Relatos de víctimas exhiben las entrañas de los tratos inhumanos o degradantes a los que fueron sometidos por agentes estatales.

En 12 años, la tortura ha dejado 2 mil 422 víctimas en Chihuahua, la mayoría de ellas acusan a elementos de la Fiscalía de Chihuahua, instancia que a la fecha no ha logrado la sentencia de ninguno de sus agentes por este delito.

 

Por Marco Antonio López
Fotografía y fotoarte: Alicia Fernández
La Verdad

En Chihuahua, ningún agente de la Fiscalía General del Estado ha sido sentenciado por tortura a pesar de ser la instancia más denunciada y, a la vez, la encargada de investigar este delito.

Tan solo en Ciudad Juárez se iniciaron investigaciones contra 216 elementos de la Fiscalía General del Estado en ese periodo de tiempo. Ninguna ha concluido. En esta instancia laboran entre 280 y 300 agentes ministeriales, de acuerdo con el fiscal Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón.

Desde 2010 se iniciaron en el estado 1,715 carpetas de investigación por el delito de tortura. De esas, en 872 casos se señala como responsable a un empleado estatal. Le siguen de cerca con 814 carpetas las diversas instancias municipales, de acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua recibidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En Ciudad Juárez se abrieron en los últimos doce años 1,153 carpetas de investigación por el delito de tortura: 469 contra empleados estatales y 663 contra empleados municipales. En la ciudad sólo existen cinco sentencias por este delito; todas ellas contra agentes municipales.

La instancia encargada de investigar es la Fiscalía General del Estado a través de la Unidad Interna de Control para el caso de los agentes adscritos a la misma Fiscalía y la Unidad de Delitos contra la Paz para el caso de agentes municipales, federales o particulares.

La aplicación de la tortura es una trampa del sistema de procuración de justicia, una falla en la democracia y un atentado contra la dignidad humana y la sociedad en general, de acuerdo con activistas, derechohumanistas, abogados y especialistas.

“Es un sistema de fraude de justicia, todo lo que se estructura alrededor de la tortura. Si las instancias de administración de justicia utilizan la tortura están quebrando un pacto esencial democrático, que es que las autoridades procuren que las personas gocen de igualdad de derechos. Entonces ahí lo que hay es una trampa”, dice al respecto Ángel Salvador Ferrer, oficial de prevención de la tortura de la asociación civil Documenta, que desde la Ciudad de México incide en el país para construir un sistema de justicia apegado a los derechos humanos.

“Cómo puede ser que existan tantos casos de tortura que cumplen con tantos patrones, lo primero que nos lleva a decir es que no son hechos aislados. Vemos que hay unas estructuras de poder que utilizan de forma muy ventajista la tortura y eso no lo pueden hacer las autoridades digamos razas, primeros respondientes, no es que todos los policías de investigación se pongan de acuerdo para decir ‘ahora vamos a torturar a todo el mundo de la misma forma y vamos a proceder igualmente’, eso no ocurre así, entonces a qué responde, pues a estas cadenas de mando donde más arriba suele haber alguna autoridad que dirige alguna instancia o corporación que utiliza con un fin político muy claro la tortura”, menciona.

De acuerdo con el especialista hay un primer actor que comete la tortura directamente al infligir dolor y sufrimiento a un detenido. Pero es importante ver esta violencia con una perspectiva más amplia, dice, ya que hay personas más arriba que instigan para que esto ocurra.

“Podemos investigar la tortura con la óptica más corta, una óptica miope en la que decimos aquí hay un caso de tortura y el policía este es el torturador. Pero si quieres analizar el problema de una forma más general tienes que ir un poquito más arriba, hacer un mapa contextual que te va señalando estructuras más elevadas. El problema es que al exhibir esto públicamente el riesgo es mayor”, agrega.

“La autoridad siempre te va a decir que va en la persecución de un delito y que va buscando a presuntos culpables, pero lamentablemente no se hace un trabajo de investigación y la intención de las detenciones que a veces se hacen de manera arbitraria es precisamente para ellos facilitarse el trabajo y sin un trabajo previo de investigación se van a un interrogatorio para la fabricación de culpables”, de acuerdo con Silvia Méndez, directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), desde donde acompañan legalmente casos de víctimas de tortura en Ciudad Juárez.

“Como sociedad, con la práctica de la tortura, lo único que estamos haciendo es viciar más el sistema, encarcelar inocentes y que personas culpables estén gozando de libertad”, menciona.

De 2010 a octubre de este año, la Fiscalía General del Estado ha registrado 2 mil 422 víctimas de tortura en todo el estado. De estas 2 mil 209 fueron hombres y 213 mujeres.

Ambos derechohumanistas coinciden al señalar que existe un perfil de víctima de tortura muy propenso a hombres jóvenes, de estratos sociales bajos y de zonas pauperizadas de la ciudad.

“Los índices de torturas son más altos en chicos jóvenes de estrato social bajo y, por lo tanto, de entornos un poquito más pauperizados. A quienes torturan les viene muy bien porque van a tener que rendir muchas menos explicaciones”, menciona Ángel Salvador Ferrer.

Respecto a las posturas oficiales desde la fiscalía lo que se encuentra de manera regular es una negación de la práctica de la tortura, de acuerdo con los especialistas.

“La tortura es algo que no ha desaparecido, cada funcionario que llega trata de decirte que ha disminuido o que no sucede en su periodo”, dice Silvia Méndez.

“No podría establecer que esté erradicada, no creo que podamos señalar que trabajamos con tal éxito, pero sí estoy seguro de que se ha disminuido en gran medida”, menciona en entrevista el fiscal Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón.

El funcionario estatal asegura además que en la mayoría de los casos la tortura no existe, pero es un argumento legal que buscan las defensas de los imputados para lograr la libertad de sus clientes.

“Viene a ser parte de una estrategia en la defensa de los imputados en donde todo mundo se queja de tortura, pero no necesariamente tienen éxito”, afirma el fiscal.

De acuerdo con Silvia Méndez, desde el CDHPN, notaron la práctica de la tortura como algo sistemático tanto en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como en la Fiscalía General del Estado.

Específicamente notaron que había varias denuncias de tortura en las unidades encargadas de investigar el secuestro y la extorsión en la Fiscalía en Ciudad Juárez, a partir de 2010.

Entonces era gobernador del estado César Duarte Jáquez; Carlos Manuel Salas el fiscal general del Estado; Jorge González Nicolás, fiscal Zona Norte; Jesús Manuel Carrasco Chacón, actual fiscal Zona Norte, coordinaba la Unidad Modelo de Atención al Secuestro; y Miguel Ángel Luna López, actual coordinador de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, coordinaba la Unidad Especializada en Delitos de Extorsión.

Una banda de extorsionadores

Una camioneta tipo van blanca con placas de circulación EBB5733 del estado de Chihuahua se detiene junto a un teléfono público en una colonia del poniente de Ciudad Juárez, apenas pasa del mediodía. Es viernes. En el teléfono, Erick de 22 años, habla con su novia, recibe por sorpresa los golpes y jalones de los hombres que bajaron de la van y ahora lo conducen hacia adentro. No entiende qué pasa, ni por qué pasa, ni por qué a él.

Dentro de la camioneta los hombres lo golpean, le patean los testículos, el estómago, el rostro. Le apuntan con el cañón de un arma a la cabeza. Lo obligan a darles una dirección.

Carlos tiene 14 años, es el más pequeño de tres hermanos. No tuvo clases, por eso está en casa cuando su hermano el mediano, Alan, vuelve del parque de jugar futbol. Es la parte más cruda del invierno. Es un día de enero de 2012. Alan hace tiempo en la casa antes de que se dé la hora en que quedó de pasar por una carta de recomendación a la oficina del autolavado al que renunció hace poco. Pregunta a Carlos por su hermano mayor.

“Salió a hablar por teléfono”, escucha que le contesta el menor de los tres.

Unos minutos después tocan a la puerta, es una vecina, agitada les cuenta que unos hombres armados metieron en una van blanca a Erick y después a otro joven.

Carlos avisa a sus padres que se encuentran trabajando. Ellos salen de sus trabajos para ir a buscar a Erick a las oficinas de la Policía Municipal, de la Fiscalía General del Estado y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Pasan un par de horas y no hay noticias ni registro de detenciones en las estaciones policiacas.

Una van blanca se detiene frente a la casa.

Entran por la fuerza a la casa hombres vestidos de negro, sacan a Carlos y a Alan. Hay personas que intervienen, o eso intentan.

“Somos las personas que vamos a acabar con esta delincuencia, los vamos a llevar a la PGR. Ellos son unos marranos, no saben lo que les va a pasar por lacras”, dicen.

Abren la puerta de la van, Alan reconoce a su hermano Erick en el suelo y a otro joven de la colonia antes de caer también en el interior del vehículo ya esposado. Una vez que la camioneta se aleja los hombres vestidos de negro dicen que pertenecen al grupo criminal La Línea, un brazo armado del cártel de Juárez.

“Amárrate culero, tu familia va a mamar, nosotros somos de La Línea”, oye Alan que le dicen antes de impactarle una patada en la cara. “Ya mamaron putos, ustedes están bien pendejos y nadie los va a ayudar, ni los van a encontrar pinches mocosos llorones, los vamos a matar y a tirar en el Camino Real y también vamos a matar a sus papás”, escucha.

A Alan le dicen que voltee para que vea cómo van a matar a su hermano menor, y le apuntan a la cabeza a Carlos. Los obligan a que les den la dirección de otra persona, uno de sus amigos, el que sea.

Cuando llegan a la casa no está la persona que buscan, pero está la hermana. La suben a la van.

Alan escucha como le dicen:

“Qué mija, no se casa conmigo”.

“No me hagan nada por favor, estoy casada”, contesta ella.

“No se preocupe mi vida, la voy a tratar muy bien, nada más divorciese y yo la voy a hacer feliz, ya verá”, le dice mientras pasa su pistola y después su mano por la zona genital

Otro hombre la obliga a realizarle sexo oral mientras ella forcejea y llora. La bajan en cualquier punto.

Hace tres o cuatro horas que dan vueltas por la ciudad, siendo torturados. La camioneta se detiene en un terreno baldío, ya es de noche. Alan está esposado, lo vendan de los ojos. Uno de los hombres le explica. Le va a dar oportunidad de correr y después le va a disparar. Le da a escoger dónde quiere que le dé.

“Donde usted quiera”, le contesta. Al final da lo mismo.

El hombre le dice que corra y Alan corre. Oye un disparo. Luego el hombre le da alcance, le patea un pie que pega con el otro y Alan cae. Hay una carcajada y oscuridad. El ajetreo de la respiración agitada.

Entonces el hombre le dice lo que quieren de ellos.

“Te vas a echar la culpa wey, tú vas a ser el líder, si no tus papás van a amanecer muertos en una cobija y también mataré a tu hermano. Ve wey, levanta la cabeza para que veas cómo lo mato”, le dice mientras le quita la venda para que vea cómo apunta su arma a la cabeza de Carlos.

“Cúlpense ya hijos de su puta madre”, les dicen una y otra vez mientras la camioneta se acerca a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en eje vial Juan Gabriel y Aserraderos.

Entran al edificio de gobierno. No pueden saber si es verdad que sus torturadores pertenecen al cártel de Juárez, es probable, pero al menos saben que son agentes ministeriales. Son agentes investigadores de la Unidad Especializada en Investigación y Combate a los Delitos de Extorsión.

Eso les exigen para dejar de torturarlos, que declaren que son una banda de extorsionadores.

Les vendan los ojos con cinta canela. Los desnudan. A Alan le dan toques eléctricos en los testículos y en las corvas.

“No se doble hijo de su pinche madre, no sea culo”, le dicen y él siente que se va a desmayar. Escucha los gritos de sus hermanos cerca.

Le ponen una bolsa de plástico que le cubre la cara y le corta la respiración, aun con las manos esposadas detrás de la espalda. En la desesperación, la lucha por respirar, por no morir, muerde y rompe la bolsa. Los agentes ministeriales se enojan más.

Le repiten que si no declara que es el jefe de una banda de extorsionadores van a matar a toda su familia. Y le ponen otra bolsa en la cabeza. Le quitan la bolsa, le abren la boca y le meten un gancho que jalan hacia arriba hasta que sangra el paladar. Entonces siente un golpe contundente en el oído izquierdo que lo cimbra todo, pierde el equilibrio, está aturdido y desorientado. No lo sabe ahora, pero no volverá a escuchar de ese lado. Ya no resiste más. Y acepta. Va a declarar por algo que no hizo, un delito que se paga con prisión vitalicia en este momento.

Entonces detienen la tortura, un agente ministerial escribe la declaración, lo que tiene que decir.

“Ya te la sabes, te tienes que declarar culpable con la lic. Sáenz, si no ya sabes lo que te va a pasar”, le dice el agente antes de dejarlo solo en una oficina.

Entra la que en ese momento es la coordinadora de la Defensoría de Oficio de la Fiscalía

Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Marisela Sáenz Moriel, para validar que la declaración de Alan es legal.

“A ver mijo, tan bonito y extorsionando. Dime cómo les decías a las personas cuando les cobrabas la cuota”, escucha todavía aturdido, desorientado y exhausto que le dice la abogada antes de encender la cámara.

Termina de confesar, apagan la cámara, y entonces lo conducen a donde la médico legista María Isabel Luna Salas. Mientras lo llevan, los agentes ministeriales le hacen saber sabe algo que ya intuye que tendrá que decir ahí: “Di que los golpes te los hiciste al momento de la detención, cuando corriste o que ya estaban desde antes, si no ya sabes”.

Alan siente mucho dolor en todo el cuerpo, pero el oído empieza a volverse insoportable, le supura agua y sangre. Y, sin embargo, le dice a la doctora Luna Salas que cada una de sus lesiones son de jugar futbol.

Vuelve a un cuarto donde lo dejan solo. Sale esporádicamente a firmar papeles que le piden.

Dos días después de haber ingresado lo sacan, no le dicen a dónde va, atraviesa los pasillos de la Fiscalía hacia la planta baja, entra a un cuarto lleno de reporteros de diversos medios de comunicación, es la sala de prensa, ahí ve a sus hermanos, encandilados frente a las luces de los flashes de las cámaras.

Y aunque todo se trate de una gran mentira gran parte de la sociedad se enterará de lo que reproducen los medios de comunicación, la historia en la que estos tres hermanos y su vecino conforman una peligrosa banda de extorsionadores que tenían bajo amenaza a más de 30 comerciantes que les entregaban una cuota semanal. Que Alan es el líder.

La imagen de los tres hermanos detenidos se repetirá una y otra vez en televisores, periódicos y páginas digitales de los medios locales y estatales.

Reproducirán el nombre completo de cada uno, sin importar que uno tenga 14 años, para ellos no habrá presunción de inocencia cuando los medios cuenten la historia de los tres hermanos que asolaban comerciantes, que reunieron más de un millón de pesos en seis meses, se aventurarán a decir.

A cada uno le pondrán un apodo y el apodo de Alan será el nombre de la banda. Habrá quienes publiquen incluso que el dinero que ganaba Alan lo gastaba en mujeres y cerveza.

A los tres hermanos y su vecino los detuvieron los agentes ministeriales:

David Cristóbal Rodríguez Castellanos. Quien hasta septiembre de este año aparece como agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a donde llegó luego de abandonar la FGE en 2018, de acuerdo con los registros de la última actualización en Plataforma Nacional de Transparencia.

José Manuel Castillo Perales, que sigue activo dentro de la Fiscalía Zona Norte, adscrito como policía de investigación.

Miguel Ángel Torres Camacho, en aquel momento agente ministerial.

Juan Manuel Molina García, también agente ministerial entonces.

Y Rosaura Luna de la Rosa, agente ministerial activo en la Fiscalía Zona Norte, quien cuenta con una Maestría en Derechos Humanos y Perspectiva de Género por la Escuela Estatal de Policía.

Todos ellos a cargo de Miguel Ángel Luna López, coordinador de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, de acuerdo con la última actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia.

En 2017 se hizo público un video en el que aparece Miguel Ángel Luna López interrogando a dos detenidos que se encuentran hincados en el piso, esposados con las manos hacia atrás y con vendas que cubren completamente su rostro y cabeza. Se trataba de José Manuel Amador Cháirez y José Alfredo Castañeda a quienes se sentenció a prisión vitalicia acusados de extorsión. José Alfredo murió en prisión antes de que el video saliera a la luz pública.

Miguel Ángel Luna López fue suspendido de su cargo; sin embargo, fue restituido a pesar de que la ONU incluyó su caso en su Informe 2017 sobre tortura.

Después de sufrir la tortura por parte de los agentes ministeriales Alan pasó con Marisela Sáenz Moriel, que entonces era la coordinadora de la Defensoría de Oficio en la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, para rendir su declaración autoincriminatoria.

Luego lo revisó la médico legista María Isabel Luna Salas. Y después fue presentado ante los medios de comunicación como culpable.

Luego los trasladan al Cereso Estatal 3, donde por protocolo debe revisarlos otro médico para establecer las condiciones en que ingresan los detenidos. De Alan el examen médico indicará que solo tiene una excoriación en la cara interna del codo derecho y una excoriación en la rodilla derecha. Consistente con lo que dice el imputado, es por jugar futbol. El médico no firma el examen con su nombre sino con el número de su cédula profesional, número a fin de cuentas, además, ilegible.

“La Ley General para la Tortura establece una responsabilidad penal para las personas que conocen de hechos de tortura y que son partícipes a pesar de que quizás no tengan un papel activo, pero que sí lo permitan, que sí omitan el dar aviso a las autoridades. Es toda una cadena que conecta a muchas partes”, dice la abogada Carla Palacios, defensora en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

Los nombres de las víctimas de tortura fueron cambiados por razones de seguridad. Mientras que los funcionarios públicos que se mencionan atraviesan uno o varios procesos de investigación dentro de la misma Fiscalía que no han concluido por lo que se presume su inocencia hasta que un jurado no dictamine lo contrario.

El relato se armó con base en los testimonios vertidos en el Protocolo de Estambul que se practicó en 2013, así como las diversas pruebas integradas en la carpeta de investigación a través de lo que se logró establecer la existencia de la tortura y la concordancia entre los hechos relatados y los resultados de los protocolos de Estambul lo que derivó en la liberación de los acusados. A casi diez años, las víctimas de tortura aun no reciben la indemnización que el Estado se encuentra obligado a entregar ni ven justicia ya que no se ha sentenciado a ningún agente involucrado en su tortura.

“Una persona torturada no tiene las mismas condiciones de acceso a la justicia. Y la violación de un derecho a cualquier persona es la violación de ese y otros derechos a otras personas porque van unidos, debemos luchar por todos los derechos para todas las personas”, señala Carlos Gutiérrez Casas, un abogado que fue visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde donde se emitieron recomendaciones contra la Fiscalía por tortura.

El Protocolo de Estambul es un manual de lineamientos internacionales para investigar y documentar los incidentes de tortura y otros tratos inhumanos o degradantes.

Una banda de secuestradores

A Emanuel –nombre cambiado por razones de seguridad– lo detuvieron agentes ministeriales mientras caminaba en la vía pública en la parte trasera de un centro comercial en el poniente de la ciudad. Tenía 20 años ese día del 2012. Lo metieron en una camioneta. Escuchó que le dijeron: “Ya mamaste”. Le levantaron la playera para cubrirle la cara y le empezaron a verter un líquido para limpiar pisos sobre el rostro para asfixiarlo.

Emanuel no sabía en ese momento que se trataba de agentes ministeriales.

Menos porque le dijeron: “Somos de La Línea” y cuando sonó su teléfono porque le llamaba su madre ellos contestaron y dijeron: “Si quiere volverlo a ver vaya a buscarlo al Camino Real, ahí lo va a encontrar hecho cachitos”.

De ahí se dirigieron a la Fiscalía General del Estado, en el eje vial Juan Gabriel y Aserraderos. En el recorrido le amenazaron para decirle lo que tenía que hacer. Debía declararse culpable de un secuestro, si no lo hacía iban a matar a su mamá, le aseguraron.

Una vez en la Fiscalía lo llevaron a un cuarto, recuerda, le vendaron los ojos, le quitaron la ropa y lo pusieron en la estructura metálica de un colchón. Después conectaron unos cables a la corriente y recibió descargas eléctricas hasta que se desmayó.

Cuando despertó notó que tenía las yemas de los dedos de las manos reventadas. Entonces uno de los agentes le aplicó descargas eléctricas en los testículos y después debajo de la lengua y volvió a desmayarse.

Despertó por el agua que le dejaban caer en la cara para cortarle la respiración. Le dijeron que si no se declaraba culpable, irían por su mamá, por su hermana y por su sobrina para violarlas. Le dieron patadas en el estómago y en el rostro hasta que perdió el conocimiento otra vez.

Estaba en una silla, aún vendado de los ojos. Le dijeron que como no había cooperado lo iban a dejar libre si lograba escapar, solo tenía que correr derecho lo más rápido que pudiera. Eso hizo. Pero estaba sentado frente a una pared. Oyó las risas y después más golpes.

Luego otro agente al que se referían como “Coma” le gritó que abriera los pies y le pateó los testículos hasta que no soportó más.

Aceptó declararse culpable.

Entonces le dijeron todo lo que tenía que declarar y lo llevaron con la licenciada Marisela Sáenz Moriel, coordinadora de la Defensoría de Oficio. Emanuel tenía un prominente hematoma en el ojo derecho provocado por golpes contusos, según desprendió después el Protocolo de Estambul, además de quemaduras en diversas partes del cuerpo y otros golpes.

Incluso así aparece en el video de la confesión declarando visiblemente adolorido.

Luego pasó con la médico legista Gabriela Lizeth Flores Solís, quien determinó que Emanuel tenía lesiones de cráneo región frontal, equimosis cara lado derecho con equimosis palpebral, mejilla izquierda, brazo izquierdo, hombro izquierdo, rodillas, región dorsal de espalda.

“Se describe el origen de las lesiones a causa de una caída de su propia altura el día anterior a su arresto”, asentó la médico.

Emanuel, se ve en el video, no podía abrir uno de los ojos debido a lo hinchado de su piel.

A Emanuel lo detuvieron, de acuerdo con la carpeta de investigación:

Aldo Ulises Fierro Trevizo. Agente ministerial que se encuentra prófugo luego de abandonar su trabajo cuando se le acusó por el homicidio de César Hernández Sustaita, detenido y asesinado a golpes dentro de la Fiscalía en Ciudad Juárez el 13 de junio de 2018. Por este delito se detuvo en enero de 2019 a Abel Eduardo García Campos, a quien se le abrió un proceso por homicidio.

Fierro Trevizo, tenía antecedentes también por arrollar y matar a un peatón mientras conducía en estado de ebriedad en 2012, ya como agente ministerial. A pesar de que el coordinador de la Unidad Modelo de Combate al Delito de Secuestro en ese momento era el actual fiscal Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón, cuestionado al respecto por este caso y por este agente en particular dice no recordar conocerlo.

Vicente Venegas Burciaga, en ese momento agente ministerial, se fue de la institución en 2016 para integrarse como policía municipal a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en 2017 fue sancionado por no presentar su declaración patrimonial argumentando conflicto de interés sin decir qué conflicto específico. Regresó en 2020 para ejercer como psicólogo clínico de atención a mujeres víctimas del delito por razones de género en la Fiscalía Especializada de la Mujer Zona Norte, en donde labora hasta ahora y donde tampoco ha presentado su declaración patrimonial, de acuerdo con los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Alejandro Ólea Nárvaez, que se encuentra activo como suboficial de investigación en la Fiscalía en Operaciones Estratégicas Zona Norte.

Héctor Alonso Rodríguez Cervantes. Ex agente ministerial.

Carlos Humberto Campos Morales. Ex agente Ministerial.

Eduardo Bernabé Campos. Ex agente ministerial que coordinó la Unidad Antisecuestro durante 2015. Actual psicólogo clínico en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Delicias.

Christian Miguel Chacón. Actual suboficial en el Órgano de Control Interno, departamento que se encarga de investigar a los agentes ministeriales señalados por tortura. Dejó la FGE un tiempo, fue director de la Academia de Policía Municipal antes de regresar a Fiscalía en 2019.

Los ministerios públicos que armaron el caso en contra de Emanuel y quienes tomaron su declaración fueron Luis Aguirre Valenzuela, que sigue activo en la Unidad Modelo de Atención al Delito de Secuestro, y José Luis Mendoza Márquez, actual coordinador de esa unidad.

De acuerdo con el fiscal Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco, de existir la tortura tendrían recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos u otros organismos de derechos humanos.

“Estoy seguro, si existieran esas investigaciones”, dice Carrasco Chacón, “que tendría que haber forzosamente procesos penales en contra de las personas que me mencionaste o de algunas otras que hayan formado en su momento parte de estas unidades, incluyéndome incluso yo que fui titular de la Unidad Antisecuestro aquí en Ciudad Juárez”.

“Te aseguro, tengo la certeza, de que ya tendríamos recomendaciones de la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana”, afirma el fiscal. “La Fiscalía General del Estado, a través de Control Interno, estaría siendo pasiva en no actuar al respecto”.

Por este caso específico que involucra al fiscal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la Recomendación 87/2017. Y por el caso anterior hubo un pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Hasta el momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos acumula 254 quejas por tortura en la Fiscalía General del Estado, de 2014 a la fecha, solo en Ciudad Juárez. Mientras que en el estado, para autoridades de los tres niveles, acumula 868.

Sin embargo de acuerdo con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz es difícil dar un seguimiento a las recomendaciones, pero considera que los casos que concluyen en una sentencia condenatoria por la vía penal son casi inexistentes.

Sobre esto que califica como “lamentable”, dice que “es preocupante porque nosotros tenemos conocimiento de varios casos donde está plenamente evidenciado los actos de tortura”.

A Emanuel lo presentaron ante diversos medios de comunicación en la Sala de Prensa de la Fiscalía en Ciudad Juárez. Lo pusieron junto a personas que no conocía y que nunca había visto. Los presentaron como una banda de secuestradores. Y después lo trasladaron al Cereso, donde pasó más de tres años detenido. Hasta que se pudo probar que fue obligado a declarar por un delito que no cometió a base de tortura.

El nombre de Emanuel fue cambiado por razones de seguridad. Mientras que los funcionarios públicos que se mencionan atraviesan uno o varios procesos de investigación dentro de la misma Fiscalía que no han concluido por lo que se presume su inocencia hasta que un jurado no dictamine lo contrario.

El relato se armó con base en los testimonios vertidos en el Protocolo de Estambul que se practicó en 2013 así como las diversas pruebas integradas en la carpeta de investigación y en la recomendación de la CEDH a través de lo que se logró establecer la existencia de la tortura y la concordancia entre los hechos relatados y los resultados de los protocolos de Estambul lo que derivó en la liberación del acusado.

El Departamento de Psicología del Poder Judicial del Estado ha realizado en los últimos tres años 197 protocolos de Estambul, 165 de ellos han resultado positivos.

“El impacto de la tortura es terrible. Lo que pasó es un ser humano que trató de ser aniquilado por otro ser humano. Entonces es un ser humano que tiene que reconstruirse. Es reconstruirse día con día. Los familiares nos dicen ‘es otro mi hijo, no es la persona que se fue’. Y claro, es una persona que perdió la esperanza, el derecho a la justicia. Hay una afectación emocional, una afectación física. Tarda años para que una persona se vaya reconstruyendo, pero afortunadamente los seres humanos tenemos esa capacidad de ponernos de pie y seguir adelante”, comenta Silvia Méndez, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

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Este trabajo fue realizado por La Verdad con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.