La obligación de las fraccionadoras estaba siendo destinada de forma irregular. Con amparo, ahora las donaciones tendrán que pasar por Cabildo.
Por Abraham Rubio / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.– Tras cinco años, la organización Plan Estratégico de Juárez (PEJ) obtuvo una resolución definitiva en un juicio de amparo que obliga al Municipio de Juárez a modificar su Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible para que las Transferencias de Potencial Urbano deban someterse a aprobación del Cabildo.
Con este fallo, las Transferencias de Potencial y las cesiones gratuitas en especie que realizan los fraccionadores ya no podrán ser autorizadas de manera discrecional por la Dirección General de Desarrollo Urbano con el aval de la Comisión de Desarrollo Urbano, señaló la coordinadora de Incidencia de PEJ, Claudia Arreola Pérez.
Explicó que este recurso legal se inició desde el año 2021, durante la administración de Armando Cabada. La notificación del cumplimiento de la ejecutoria del amparo 229/2021 fue emitida el pasado 17 de marzo de 2026 por la Dirección General de Desarrollo Urbano.
De acuerdo con el oficio DGDU/JUR/046/2026, la autoridad municipal debe desincorporar del reglamento vigente las disposiciones relativas a la “Subdivisión Especial” (artículos 100 Bis al 100 Quinquies) y a la “Transferencia de Potencial Urbano” (artículos 145 Bis al 145 Sexies), tras ser “tildadas de inconstitucionales”.
Arreola detalló que, bajo el esquema anterior, las zonas que los fraccionamientos tienen la obligación de donar para equipamiento urbano (un promedio del 6% del terreno construido) estaban siendo monetizadas de forma irregular.
“Le ponían un costo al terreno que deberían de donar y lo que hacían era convertir ese costo en obra pública. En lugar de que se donara el terreno, se convertía en pavimentaciones, etcétera”, señaló.
La coordinadora de Incidencia indicó que este mecanismo permitió que las obligaciones de los constructores se desviaran hacia fines distintos al equipamiento de las zonas habitacionales, como la compra de vehículos para asociaciones civiles o la rehabilitación de edificios municipales y espacios del DIF.
Asimismo, se detectó que los recursos o las obras se aplicaban en zonas distintas a donde se originaba la inversión, a pesar de que la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua establece que el recurso debe aplicarse donde surge.
Arreola Pérez afirmó que esta situación ha impactado particularmente al suroriente de la ciudad: “Nos estamos quedando sin reservas territoriales. En el suroriente no hay espacios para una escuela. Se está batallando para tener un espacio principalmente para escuelas, no hay un centro de salud, no hay una estación de Bomberos, no hay una estación de policía”.
Nuevas reglas de transparencia
Con la resolución del amparo, Claudia Arreola el proceso de asignación de estas cesiones cambiará: antes las decisiones se tomaban de forma discrecional, debido a que los asuntos llegaban eran votados en Comisión de Desarrollo Urbano, donde se decidía, votaba y ya Desarrollo Urbano ya lo aplicaba. “Ahora tiene que pasar por Cabildo”, indicó.
La coordinadora destacó que este cambio permitirá una mayor fiscalización por parte de la ciudadanía. “Los vecinos ahora pueden pelear para que esas sesiones gratuitas en especie se apliquen en sus colonias, pero tenemos que darle seguimiento a cuánto es y a dónde va”, concluyó.
