Organizaciones que han acompañado a las víctimas indicaron que, mientras no haya justicia plena, reparación integral y garantías de no repetición, esta tragedia permanecerá sin resolución y perdurará como un ejemplo vergonzoso de la indiferencia estatal.
Por Enrique Brambila / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.– Las organizaciones Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) señalaron que la disculpa pública que ofrecerá el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yánez, a sobrevivientes y familiares de las víctimas del incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez no cierra el caso ni constituye una disculpa del Estado mexicano.
El incendio, ocurrido el 27 de marzo de 2023, dejó un saldo de 40 personas fallecidas, 27 hombres con secuelas graves y 15 mujeres sobrevivientes. La disculpa es una acción personal y forma parte de las condiciones judiciales impuestas a Garduño Yánez por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, como requisito para concederle la suspensión condicional y permitirle liberarse del proceso penal que enfrenta por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
En un comunicado, las organizaciones recalcaron que este acto es simbólico y personal, financiado con recursos públicos, y que no debe interpretarse como una exoneración de responsabilidades ni como un acto de arrepentimiento del excomisionado.
Señalan que, para que exista una reparación integral, es necesario que todas las víctimas, especialmente las mujeres sobrevivientes, reciban compensación económica y que se cumplan sus derechos de documentación y estancia por razones humanitarias.
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Además, las agrupaciones insistieron en que todos los responsables del caso deben enfrentar un juicio hasta sus últimas consecuencias, y que el Estado mexicano debe implementar cambios estructurales en la política migratoria para garantizar justicia, reparación y no repetición de hechos como este.
“El incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez es un reflejo de la política migratoria mexicana de contención. Las 82 víctimas de esta tragedia estaban bajo custodia del Estado, y como tal, este tiene una responsabilidad irrenunciable de garantizar justicia, reparación y no repetición”, enfatizaron.
Las organizaciones urgieron al gobierno mexicano a reconocer la magnitud de su responsabilidad, puesto que la disculpa pública no puede ni debe sustituir el cumplimiento de las obligaciones legales y de derechos humanos que México tiene con las víctimas
“Mientras no haya justicia plena, reparación integral y garantías de no repetición, esta tragedia permanecerá sin resolución y continuará marcando la vergüenza colectiva de la indiferencia estatal frente al sufrimiento de quienes migran buscando una vida mejor”, concluye el comunicado.
