Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Por Jonathan Álvarez y Favia Lucero Ciudad Juárez, Chihuahua.— En el transcurso de casi cinco años, el presidente municipal de Juárez, Héctor Armando Cabada Alvídrez, benefició con contratos de publicidad oficial por un total de 52 millones 840 mil pesos a la televisora local Intermedia de Juárez (Canal 44), propiedad de sus padres, Arnoldo Cabada de la O (1934-2021) y Martha Alvídrez Sáenz; sus hermanos, Jesús Antonio y Sergio Alberto Cabada Alvídrez, también tienen cargos dentro de la empresa. Durante el mismo periodo (2016-2021) el Municipio otorgó otros 19 contratos a cinco televisoras locales por un monto total de 52 millones 039 mil 234 pesos, es decir, Canal 44 recibió 800 mil 766 pesos más que todas las otras televisoras juntas, demostrando así un favoritismo por la empresa de sus padres. Aunque se buscó una entrevista con los representantes de la empresa televisora para que tuvieran voz en este reportaje, la solicitud no fue concretada. Luego de que las contrataciones se dieran a conocer en medios de comunicación locales y se denunciara por parte de la Sindicatura Municipal un posible conflicto de interés, Armando Cabada realizó una maniobra legal para excusarse de los procedimientos de adjudicación con la empresa televisora. https://www.youtube.com/watch?v=oX4kNxygv6Y La plataforma de adquisiciones y contratos municipales ‘A dónde va tu dinero’ de la asociación civil Plan Estratégico de Juárez (PEJ), indica que el primero de marzo de 2017 el Alcalde firmó el primero de seis contratos que se adjudicaron directamente al Canal 44. Por este contrato (DCA/CS/035/2017) inicialmente el Municipio erogó 8 millones 500 mil pesos, no obstante el 21 de agosto del mismo año se realizó un convenio modificatorio (DCA/CM/06/2017) para extender el plazo de los servicios por la cantidad de 2 millones 550 mil pesos. En total por el primer contrato celebrado con la televisora de los padres del edil, la administración municipal pagó 11 millones 50 mil pesos. Cabe resaltar que este documento oficial fue firmado por el Alcalde.
Sobre las observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua
De acuerdo con el artículo 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios, fracción segunda, “se consideran como infracciones cometidas por las y los servidores públicos mantener conflicto de intereses con proveedores y no excusarse de participar en un proceso de adquisición, haciéndolo del conocimiento oportuno de la persona superior jerárquica o del órgano de control respectivo, para que dispongan el procedimiento a seguir”. A pesar de que Armando Cabada ya no participó en el proceso de adjudicación de los contratos realizados desde 2019, tal y como lo establece la ley, la Auditoría Superior del Estado (ASE) del Estado de Chihuahua en su Informe Individual de la Auditoría de Cumplimiento Financiero I realizada a la Gestión Financiera de la Cuenta Pública 2019 del Municipio de Juárez, emitió una observación por otro hallazgo: una relación empresarial de Ponce Torres con dos hermanos del Alcalde. De acuerdo al Registro Público de Comercio, en la escritura 8249 y el acta constitutiva del 26 de octubre de 2011, la empresa Centro Geriátrico Especializado, S. A. de C. V., presenta como accionistas a Manuel Alejandro y Jesús Antonio Cabada Alvídrez, hermanos del Presidente Municipal, y al coordinador de asesores Carlos Ponce Torres, lo cual representa una relación comercial directa entre el funcionario y la familia del Alcalde.
Una denuncia sin avances
En mayo de 2018 la facción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Ayuntamiento de Juárez interpuso una denuncia penal contra Armando Cabada por la afectación al erario público ante la Fiscalía General del Estado (FGE). “No hay alguna notificación, es un pendiente que tiene la Fiscalía, sé que hay denuncias además de este tema, en contra del Presidente Municipal… no ha habido ningún avance por parte de Fiscalía”, indicó la regidora panista Amparo Beltrán Ceballos. Desde la perspectiva de la regidora, el proceso de excusar al Presidente Municipal de la celebración de contratos con Intermedia de Juárez no exime al servidor público de un conflicto de interés, ya que los funcionarios involucrados en el proceso de adjudicación de los contratos son empleados directos del Alcalde. “La mayoría de ellos están subordinados al Presidente, es el caso del Oficial Mayor que es el principal; el caso de Comunicación Social, la directora es subordinada al Presidente Municipal. Son varias figuras que están subordinadas al Presidente Municipal y que contratan a la empresa de su familia, la firma es lo de menos, lo que importa es el proceso de la toma de decisiones”, agregó. Beltrán Ceballos recordó que Armando Cabada se vio involucrado en otro proceso legal al ser acusado de haber recibido dinero de la ‘nómina secreta’ del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, cuando aún no ocupaba un cargo público y que por ello, luego de someterse al criterio de oportunidad, tuvo que reparar el daño devolviendo el recurso. Por esta razón, la regidora consideró que las autoridades correspondientes deberían hacer justicia y sancionar al Presidente Municipal con la reparación del daño. “Por lo menos castigarlo un tiempo, dejarlo fuera de la vida pública, de la administración pública, personas como él no deberían tener cargos públicos”, dijo.
Los contratos de publicidad oficial como mecanismo de control editorial
La publicidad oficial debería, conforme a la Constitución, “ser educativa y de interés público, sin embargo los tres niveles de gobierno han optado por usarla como un método de promoción y atención a sus intereses”, explicó el Coordinador Jurídico y de Pluralidad Mediática del programa de Derecho a la Información de Artículo 19, Ricardo Reyes Márquez. “Lo que hemos señalado desde Artículo 19 es lo que justamente se trata de combatir, la publicidad oficial como medio de control, de censura, de control de narrativas donde se compran las voluntades tanto para hablar o no hablar de ciertos temas; no se debe usar la publicidad como medio de premio o castigo (para los medios de comunicación)”, dijo.
Cabada es diputado electo plurinominal por Morena; fuero lo protegería de acusaciones de corrupción
A pesar de haber sostenido durante su gobierno una serie de desencuentros con integrantes de Morena —como la impugnación municipal de la elección en 2018, cuyo triunfo se había dado inicialmente a su candidato Javier González Mocken,— el sábado 5 de diciembre, Armando Cabada acudió a la Ciudad de México para registrarse como precandidato de ese partido a la gubernatura de Chihuahua. Cabada contendió por la designación contra otros ocho aspirantes, entre ellos el excandidato a la gubernatura, Juan Carlos Loera de la Rosa, y el presidente municipal electo de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Todavía como alcalde en funciones, Armando Cabada respaldó la candidatura de Loera de la Rosa y en enero de este año se registró como precandidato a una diputación federal plurinominal por Morena, la cual le fue otorgada en marzo, casi tres semanas después de solicitar licencia a su cargo en el Ayuntamiento de Juárez. Armando Cabada fue inscrito en el tercer lugar de la lista de la Primera Circunscripción que contempla a los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Según el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, una vez que Armando Cabada tome protesta como diputado, tendría fuero constitucional que lo protegería de ser procesado por acusaciones como la que comparte con Cruz Pérez Cuéllar por su presunta implicación en la llamada ‘nómina secreta’ del exgobernador César Duarte Jáquez. De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, Armando Cabada forma parte de la lista de alrededor de 70 actores políticos, periodistas, dirigentes partidistas y líderes religiosos que fueron sobornados durante la administración del ex mandatario chihuahuense, antes de ocupar un cargo público, cuando aún era conductor del noticiario de Canal 44. En enero de 2019 el periódico nacional Reforma incluyó el nombre de Armando Cabada dentro la ’nómina secreta’, asegurando que este habría recibido 4.3 millones de pesos de parte de César Duarte, provenientes del erario chihuahuense. Cabada aseguró entonces que se trató de una “contraprestación” por vender boletos para conciertos a mitad de precio al gobierno de Chihuahua. Armando Cabada aceptó haber recibido dinero de Duarte Jáquez y haberse apegado al criterio de oportunidad ofrecido por la Fiscalía (un mecanismo otorgado por los Ministerios Públicos que permite no ejercer una acción penal en contra de una persona, siempre y cuando se haya reparado el daño), por lo que tuvo que regresar los más de 4 millones de pesos. No obstante, dijo que todo se trató de un servicio ofrecido al gobierno estatal sin un contrato de por medio y aseguró que no recibió pagos periódicos, como en los casos de otros implicados. “Nos apegamos a un ejercicio legal al que tenemos derecho, que se llama criterio de oportunidad, por un tema en el que cuando yo era empresario me vi involucrado porque le vendí boletos a Gobierno del Estado para varios conciertos que yo realicé, tres conciertos para ser precisos, en donde se me hizo una compra de boletos a la mitad de precio”, aseguró. En diciembre del año pasado, la Fiscalía solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del senador con licencia Cruz Pérez Cuéllar por el presunto desvío de 15 millones de pesos para el financiamiento de su campaña a la gubernatura en 2016, cuando fue el abanderado de Movimiento Ciudadano. La solicitud fue declarada improcedente por la Cámara Baja el 1 de mayo de este año. Asimismo la gobernadora electa del PAN, María Eugenia Campos Galván, quien actualmente se encuentra vinculada a proceso, es acusada de cinco delitos, entre los que se señala que presuntamente habría recibido 8 millones de pesos de Duarte Jáquez a manera de soborno cuando fungía como diputada estatal. De los tres funcionarios presuntamente involucrados en la ’nómina secreta’ de Duarte, solo Armando Cabada se acogió al criterio de oportunidad que lo mantiene exento de las indagatorias de la Fiscalía de Chihuahua.