Aunque la JMAS fue sancionada por derramar aguas residuales, el colectivo Defensa del Río Bravo interpuso un recurso de revisión para solicitar que la descentralizada mitigue los daños ecológicos y la destitución del personal responsable de los mismos.
Por Favia Lucero / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.— El colectivo Defensa del Río Bravo informó que, después de más de dos años, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) resolvió sancionar económicamente a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) por descargar aguas residuales contaminantes al Río Bravo.
Sin embargo, Damián López, integrante del colectivo, consideró que el resolutivo es “demasiado laxo”, pues la autoridad ambiental no indicó en el oficio el monto de la multa, ni proporcionó más información relativa a los recursos que la JMAS usará para liquidarla.
“Una sanción económica (a la JMAS) finalmente la va a terminar de pagar el pueblo, lo cual sería completamente indignante e inapropiado, ya que los derrames de aguas negras hacia el Río Bravo son causados por negligencia de distintos directivos, jefes y jefas de dicha institución”, indicó Defensa del Río Bravo.
Ante ello, el lunes pasado, el colectivo envió un recurso de revisión de la resolución en el que solicita a la Profepa que exija al organismo descentralizado estatal la mitigación del daño ecológico causado por los derrames, y que destituya a los funcionarios responsables de la contaminación.
Finalmente, el grupo de activistas ambientales mencionó la urgencia de que los tres niveles de gobierno declaren el Río Bravo como Área Natural Protegida (ANP) para que sea una zona de preservación y aprovechamiento sustentable.
López comentó que la Profepa ya recibió el recurso de revisión. En caso de que no obtengan una respuesta favorable para el río y para la comunidad fronteriza, procederán a denunciar el caso ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“Porque también tiene jurisdicción en la aguas nacionales y ellos sí tienen facultad para poner una sanción”, a diferencia de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), que no podría hacerlo, no obstante, “tiene un poder fuerte para agilizar los procedimientos”, explicó el ambientalista.
La CILA fue creada en 1889 para aplicar los tratados internacionales sobre límites y aguas entre ambos países vecinos, asimismo, es la responsable de vigilar que el agua que fluye o se escurre por la frontera o tramos limítrofes del Río Bravo “no tengan condiciones sanitarias que representen un riesgo a la salud y el bienestar de los habitantes a ambos lados de la frontera”, según el informe especial ‘Formulación del programa de saneamiento de la frontera norte a nivel gran visión’, publicado en agosto de 2021.
¿Qué sancionó la Profepa?
Específicamente, la Oficina de Representación de la Profepa en Chihuahua, mencionó que la JMAS incumplió con los artículos 122 y 123 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como el artículo 88 Bis, fracción XI de la Ley de Aguas Nacionales.
La Ley General establece que las aguas residuales provenientes de usos públicos urbanos que se descarguen en ríos, que se infiltren en el subsuelo o se derramen en los suelos deben reunir las condiciones para prevenir la:
“II. Contaminación de los cuerpos receptores;
II. Interferencias en los procesos de depuración de las aguas; y
III. Trastornos, impedimentos o alteraciones en los correctos aprovechamientos, o en el funcionamiento adecuado de los sistemas, y en la capacidad hidráulica en las cuencas, cauces, vasos, mantos acuíferos y demás depósitos de propiedad nacional, así como de los sistemas de alcantarillado”.
Además, ordena que todas las descargas en los ríos y los derrames de aguas residuales cumplan con las normas oficiales mexicanas. Quien realice las descargas está obligado a realizar el tratamiento del agua previo requerido.
Mientras que la Ley de Aguas Nacionales mandata a quienes realizan descargas de aguas residuales a los cuerpos de agua a “permitir al personal de “la Autoridad del Agua” o de “la Procuraduría”, conforme a sus competencias, la realización de:
a. La inspección y verificación de las obras utilizadas para las descargas de aguas residuales y su tratamiento, en su caso;
b. La lectura y verificación del funcionamiento de los medidores u otros dispositivos de medición;
c. La instalación, reparación o sustitución de aparatos medidores u otros dispositivos de medición que permitan conocer el volumen de las descargas, y
d. El ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y verificación del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos, así como de los permisos de descarga otorgados”.
Derrame de aguas residuales: una problemática antigua
En abril de 2017 la CILA elaboró un oficio (N. CEU/JUA/0427/17) en el que informó de siete eventos ocurridos entre el 6 de junio de 2016 y el 5 de abril de 2017, en los que se descargaron aguas residuales por zonas aledañas a la frontera (intersecciones Villa Ocampo y Canutillo, Coyotla y Río Bravo, Bellavista y Río Bravo, Arroyo El Mimbre y Nadadores y la Glorieta Arroyo de las Víboras y Norzagaray).
El organismo solicitó a la JMAS la inmediata intervención para solucionar las causales de los derrames y medidas que evitaran que sucedieran nuevamente.
“La red de alcantarillado en Ciudad Juárez cuenta con más de 100 años de antigüedad, principalmente en la zona del Centro Histórico, con todos los problemas de contaminación de cauces naturales de la ciudad y derrames esporádicos al Río Bravo; por fugas y derrames en diversas zonas de la ciudad se requiere rehabilitación, ampliación y construcción de nueva infraestructura”, dice el informe especial.
Según el medio El Paso Times, el 12 de junio de 2021 nuevamente se detectó una descarga de aguas residuales al río, no obstante, los derrames fueron constantes como mínimo desde 2019. En el reportaje se indicó que el volumen de agua residual descargada al río, desde Juárez, es de 0.05 y 0.15 metros cúbicos por segundo (50 litros y 150 litros, respectivamente).
Descargas de aguas negras al Río Bravo ponen bajo presión a la JMAS
Mientras que en marzo del año pasado, un derrame de 24 mil galones (90 mil 849.88 litros) llegó al río porque una alcantarilla del lado estadounidense presentó una fuga luego de que se bloqueara la línea de aguas residuales a cargo de El Paso Water.
Telemundo El Paso informó que aproximadamente el 10 por ciento del los litros derramados (9 mil 84) pudieron haber sido liberados al Río Grande, como se le conoce al Río Bravo del lado estadounidense.
Defensa del Río Bravo aclaró que los derrames del lado mexicano no son permanentes pero sí constantes, pues únicamente se detienen cuando la JMAS desazolva los colectores de la zona. La descentralizada culpa a la ciudadanía de la problemática, por tirar basura que bloquea los colectores.
“Sí es cierto que la basura es un problema pero se me hace bastante inapropiado de parte de la JMAS echarle la culpa a la gente cuando ellos y las direcciones de Servicios Públicos y Ecología deberían estar encargadas de la educación ambiental y poner la infraestructura necesaria”, dijo López.
El ambientalista hizo un llamado a la comunidad fronteriza a mantenerse informada de esta situación, ya que es una problemática que afecta a ambas regiones conectadas por ecosistemas y mantos acuíferos.
“Seguiremos denunciando, manifestándonos e informando hasta que todo se resuelva definitivamente y la salud del río vuelva a restablecerse. ¡El Bravo vive, la lucha sigue!”, enfatizó el colectivo.
