Ciudad Juárez, Chihuahua.— Las medidas anunciadas por el alcalde Armando Cabada Alvídrez para restringir la circulación de vehículos a partir de las diez de la noche rebasa las facultades del Gobierno Municipal, viola derechos humanos fundamentales y contraviene las recomendaciones del Gobierno Federal, de acuerdo con especialistas y con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Se debe de ser muy cuidadoso con en el alcance de dichas medidas. Es decir, el aplicar una especie de toque de queda es una medida que tiene que ver con una suspensión de derechos, y no es lo mismo una emergencia sanitaria que sí permite restringir ciertos derechos a un estado de excepción donde ya hay una suspensión de derechos y sus garantías, lo que conocemos como un toque de queda. Y esta situación, hay que ser muy claros, escapa totalmente de la atribución de las autoridades municipales. Un estado de excepción, una suspensión de derechos, exclusivamente el Ejecutivo federal lo puede hacer incluso con la aprobación del Congreso de la Unión”, dijo al respecto el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz Loya.
Armendáriz Loya comentó que hay un antecedente de otro municipio en el estado que implementó medidas parecidas y se hizo merecedor de una queja por parte de la CEDH. “Deberíamos todos adoptar las medidas preventivas por salud, sin embargo, hay personas que no atienden y sí es importante que se insista pero desde otra vía más disuasiva, no como para llegar a imponer un toque de queda. Esas son palabras mayores y no se puede llegar a eso, a una especie de criminalización por el hecho de deambular o de circular a determinadas horas”, dijo el presidente de la CEDH.
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Por su parte, el abogado Cesario Tarín Valdés, del Instituto para la Ciudad y los Derechos Humanos, dijo que no es necesario que se apliquen sanciones económicas o administrativas para caer en una violación a los derechos humanos, ya que al momento de decretar la detención de cualquier vehículo después de las diez de la noche, aseguró, es un acto de hostigamiento y por lo tanto una violación por parte de las autoridades.
“Son medidas totalmente inconstitucionales y violatorias de derechos humanos por parte de la administración de Armando Cabada”, dijo el derechohumanista.
De acuerdo con el abogado Tarín Valdés, las medidas adoptadas por el Municipio violan los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), que se refieren a lo derechos a la libertad personal y las garantías judiciales.
Por otra parte se están violando los derechos al libre tránsito y a la libertad de asociación, dijo el director de la organización Ciudadanos para una Mejor Administración Pública (CIMAP), Hernán Ortiz Quintana.
“Apoyados en la ignorancia, se toman decisiones de manera arbitraria sin pensar que realmente sea lo mejor para la comunidad”, mencionó Ortiz Quintana.
Asimismo, el Gobierno Federal se publicó el 30 de abril un exhorto a los gobiernos municipales para que eviten violar derechos humanos durante esta contingencia sanitaria, derivada del contagio de la enfermedad COVID-19:
“La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, hace un llamado a las autoridades estatales y municipales para que no apliquen medidas que restrinjan derechos de las personas durante el periodo de la pandemia a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19), además de asegurarse que tienen competencia explícita y que dichas medidas son proporcionales (…) La emergencia sanitaria no representa el establecimiento de un estado de excepción y suspensión de garantías”, se lee en el comunicado oficial de la Federación.
El Presidente Municipal anunció en rueda de prensa esta viernes la restricción de la circulación vehicular después de las 10 de la noche para traslados no esenciales.
Cabada Alvídrez precisó que elementos de la Policía Municipal y de la Coordinación de Seguridad Vial revisarán a los vehículos que circulen después de la hora señalada y, en caso de que el traslado que realicen sea esencial (para comprar alimentos de primera necesidad o recibir atención médica), los escoltarán hasta su destino.
“Todo vehículo que sea observado en circulación será escrupulosamente revisado para verificar los motivos de la circulación vehicular, que sean para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad, acudir a hospitales o establecimientos sanitarios para atender a adultos mayores, menores de edad o dependientes con alguna discapacidad”.
La Coordinación de Comunicación Social del Municipio de Juárez publicó un comunicado a través del cual expresa que las medidas adoptadas no son un toque de queda, sin embargo, para los especialistas se trata de una clara violación a los derechos humanos de las y los ciudadanos.
