representante de la CEAVE en el sentido de que se debe tomar en cuenta el monto de la reparación del daño.
“El INM ha realizado la reparación del daño. ¿Por qué tendría que cargar con la reparación del daño mi representado?”, cuestionó el abogado.
Después de toda la argumentación, que se prolongó por casi una hora, el juez dijo que prevalecía la medida cautelar de prisión preventiva justificada; afirmó que el motivo de la audiencia no era analizar si se iba a imponer la cautelar de prisión preventiva, el objetivo solo era determinar si se iba o no a prolongar la cautelar.
El juez también dijo que no había interrumpido a los intervinientes por respeto; explicó que coincide con la visión del MP en el sentido de que se trata de un asunto complejo, donde hay otros acusados y cuatro causas penales; muchos amparos interpuestos y sin resolver. A lo que se suma el paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación por la reforma judicial.
El juzgador indicó que la prisión preventiva justificada contra Salvador G.G., seguirá vigente hasta el 18 de abril del 2025 y agregó que posiblemente para esa fecha él ya no conozca del caso pues podría dejar el cargo debido a los cambios impuestos por la reforma judicial en el país.
Durante varias ocasiones durante la audiencia, el juzgador lamentó los cambios que generará la Reforma Judicial.
