febrero 27, 2024

Advierten daño irreversible al medio ambiente por mina en Samalayuca

Ciudad Juárez, Chihuahua.— Este día integrantes del Frente Ecosocial Paso del Norte, la Academia por Samalayuca y la Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil (AOSC) de Ciudad Juárez presentaron los resultados de la Mesa Técnica sobre la mina a cielo abierto que se pretende instalar en el poblado. La mesa, que se llevó a cabo el pasado 25 de noviembre, se dividió en los ejes ambiental, económico y sociocultural, con los que se buscó puntualizar los impactos que tendría la instalación de la mina en el poblado, así como alternativas para el desarrollo de la zona. En ella participaron ejidatarios y habitantes de Samalayuca, académicos, colectivos, activistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, así como funcionarios de los tres órdenes de gobierno con competencia en el tema.

“Hemos estado trabajando en conjunto desde el año pasado para sumar fuerzas y recopilar la información que tenemos desde nuestras distintas perspectivas”, explicó la coordinador de la AOSC, Marisa Colmenero Guadián.

En lo que respecta a la Mesa Ambiental, la bióloga Yizni Granados Corral dijo que la instalación de la mina pondría en riesgo de contaminación a los mantos acuíferos de Samalayuca, Mesilla y El Hueco, y ocasionaría pérdida de infiltración y captación pluvial en la zona.

“Concluimos que la minería a cielo abierto, sea cual sea la capacidad de tecnología que posea, va a provocar un daño irreversible al medio ambiente, al ecosistema y, por lo tanto, a las comunidad que ahí se desarrollan”, dijo la especialista.

Además, indicó que los daños a la cadena montañosa de Samalyuca producirían afectaciones a la corrientes de aire y a la formación de las dunas, así como impactos negativos directos a la flora y fauna del lugar. Asimismo, señaló que se verían afectados los proyectos agrícolas y agroecológicos de la región, que el proyectos de la mina es temporal pero sus efectos negativos serían duraderos, y que las áreas naturales protegidas deben ser determinadas por criterios políticos y no económicos. En cuanto al aspecto sociocultural, el arquitecto Daniel Zamarron Saldaña señaló que se estaría privilegiando el interés particular sobre el social, pues el supuesto crecimiento económico que produciría la mina no se vería reflejado en la comunidad de Samalayuca, que, en cambio, se vería afectada con la pérdida de su patrimonio cultural, daños a su salud y la posibilidad de desplazamiento forzado. Sobre el aspecto económico, el académico Hernán Ortiz Quintana advirtió afectaciones a los cultivos de nogal, alfalfa y hortalizas, con perjuicios a los empleos de 350 personas y la derrama de 150 millones de pesos al mes, además de la posible pérdida de la certificación para la agricultura orgánica que permite la venta de los productos del campo de Samalayuca. Ortiz Quintana dijo que se prevén daños a la ganadería, a la apicultura, la pérdida de interés de compradores en los predios del sector, perjuicios a las actividades ecoturísticas, costos escondidos de la contaminación que produciría la mina y la “extracción de la riqueza nacional“, ya que la mayor parte del valor de los minerales se iría a Canadá.

“La proyección económica que ya existe prácticamente se estaría tirando a la basura por el beneficio de unos particulares, no por el beneficio de la región, mucho menos del municipio de Juárez o de los habitantes de Samalayuca”, dijo el académico.

Como alternativas para el desarrollo del poblado, los integrantes de la Mesa propusieron que se fomenten las actividades ecoturísticas en el poblado, así como el desarrollo agroecológico. Asimismo, se propuso el aprovechamiento de los recursos naturales para la generación de energías limpias, la potencialización de la sostenibilidad de Samalyuca, y el establecimiento de un Parque Nacional en el poblado.

“Es importante destacar que estas alternativas se repitieron en cada mesa. Eso habla de que son alternativas sostenibles”, comentó Néstor Acosta, coordinador de la organización Juárez Limpio.

Entre las instancias de gobierno que participaron en las mesas se encuentran la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Economía.