Ciudad Juárez, Chihuahua.— Más del 50 por ciento de las personas privadas de su libertad en Chihuahua han sufrido un acto de corrupción dentro de algún penal estatal, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, que genera información sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de las personas en centros penitenciarios, muestra un aumento en el número de casos dentro de los Centros de Reinserción Social (Cereso) estatales. La última actualización de la ENPOL indica que durante el año pasado hubo 950 denuncias de actos de corrupción en contra de las personas privadas de su libertad en el interior de los centros penitenciarios (incluye solo al Cereso Estatal 1 de Aquiles Serdán y el Cereso Estatal 3 de Juárez). Estas representan el 52.6 por ciento de mil 807 denuncias de las víctimas de algún acto de corrupción desde su arresto en contra de las autoridades judiciales y penitenciarias. La última actualización representa un aumento con respecto a lo reportado en la ENPOL 2016, cuando hubo 329 denuncias de casos de corrupción. La ENPOL 2021 muestra el momento de la ‘Detención’ (sin especificar el tipo de autoridad involucrada) en segundo lugar con 626 denuncias de actos de corrupción, el ‘Ministerio Público’ en tercero con 489, y el ‘Juzgado’ en último con 224.
Agresiones sufridas durante detención
La ENPOL 2021 también reveló que 4 mil 199 de 9 mil 542 personas recluidas en Chihuahua sufrieron agresiones físicas que fueron permitidas o cometidas por la policía o autoridad en su contra después de la detención. Desde golpes con las manos y objetos, el impedimento de la respiración con bolsas, descargas eléctricas hasta quemaduras, son algunas de las agresiones por parte de las autoridades de seguridad pública e investigación reportadas por las personas privadas de la libertad en los Ceresos Estatales. Por otra parte, 5 mil 579 personas sufrieron algún tipo de acto de violencia psicológica que fueron realizados o permitidos por la policía o autoridad después de la detención, mismas que van desde la incomunicación hasta amenazas con hacer daño a un familiar.
