julio 5, 2024

Impugnará Ayuntamiento reforma constitucional del Sistema Estatal Anticorrupción

Esperan que el Congreso del Estado modifique el decreto de la reforma constitucional, para que los síndicos no lleven el control interno de los municipios y la vigilancia de la cuenta pública.

El Ayuntamiento de Juárez impugnará la reforma constitucional que integraría el Sistema Estatal Anticorrupción, específicamente en lo que se refiere al órgano de control interno municipal, puesto que de acuerdo con la reforma será desempeñado por los síndicos de cada municipio.

Con 16 votos a favor, el Cabildo le otorgó las facultades al secretario del Ayuntamiento y al presidente municipal para que ejerza recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar partes de la reforma constitucional para crear el Sistema Estatal Anticorrupción.

La regidora Laura Tapia criticó esta iniciativa presentada por Armando Cabada Alvídrez, presidente municipal, pues la actual administración municipal supone ser transparente y estar de acuerdo con la rendición de cuentas, lo cual se contrapone con la impugnación que se estará realizando los próximos días, de acuerdo con la edil.

En sesiones anteriores de Cabildo, se había hecho un exhorto al Congreso del Estado para precisar la “incompatibilidad técnica” del órgano de control interno municipal y cuenta pública. Este órgano de control sería desempeñado por los síndicos municipales, sin embargo, algunos regidores de la fracción independiente y del Partido Verde Ecologista de México señalaron que es necesario designar a una persona ajena a la administración municipal, con conocimientos técnicos en fiscalización y que sea sujeto de sanción.

Los regidores de la fracción independiente mencionaron no estar en contra del Sistema Estatal Anticorrupción, sino únicamente en lo que al órgano de control municipal se refiere. Por su parte las regidoras del PRI, Laura Tapia y Seidy Medina comentaron que se trata de una acción en contra del síndico actual.

De prosperar el recurso legal interpuesto por el Ayuntamiento, “se blindaría el municipio y los 67 municipios del estado, ya que se obligaría a que el Congreso del Estado modifique el decreto”, según un boletín del Municipio.