Ciudad Juárez, Chihuahua.— Ella está sentada en la sala de Cabildo del Municipio de Juárez. Está sola. Tiene una hoja doblada entre sus manos. Espera que la dejen hablar. Pidió la palabra. Se registró debidamente. El Alcalde, Armando Cabada, la mira fijamente, habla con sus asistentes y la señala a la distancia. Una y otra vez hace lo mismo. “Empiezo a sentirme preocupada”, dice despacio. Ella es estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Caminó alrededor de 40 minutos junto a cerca de 60 manifestantes entre alumnos y exalumnos que exigen se esclarezca el caso en el que un estudiante de la UACJ denunció a policías municipales por violación luego de una detención. Los estudiantes fueron en un contingente que gritaba entre otras cosas “justicia” y “por qué nos asesinan, si somos la esperanza de América Latina”. Marcharon sin seguridad ni respaldo de las autoridades. No hubo agentes de tránsito para cuidar su camino por una avenida de alta velocidad de la que ocuparon un carril, a pesar de que el Alcalde dijo tener conocimiento de la marcha que realizarían. Lo que sí enviaron fue a un fotógrafo del Municipio que los estuvo tomando. 
Hubo, sí, agentes de la Policía Municipal que se acercaron con uno de los voceros del movimiento para preguntarle su nombre, su edad, la carrera que estudiaba. Le dijeron que era por su seguridad, por si le pasaba algo, supieran quién es. Cuando llegaron al edificio administrativo Benito Juárez las cosas en su orden natural dieron un giro inesperado y de pronto todo pareció al revés. El Alcalde salió a encontrar a los manifestantes. Ellos, que exigen desde que se supo del caso, justicia para la víctima y la no repetición, de pronto se encontraron con la autoridad municipal culpándolos, acusándolos de revictimizar al estudiante, diciéndoles que le están haciendo mucho daño, regañándolos. Él, que declaró públicamente que el estudiante detenido estaba borracho y drogado, que fue trasladado a un centro de rehabilitación y que la Policía llegó por él ahí por estar escandalizando; él, que dijo que no se puede juzgar a una corporación por lo actos de unos cuantos, él estaba ahí parado frente a los manifestantes pidiéndoles que ya no le hagan más daño a la víctima, que no sólo lastiman al alumno sino también a los policías porque “ya los juzgaron, ya los crucificaron”. 
Para probar lo que decía presentó a quien dijo es el abogado de la víctima, Juan Sebastián Argomedo, un ex-regidor de su plantilla durante la administración pasada y quien tiene poder de pleitos y cobranzas con el Canal 44. También dijo que se reunió con el padre de la víctima y que éste le manifestó el deseo de la familia por que no haya manifestaciones. Luego le dio la palabra al abogado quien dijo que agradecían el apoyo pero que deseaban no siguieran con esas actividades. Después, cuando una manifestante tomó la palabra para decir que en ningún momento han rebelado la identidad de la víctima y que lo que quieren es que se haga justicia, el Alcalde se volteó y se fue. Mientras caminaba le dijo a uno de los hombres que iban a su lado “sólo dejen entrar a la persona que se registró”. Así, en un contexto lleno de contradicciones, el Alcalde que se congratuló de abrir el Cabildo a la participación ciudadana cerró las puertas del mismo a los alumnos y exalumnos. Policías apostados en la puerta de acceso dijeron que no podían dejar entrar a nadie porque el Cabildo estaba lleno. Al decir ‘nadie’ se referían a manifestantes; reporteros sí cabían, todavía. Y adentro del Cabildo decenas de sillas vacías ilustraban la mentira. 
Afuera una mujer que se dijo cercana a la víctima dijo que el padre del estudiante no vive en la ciudad y que no estaba aquí. Luego dijo que el abogado no era representante de la familia un día antes. Y aseguró que la familia apoya las acciones de los estudiantes. Dos versiones completamente opuestas. De acuerdo con el Alcalde se trata de una estrategia de golpeteo político para su administración. Adentro ella desdobla su hoja, tacha oraciones, agrega otras, está sola y espera su turno de pasar al estrado para leer lo que acordaron los estudiantes. Un párrafo sobre todo se vuelve paradójico después de lo que ha pasado:
“Exhortamos a las autoridades a que no revictimicen al estudiante; en cambio, esperamos que se le proteja, que no se le culpabilice por lo sucedido y que se haga la investigación tomando en cuenta las afectaciones psicológicas que presenta como consecuencia de los hechos, así como la pronta resolución del caso”.
Pero no lo podrá decir porque no le darán la palabra. La paradoja es que la petición que llevaban a las autoridades se volvió, de pronto y de boca del Alcalde, en su contra: ellos fueron señalados como los victimarios. 
La Comisión de Seguridad integrada por los regidores Alfredo Seáñez, Amparo Beltrán y Luz Elena Esquivel, acordó subir un punto de acuerdo para hacer un exhorto a las autoridades correspondientes para investigar y esclarecer el caso, a petición de los estudiantes. El día justo antes de la participación programada, decidieron bajar el punto de acuerdo a propuesta de Amparo Beltrán. La regidora dijo que no era necesario hacer el exhorto porque ya se estaba investigando y mencionó que los manifestantes ya están culpando a los policías y no hay pruebas suficientes para determinar que estuvieron involucrados. Otro párrafo de lo que ella quería decir y no pudo señalaba:
“Aclaramos que este pronunciamiento no es un asunto en contra de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ni deseamos generalizar, pero reprobamos esta clase de conductas mostradas por algunos agentes en repetidas ocasiones”.
Cuestionado sobre la decisión de impedir el paso al Cabildo el Alcalde dijo que se decidió porque los manifestantes estaban haciendo desorden. No mencionó la justificación del aforo. Los manifestantes se retiraron sin poder entrar a Cabildo, sin leer su posicionamiento, sin diálogo. Solos, como salieron de la Universidad caminando a Presidencia.
