La defensa de Juan Carlos M.C. logró modificar la medida de prisión preventiva, pero juez le impuso una fianza de 20 millones de pesos por lo que continúa en la cárcel; el acusado enfrenta cargos por homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público por la tragedia en la estación migratoria donde murieron 40 extranjeros.
Por Blanca Carmona / La Verdad
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Un juzgado de amparo modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a a Juan Carlos M.C. coordinador del Grupo Beta, una de las personas detenidas como presuntas responsables del incendio ocurrido en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM), donde murieron 40 migrantes extranjeros.
Sin embargo, el acusado no consiguió dejar la cárcel y seguir el proceso en libertad porque se le fijó la obligación de pagar una garantía económica de 20 millones de pesos, informó uno de los abogados que lo representa, Leonardo Lara Ferreiro.
“Ganamos, pero perdimos. Conseguimos que se variara la medida cautelar, pero el monto es impagable y desproporcionado”, dijo el litigante.
Juan Carlos está preso desde el pasado 13 de abril cuando fue detenido por la Fiscalía General de la República. El 19 de ese mismo mes fue vinculado a proceso penal por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público por la tragedia en la estación migratoria.
Este jueves, al resolver el juicio de amparo 699/2023 el Juzgado Séptimo de Distrito le ordenó al juez de Control Juan José Chávez Montes que levantara la medida cautelar de prisión preventiva y abriera un debate para que el Ministerio Público y/o los asesores jurídicos de las víctimas acreditaran la necesidad de la prisión preventiva justificada o de otra medida cautelar diversa para mantener a Juan Carlos en la cárcel.
Por lo que se realizó una audiencia este jueves 9 de noviembre.
A diferencia de la prisión preventiva oficiosa que se aplica en automático para un catálogo de delitos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en la justificada se requiere que el Ministerio Público o los representantes de las víctimas acrediten que existe un riesgo de sustracción.
En la diligencia, las agentes del Ministerio Público de la Federación argumentaron que el hecho de que Juan Carlos tenga una casa en Ciudad Juárez, esposa e hijos no es sinónimo de arraigo en esta urbe.
También dijeron que de ser encontrado culpable la pena a imponer sería muy alta pues se trata de 40 víctimas mortales y 27 lesionados, considerando que por ello existe el riesgo que de salir de la cárcel no comparezca al juicio y citaron que esta localidad hace frontera con Estados Unidos y por ello podría tener la facilidad de dejar el país.
Por su parte, los defensores señalaron que imponer la prisión sería anticipar una pena a Juan Carlos y debe respetarse la presunción de inocencia que contempla la ley para todas las personas antes de una sentencia.
Además, consideraron que él si tiene arraigo en la ciudad, acreditándolo con documentos oficiales; y propusieron que su representado pudiera ser suspendido del cargo de desempeñaba en el INM al momento que sucedió el siniestro, el pasado 27 de marzo, coordinador del Grupo Beta, para que no exista ninguna posibilidad influir en el proceso penal.
Después del debate el juez determinó que no se acreditaba la necesidad de imponer la prisión preventiva justificada y aprobó tres medidas cautelares diversas a la prisión.
Una de estas es depositar una garantía económica por 20 millones de pesos al considerar que existe un riesgo muy elevado de fuga por parte de Juan Carlos M.C.
Las otras dos la entrega de documentos migratorios, pasaporte y la visa láser, y la prohibición de comunicarse con las víctimas.
La firma de abogados que representa a Juan Carlos, Legal Estudio Jurídico, señaló que se analiza si el juez Chávez Montes dio cumplimiento a la orden del Juzgado Séptimo de Distrito en el sentido de levantar la medida cautelar de prisión preventiva, pues ordenar el depósito de una garantía económica de 20 millones de pesos es desproporcional y sólo una persona millonaria estaría en posibilidad de disponer de una cantidad así.
“El juez determina la cantidad a su libre criterio, no hay un parámetro. Él consideró que existe un riesgo muy elevado de fuga, de sustracción de la justicia (por parte de Juan Carlos), y determina una cifra desproporcionada, que no tiene que ver con la reparación del daño”, dijo Leonardo Lara.
El litigante refirió que no hay un antecedente sobre un monto así fijado como garantía económica, indicó que la ley establece que la garantía económica debe ser proporcional y justificada en relación al riesgo que pretende evitarse y el actual sistema de justicia penal no permite el uso de una afianzadora.
La resolución judicial fue tomada con tranquilidad por parte del acusado Juan Carlos M, agregó el abogado.
Familiares de Juan Carlos expresaron su tristeza ante la resolución judicial pues tenían la esperanza de que el funcionario recobrara la libertad sobre todo ante la cercanía de las fiestas decembrinas, dado que él es papá y al considerar que la acusación se basa en que se le considera coordinador de la Unidad Interna de Protección Civil en base a un acta que afirman él no signó.
Solicitan acumulación de causas penales
El miércoles pasado se realizó otra audiencia para resolver una petición planteada por los asesores jurídicos de unas víctimas en el sentido de que las diversas causas penales iniciadas en relación al incendio ocurrido en la estación migratoria se acumulen en una sola.
La petición fue negada por el juez Ernesto Cornejo Ángeles.
Por estos hechos 11 personas están sujetas a proceso penal y se han iniciado unas cinco causas penales.
Los agentes federales migratorios Rodolfo C. de la T., y Gloria Liliana R. G; así como Daniel G.Y., quien era el representante local Noroeste del INM (subdirector); el guardia seguridad privada Alan Omar P.V., y el migrante de Venezuela, Jeison D. C.R., se les sigue la causa penal 216/2023 por los delitos de homicidio y lesiones.
Al contralmirante Salvador G.G., quien fungía como titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del INM; a Juan Carlos M. C., quien era el coordinador del Grupo Beta y responsable de la Unidad de Protección Civil; y Eduardo A. M., jefe de Recursos Materiales del INM, se les inició la causa penal 235/2023 por los ilícitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público.
El segundo venezolano que fue arrestado, Carlos Eduardo C.P., se les sigue la causa 355/2023 por los delitos de delitos de homicidio, lesiones y daños.
Antonio Molina Díaz, quien fue director General de Control y Verificación del INM, se le inició otra causa penal. Él presuntamente ha incumplido con la medida cautelar que le fue impuesta, la firma, pero el Ministerio Público de la Federación no ha solicitado una revisión.
Y a Francisco Garduño Yáñez, comisionado del INM, que enfrenta el proceso en libertad, se les sigue la causa penal 237/2023.
