Ciudad Juárez, Chihuahua.— El candidato a diputado federal por Morena en el Sexto Distrito de Chihuahua, Carlos Borruel Baquera, dijo este lunes 5 de abril en un evento de campaña que una de sus propuestas es imponer cadena perpetua y castración química a personas reincidentes halladas en los delitos de violación, feminicidio, trata de personas y pederastia. “Aprovecho la plataforma que se me está brindando en Morena para anunciarles una de las propuestas en las que ya estamos trabajando, que se llama Violencia sin Reincidencia. Es una Reforma al Código Penal y una Iniciativa de Ley, cuyo objetivo es que a los violadores, a los feminicidas, pedófilos, tratantes de blancas y pederastas se les imponga la pena máxima de cadena perpetua y la castración química como sanción o medida de seguridad para prevenir los delitos sexuales”, dijo. “En México quiero decirles que solo está autorizada la multa y pena de prisión por el delito a pederastia, una prisión de 9 a 18 años; mientras que el delito de violación se encuentra penado con una condena de 8 a 20 años, solamente eso, pudiendo incluso el autor del crimen quedar bajo tratamiento médico integral por el tiempo en que requiera, mientras que las víctimas en este proceso son una y otra vez revictimizadas. Hoy vamos a proteger a las mujeres y también vamos a garantizar un tratado y un tratamiento médico para los violadores, pero a través de la castración química”, mencionó. La castración química es un tema que se ha vuelto recurrente entre candidatos y diputados en el estado de Chihuahua. Incluso es un tema ya rechazado por el Congreso del Estado, pero ¿es viable? De acuerdo con especialistas y derechohumanistas no es viable jurídicamente, ya que se contrapone a principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, así como a diversos lineamientos internacionales con los que México tiene ratificado su adhesión y compromiso. “Es una propuesta que se ha venido dando desde hace tiempo, ha sido rechazada y va seguir siendo rechazada porque contraviene los derechos humanos, ya que los castigos nunca deben ser humillantes o mutilantes. La Constitución no permite castigos degradantes”, dijo el doctor en Psicología y sexólogo Efraín Rodríguez Ortiz. “Además, esta propuesta no disminuiría los índices de violaciones. Hay muchas formas de cometer violación y no requieren un pene erecto. Quien propone esto lo hace desde la más absoluta ignorancia. Es una propuesta muy demagógica que va dirigida al miedo de los votantes. Están proponiendo situaciones totalmente irrealizables”, dijo el doctor. Rodríguez Ortiz opinó que la solución no es atacar el órgano en el que un sujeto ha canalizado su violencia sino la violencia misma, pues de otra manera esta continúa, incluso con una mutilación química. Por otro lado, el visitador titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, Eduardo Sáenz, consideró que: “Esta práctica se contrapone con todos los principios establecidos en nuestra propia Constitución y en general los lineamientos generales con los que México está comprometido. En la Convención para Prevenir o Erradicar la tortura, una alteración orgánica que pueda sufrir un individuo puede llegar a considerarse una tortura”. Añadió que la implementación de esta técnica pondría en duda los principios del sistema de reinserción social a través del que se busca la reintegración de los individuos a la sociedad, pues no se tiene la certeza de los efectos que este tratamiento dejaría en los sujetos.
¿Qué dijo el Congreso del Estado de Chihuahua?
De acuerdo con la respuesta que el 19 de septiembre de 2019 dio la Comisión de Justicia del Congreso chihuahuense al diputado Alejandro Gloria González, quien presentó una iniciativa similar, esta práctica resulta degradante e inhumana y contraviene lineamientos nacionales e internacionales de apego a los derechos humanos. Para contextualizar, la Comisión de Justicia citó el Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que refiere que: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”. Asimismo la Comisión refirió que por pena inusitada la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que “en su acepción constitucional, debe entenderse aquella que ha sido abolida por inhumana, cruel, infamante y excesiva o porque no corresponde a los fines que persigue la penalidad”. Respecto al tratamiento médico de “castración química”, que se refiere a un proceso con el que a través de medicamentos se busca reducir la libido y minimizar la actividad sexual del individuo, la Comisión argumentó que no es posible determinar que no quedaran secuelas o consecuencias en el cuerpo de la persona. Y que, “con independencia de ello, si uno de los fines que persigue la pena es la reinserción social de la persona, en el momento de aplicar la ‘castración química’ se podría estar restringiendo el derecho que tienen las personas a fundar una familia, de acuerdo al artículo 17.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala: Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por la leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención”. También se citó el Artículo 18 de la Constitución federal en que se establece que el sistema penitenciario se organizará con base en el respeto a los derechos humanos. “Si durante las actividades y programas desarrolladas en internamiento se le aplica un tratamiento supresor de andrógenos, este no cumple con la finalidad de la pena, primero, porque cuando concluya su sanción dejará de consumir el tratamiento y por ende, su libido volverá a la normalidad. En consecuencia, si aquella parte de interacción familiar fue suprimida o disminuida en reclusión, al momento de retomar su libertad, podría complicarse integrarse nuevamente a la vida en familia (…) podemos afirmar que no cumple con la finalidad de la pena, porque si la sanción es vitalicia, nunca podrá volver a la sociedad; por ende no habría justificación para imponer la castración química”, se determinó. También se citó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificada por México y en vigor desde el día 28 de febrero de 1987, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica. “Es por todo lo anterior que la castración química como pena podría ser inusitada, al limitar su derecho a fundar una familia, debido a que no corresponde a los fines que persigue la penalidad respecto a la reinserción social del sentenciado; con fundamento en lo que expresan los artículos 22 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5.6 y 17.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, explicaron los integrantes de la Comisión de Justicia. No sólo el Congreso del Estado de Chihuahua se ha posicionado en contra de esta acción: también lo hizo el presidente de la República y fundador del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, al que en esta ocasión pertenece el candidato Carlos Borruel Baquera, anteriormente militante del PAN. “Ninguna medida de ese tipo es solución. Hay que atender las causas”, respondió al cuestionamiento de si estaría de acuerdo con esta práctica, durante la conferencia mañanera del 7 de diciembre del 2018. El primer registro que se tiene de esta propuesta en el estado de Chihuahua corresponde a Jesús Eduardo Mariscal Ojeda, candidato del Partido del Trabajo a diputado en 1997, de acuerdo con registros hemerográficos. En 2005 la presentó la diputada Victoria Chavira, del PAN y en 2014 Fernando Reyes Ramírez, de Movimiento Ciudadano, sin que la propuesta llegara al pleno del Congreso. En 2018 Alejandro Gloria, del Partido Verde Ecologista de México, retomó la propuesta que finalmente fue desechada por la Comisión.
