A pesar de que la primera solicitud fue rechazada en enero, DHIA espera que se acepte la implementación del mecanismo de participación ciudadana para poder abrir un diálogo sobre los recursos que fueron etiquetados para la atención de la niñez migrante.
Por Abraham Rubio / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.– La organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) presentó la semana pasada una segunda solicitud de audiencia pública al Gobierno Municipal de Juárez para aclarar aspectos relativos a la construcción de albergues para personas en contextos de movilidad humana.
A pesar de que la primera solicitud fue rechazada el 15 de enero, la organización espera que el Municipio acepte la implementación del mecanismo de participación ciudadana para poder abrir un diálogo y definir qué destino tendrán los recursos que fueron etiquetados para la atención de la niñez migrante.
Diana Solís, integrante de DHIA, informó que la solicitud de audiencia pública fue presentada el martes 8 de abril ante la Dirección de Participación Ciudadana, asimismo en el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana de Juárez, donde expusieron las razones de por qué se está solicitando nuevamente.
El origen de ambas solicitudes se remonta a septiembre, cuando el presidente Cruz Pérez Cuéllar anunció la construcción de Centros de Asistencia Social (CAS) para el fortalecimiento de acciones institucionales para infancias migrantes. Para ello, anunció la inversión de 240 millones de pesos provenientes del Gobierno Federal.
Sin embargo, la organización señaló que el Gobierno Municipal replanteó la construcción de dos de esos espacios ante la oposición de habitantes de Praderas del Sol y Parajes de San Isidro a la construcción de un lugar para la atención de personas en contextos de movilidad humana. Finalmente, el Municipio anunció que construirá dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del Sistema Nacional de Cuidados.
Diana Solís informó que la organización decidió volver a presentar la solicitud de audiencia pública luego de que el alcalde manifestara haber logrado un acuerdo con la Federación para la construcción de los CECI.
“Nosotras solicitamos la información porque nos parece importante que exista una discusión, un diálogo entre la ciudadanía, entre las organizaciones, entre el gobierno, porque es muy recurrente que este tipo de obras se queden en el vacío. Al final, se solicita un monto o se presenta un proyecto para hacer tal cosa, y como no está planificado o no hay un seguimiento adecuado, termina siendo algo que no se utiliza, contrario o para otro fin”, explicó.
La integrante de DHIA enfatizó que la audiencia pública no es para cuestionar las necesidades de los centros de cuidado infantil, sino para aclarar qué pasará con los recursos federales destinados a la niñez migrante.
Solís sostuvo que el pasado 14 de febrero acudieron a la sesión del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana de Juárez, donde se les notificó que la solicitud de audiencia sería rechaza: “Se nos dio una negativa y la verdad es que no estaba ni fundamentada ni argumentada, pero sí referían a que era un tema (jurisdicción) de la Federación, a pesar de que nuestra solicitud iba totalmente dirigida a la aplicación y supervisión por parte del Municipio”.
En la reunión del Consejo, el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, no abundó en detalles sobre el rechazo e interrumpió a Solís cuando exponía la situación ante los consejeros.
Sin embargo, el funcionario reconoció en febrero que las direcciones fueron las que decidieron negar la audiencia pública: “no fue un tema ni siquiera de contenido (de la solicitud), sino que las direcciones a las que convocamos pues dijeron que no”, señaló Diana Solís.
Ante esto, el Cabildo aprobó un punto de acuerdo para que la Dirección de Participación Ciudadana capacite a directores generales y de área del gobierno municipal sobre la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua y la obligación de responder ante ciertos mecanismos.
DHIA espera que en esta ocasión exista una apertura por parte de las autoridades municipales para establecer un verdadero diálogo, donde se lleguen a acuerdos y que las personas puedan manifestar sus inquietudes.
“La verdad es que sí esperamos democratizar un poco la toma de decisiones y, sobre todo, que las personas en contextos de movilidad sean integradas o reintegradas aquí en la localidad y no simplemente utilizadas o enviadas lejos donde no hay servicios que no les permiten generar mejores condiciones de vida”, agregó Solís.
