Durante la administración actual, iniciada por Enrique Serrano Escobar y actualmente encabezada por Javier González Mocken, se han presentado al menos 6 casos de presunta corrupción; en todos ellos las sanciones se han limitado a retirar a los funcionarios de su cargo
Durante esta administración municipal, iniciada por Enrique Serrano Escobar y actualmente encabezada por Javier González Mocken, han proliferado los señalamientos por presuntos casos de corrupción en las distintas dependencias del gobierno municipal.
Son al menos 6 denuncias de corrupción contabilizados durante este trienio, entre los que se encuentran el supuesto manejo de recursos para favorecer a determinadas empresas por parte de Alva Almazán, el uso de recursos federales con fines proselitistas por parte de Adriana Terrazas y Héctor Salazar Polanco, y, más recientemente, los casos de desfalco de miles de pesos en la Dirección de Alumbrado Público y el Sistema de Urbanización Adicional Municipal (SUMA).
No obstante, ninguno de los funcionarios ha tenido mayor castigo que la separación de su cargo. Algunos de ellos, incluso, siguen ocupando puestos públicos, como es el caso de Adriana Terrazas Porras, actual diputada federal, quien también fungió como coordinadora de campaña de Enrique Serrano en la carrera por la gubernatura durante el pasado mes de junio.
A una semana de la transición gubernamental, la administración de la dupla Serrano Escobar-González Mocken terminará entre polémicas por faltantes de miles de pesos en las arcas del Municipio.
***
Julio de 2014: Alva Melania Almazán, ejecutiva de Proyectos del Municipio
En julio de 2014, Alva Melania Almazán, otrora ejecutiva de Proyectos del Municipio, presentó su renuncia luego de que se destapara una polémica relativa a mal manejo de subsidios federales.
Alva Almazán presuntamente intervino en la licitación de chalecos anti-balas para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con la intención de favorecer a la empresa regiomontana Blitzkrieg, que ofreció los equipos por casi 18 mil pesos, mientras que los precios manejados por algunas otra empresas rondaban los 12 mil.
También se acusó a Almazán de favorecer a otra empresa con un contrato de 14 millones de pesos de un programa de capacitación para la Policía de Proximidad.
Además, la ex-ejecutiva de Proyectos fue cuestionada por la falta de transparencia en el manejo de aproximadamente 80 millones de pesos del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred) destinados a organizaciones civiles.
Luego de que regidores del Cabildo denunciaran esta situación, el 10 de julio Almazán fue removida de su cargo como supervisora de los recursos del Pronapred y el Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun), aunque siguió laborando como Ejecutiva de Proyectos y asesora de Enrique Serrano, y el 23 del mismo mes presentó su renuncia.
En el mes de agosto, la Contraloría Municipal entregó a Enrique Serrano el resultado de la auditoría, en el cual se determinó que en el caso del Pronapred no se encontró materia auditable pues los recursos llegaron al gobierno estatal y no al municipal, pero el resultado total de la revisión fue reservado por la autoridad.
Dos años después, en agosto de este año, trascendió que Alva Almazán contrajo matrimonio con el hijo del Presidente Municipal con licencia, Enrique Serrano.
Agosto de 2014: Gilberto Ontiveros Chávez, director de la Academia de Policía
Al inicio del mes de agosto de 2014, el Municipio anunció el cese del hasta entonces director de la Academia de Policía, Gilberto Ontiveros Chávez, por obligar a aproximadamente 300 cadetes a afiliarse al PRI.
Según consta en archivos periodísticos, Ontiveros Chávez fue separado de su cargo luego de que el PAN denunciara ante la Procuraduría General de la República que el ex-director de la Academia exigió a los aspirantes a cadetes ingresar a las filas del PRI el 25 de julio de ese año.
Asimismo, se menciona que la afiliación de los aspirantes fue realizada por Grupo Esfuerzo, una de las corrientes internas del PRI, de las que Ontiveros era secretario general.
Octubre de 2014: Adriana Terrazas y Héctor Salazar Polanco (Direcciones de Desarrollo Social y Alumbrado Público)
En octubre de 2014, se evidenció otro presunto caso de corrupción en esta administración municipal, particularmente en las direcciones de Alumbrado Público y Desarrollo Social.
Los titulares de dichas áreas, Héctor Salazar Polanco y Adriana Terrazas Porras, respectivamente, fueron grabados mientras conversaban en distintas reuniones de trabajo sobre la utilización del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, del gobierno federal, para promover con ello la afiliación de mujeres al PRI.
El Comité Directivo Municipal del PAN, a través del abogado Sergio Madero Villanueva, interpuso una denuncia en contra de Terrazas Porras y Salazar Polanco ante la PGR, por delitos electorales.
Poco después, el 6 de octubre, se anunció que los titulares de Desarrollo Social y Alumbrado Público serían separados temporalmente de sus cargos, sin goce de sueldo, mientras se realizaba la investigación correspondiente.
El entonces Presidente Municipal de Juárez, Enrique Serrano Escobar, indicó que los funcionarios serían separados de sus puestos para “ofrecer seguridad a la ciudadanía” de que la investigación se realizaría “con toda objetividad”.
Asimismo, Serrano Escobar dijo no encontrar elementos relevantes en las grabaciones para determinar la comisión de un delito.
En enero de 2015, a casi 3 meses de que se destapara el presunto uso de recursos público con fines proselitistas para favorecer al PRI, Adriana Terrazas Porras fue designada por su partido para participar como abanderada priista para la diputación federal del Distrito 04, y en junio de ese año se oficializó el triunfo de Terrazas Porras en los comicios.
En marzo de este año, se anunció que la diputada federal Adriana Terrazas coordinaría la campaña de Enrique Serrano por la coalición PRI-PVEM-PT-Panal, que a la postre perdería la elección ante Javier Corral Jurado.
Mayo de 2016: Adolfo Guerra, jurídico de Dirección de Servicios Públicos
Hace poco más de 4 meses, el pasado 25 de mayo, la autoridad municipal anunció el despido del encargado del departamento jurídico de la Dirección de Servicio Públicos, Adolfo Guerra.
Guerra fue destituido por no ingresar a las arcas municipales el dinero correspondiente a varios desistimientos por daños a la infraestructura urbana.
Es decir, el Jurídico de Dirección de Servicios desistió de proceder legalmente en contra de conductores que ocasionaron daños en postes de alumbrado y otros tipos de equipamientos urbano, sin antes ingresar al Municipio el dinero correspondiente.
El Alcalde Javier González Mocken ordenó entonces el inicio de una investigación por parte de la Contraloría Municipal para determinar la posible responsabilidad de Adolfo Guerra y el faltante total en la caja del Municipio.
El pasado viernes se informó que la investigación reveló un desfalco de, al menos, 400 mil pesos, por lo que el Municipio procedió legalmente en contra de Adolfo Guerra. No obstante, se calcula que el monto podría ascender a 900 mil pesos.
La Contralora Municipal, Blanca Estela Martínez Moreno, anunció que se entabló una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado en contra de Guerra y que la administración municipal aplicará las sanciones correspondientes a la Ley de Funcionarios Públicos.
No obstante, Adolfo Guerra, que fue separado de su cargo desde el inicio de la investigación en el mes de mayo, no ha podido ser localizado hasta el momento.
Septiembre de 2016: Luis Enrique Cuevas, director de SUMA
Durante la semana pasada, el titular del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA), Luis Enrique Cuevas López, fue acusado de desfalco por parte de la Contraloría Municipal, debido a la existencia de un faltante de 91 mil pesos en las arcas del organismo.
Posteriormente, se reveló otro faltante de 300 mil pesos que, de acuerdo con dos empleadas de SUMA, corresponden a una serie de aproximadamente 80 ‘auto-prestamos’ que Cuevas López realizó en el periodo de 2014 a 2016.
El titular del organismo, que fue separado de su cargo cuando se reveló la existencia del primer faltante, fue denunciado por el Municipio ante la Fiscalía General del Estado por “administración fraudulenta”.
Según informó Javier González Mocken el día de ayer, Luis Enrique Cuevas López fue obligado a reintegrar los 391 mil pesos faltantes a las arcas del Municipio.
***
De julio de 2014 a septiembre de 2016, en el periodo de poco más de dos años, se reportaron 6 denuncias por corrupción, de acuerdo con archivos periodísticos.
Asimismo, se ha presentado casos polémicos que han generado malestar en la ciudadanía, como el sueldo de 27 mil pesos que la sobrina de Javier González Mocken cobró durante más de un mes sin trabajar, al encontrarse realizando un posgrado en Barcelona, con la autorización de Enrique Serrano Escobar.
Una reacción similar se presentó hace unos días, cuando los regidores de la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobaron la jubilación de Lizbeth Alonso Carreón, de 36 años, quien recibirá una pensión de más de 21 mil pesos mensuales, provenientes de las arcas municipales.
Al respecto, Alonso Carreón, ex-directora de Audiencias Públicas y ex-candidata a diputación por el PRI, ha asegurado que cumple con los requerimientos legales para jubilarse, debido a que comenzó a trabajar en el Municipio en junio del año 2000.
Además, en días recientes El Diario de Juárez ‘destapó’ el tráfico de plazas sindicales en la administración de Javier González Mocken: aunque el Presidente Municipal aseguró en meses pasados que no había condiciones financieras para otorgar un aumento salarial a los afiliados del Sindicato Unico de Trabajadores del Municipio (SUTM) como parte de las negociaciones del contrato colectivo, el edil terminó por conceder una alza de 4 por ciento a los sindicalizados a cambio de la afiliación de 95 empleados de confianza al SUTM.
Entre esos 95 empleados, se encontraban su sobrina, Daniela González Lara, y la madre de ésta.
Aunque polémicas de este tipo han sido recurrentes, la administración actual terminará sin sancionar a los implicados más allá de retirarlos de sus funciones.
En la mayoría de los casos, principalmente en aquellos que involucraron a miembros del PRI, la autoridad municipal determinó que no existe delito qué perseguir. No obstante, la separación de los funcionarios de sus cargos deja entrever un encubrimiento sistemático a malas prácticas de gobierno que son expuestas pero no castigadas.
