Ciudad Juárez, Chihuahua.— Rogelio sale del almacén a las nueve de la noche después de hacer el inventario. Es 15 de julio de 2010. Las cámaras de la bodega acompañan su recorrido a la salida. Se siente cansado. Hizo cinco horas más de lo acostumbrado, pero así son los inventarios y le pagan por el tiempo extra. Llega a la casa de sus suegros, se sienta. Cerca de su esposa y su hijo ve en la pantalla de la televisión las imágenes que no han parado de repetirse en la última hora: Un automóvil con explosivos en su interior fue detonado en la zona Centro de la ciudad. Hay un auto en llamas en plena avenida, cuerpos que no se mueven en el pavimento, policías federales que no saben qué hacer. Un reportero que graba todo está herido y en un principio no se da cuenta. Es 15 de julio de 2010. Cuatro años antes, un hombre se puso una guerrera verde cuyas mangas le podían cubrir las manos, una gorra militar y declaró que el Estado estaba en guerra con el narcotráfico. Ese hombre es el presidente de la República Mexicana. Lo era también el 27 de marzo de 2008, cuando inició el Operativo Conjunto Chihuahua, segundo estado de la República en militarizarse. Y lo es este 15 de julio de 2010 en que se registra lo que es considerado el segundo acto de narcoterrorismo del país. Felipe Calderón Hinojosa es el Presidente de la República esta noche en que Rogelio mira la pantalla, el auto en llamas, los cuerpos sin vida. Rogelio sigue viendo el noticiero, convencido de que es una manera efectiva de acercarse a una realidad tangible, innegable. Porque Rogelio cree en los noticieros esta noche del 15 de julio, antes de irse a dormir para trabajar al siguiente día. Algo cambia de un lado a otro de una pantalla. Rogelio entra al hangar de la Policía Federal en la Ciudad de México. Los agentes disponen el escenario para él y otras cuatro personas. Ellos son el espectáculo. Decenas de reporteros detrás de un listón de tela azul les gritan para que volteen a sus cámaras .“No te hagas pendejo, ¡voltea!”, recuerda Rogelio escuchar las voces y las luces de aquel espacio, cegándolo. Un policía está atrás de cada uno de ellos. Acomodados para las cámaras, para que sus rostros se difundan por todo el país, e incluso el mundo. Así son los rostros de cinco delincuentes, sicarios, pertenecientes al grupo La Línea, del Cártel de Juárez, fundado por Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. O así dice la Policía que son los rostros. Hay todo un discurso armado: La Línea, el Cártel de Juárez, Amado Carrillo. Palabras clave que se difunden a través de esas cámaras hacia todo el mundo. Sicarios. Miedo. Rogelio no sabe qué hace aquí. Apenas se da cuenta de qué lo acusan, de la gravedad del asunto. Él vio muchas veces a otros hombres esposados frente a otros policías cubiertos del rostro. Vio muchas veces las noticias y pensó, o dice que pensó, “en algo andaban”, “qué bueno que los agarraron”. Pero. ¿Y si les pasó lo mismo que a él? Al otro lado de la pantalla es seguro que alguien piensa, “en algo andaban”, “qué bueno que los agarraron”. Aún no son las ocho de la mañana del 13 de agosto cuando Luis Cárdenas Palomino, director de la División Regional de Seguridad de la Policía Federal, camina hacia el estrado para leer el comunicado, la única verdad para la que habrá lugar esta mañana en el hangar de la Policía Federal. Dice que estos hombres son sicarios de La Línea, que asesinaron a dos policías federales, que desmembraron a uno, que extorsionaron, robaron, llevaban armas de uso exclusivo del Ejército, explotaron el coche bomba, que “levantaron a una persona” y que violaron a una menor de edad. De todo eso se les acusó, al menos frente a las cámaras. En el Ministerio Público nunca se les pudo acusar del coche bomba, ni de la violación, ni de delito alguno, pero para eso no se hizo una rueda de prensa. El espectáculo se vuelve diálogo entre reporteros y Luis Cárdenas Palomino. El funcionario dice que todo se está investigando pero que hay pruebas que los vinculan. Se está investigando, todavía, pero son culpables, seguro, o casi. Esto es un diálogo, pero nadie le pregunta a los detenidos. Ellos no hablan. Para ellos no hay réplica. Guardan silencio y ven a las cámaras, nada más. 
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Es de noche. Rogelio toma cerveza, se ríe con sus amigos. Apenas pasan de las nueve de la noche, sube a un vehículo para acompañar a uno de ellos a dejar dinero para su hijo. Dos camionetas de la Policía Federal se abren pasó entre la oscuridad de la zona sur de la ciudad y dan con ese vehículo en el que van cinco hombres. Prenden las luces de las torretas para indicarles que se detengan. Preguntan a dónde se dirigen, a qué se dedican, cosas que podrían parecer nimiedades o que pueden dar el perfil de una persona. Les dicen que los van a llevar a detenidos por encontrarse en estado de ebriedad. Rogelio piensa que los entregarán a la Policía Municipal y que saldrán en unas horas. Eso piensa hasta que llega a las instalaciones de la Policía Federal. A las víctimas de tortura se les llama sobrevivientes. Rogelio Amaya Martínez, Noé Fuentes Chavarría, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí están en el interior del edificio de la corporación encargada de brindar seguridad, sobreviviendo a cada golpe, al plástico con el que les cortan la respiración, a la herida que dejó la punta del arma que le introdujeron a uno de ellos, a las amenazas, al miedo, la vergüenza, la rabia, la impotencia. Una víctima de tortura nunca vuelve al estado anterior a esta violencia, dice Maricela Vázquez Sánchez, abogada defensora en el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, una organización dedicada al acompañamientos de familiares y víctimas de tortura y desaparición forzada. Rogelio, Noé, Víctor, Gustavo y Ricardo ya no son Rogelio, Noé, Víctor, Gustavo y Ricardo. No son los mismos cuando aceptan hacer lo que los policías les piden, lo que sea, para detener el sufrimiento. El 12 de agosto los llevan al aeropuerto. Después de casi 24 horas de tortura suben al avión cuyo vuelo fue programado para trasladar a la Ciudad de México los restos de un policía federal asesinado. Dentro de unas horas serán, para el mundo, los responsables de asesinar al policía cuyos restos viajaban en el mismo avión. Rogelio ya no es noticia para cuando termina su arraigo. Ahora es un número: el preso 2901 del penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit. Sale al patio 15 minutos cada 24 horas. Habla con su familia una vez a la semana. Lo visitan dos veces. Más de mil días que de apoco lo consumen, lo rompen, lo revientan. Cada hora que pasa desaparece algo, algo adentro de él es un fantasma. Rogelio es un fantasma. “Y duré cuatro años”. La oración de Rogelio es una isla rodeada de silencio.
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Una mujer conduce el noticiero más visto de Ciudad Juárez. Dice que los acusados obtuvieron su libertad luego que el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte los defendiera.
“Por esta defensa básicamente podrían estar dejando a asesinos en libertad. La pregunta aquí ¿es cuántos más van a quedar en libertad, no porque sean inocentes, sino por cómo trabajó la autoridad?”.
Las imágenes del auto en llamas y después la de los detenidos en el hangar bombardean la ciudad todo el día.
“Quedaron básicamente como inocentes palomitas, no puede ser”, dice la conductora.
“En los medios de comunicación ves cómo exponen a la gente toda golpeada y decían los mismos conductores que se lo merecen, que en algo andaban, ya juzgando y dando la sentencia. Veíamos a Cabada diciendo prácticamente que, aunque salieron con el protocolo de Estambul. son unos malditos. Oías, por ejemplo, a Palomino decir aquí están los perpetradores del coche bomba. Pero detrás de eso hay una tortura”, dice Diana Morales, abogada defensora de los inculpados. Un conductor, particularmente, recuerdan Rogelio y Diana, repitió una y otra vez que los detenidos eran culpables. Ese conductor es Armando Cabada Alvídrez, actual Presidente Municipal de Juárez.
“Yo lo invité (a Cabada), le dije ‘lo invito a usted a que venga y lea el expediente’, después de que hizo esas afirmaciones tan temerarias. Porque los muchachos en ese momento corrían riesgo, un riesgo inminente porque por ese caso se metieron a Paso del Norte, amenazaban a la mamá de Víctor y Gustavo. No era un juego y este señor que no conectaba el cerebro con la boca, pues, después de que yo le dije que lo responsabilizaba si algo les pasaba por haber hecho ese comentario, le bajó un poquito de tono”, cuenta Diana Morales.
De 2014 a lo que va de 2019, la Fiscalía del Estado de Chihuahua ha abierto 938 carpetas de investigación contra agentes por el delito de tortura: 378 contra la Policía Municipal y 560 contra agentes estatales. En el mismo periodo hay un total de cero sentencias. Es decir, la tortura en los últimos cinco años tiene un 100 por ciento de impunidad. Ser policía y ser sentenciado por torturar a un detenido, es, hasta ahora, prácticamente imposible. El 14 de octubre se publicó un video en el que policías municipales cortaban la respiración a un detenido. No hay detenidos a pesar de que el Presidente Municipal dijo que tenían identificados a los agentes. En el caso de Rogelio tampoco hay un solo detenido.
“No hay un verdadero acceso a la justicia por parte de las víctimas, el hecho de que no haya una sola sentencia condenatoria es un claro indicatorio de que no se está castigando. Al ver que no hay ninguna consecuencia se eleva el uso de estas prácticas”, dice el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Loya Armendáriz, donde tienen 271 quejas interpuestas contra autoridades estatales y municipales en lo que va de 2019.
“Se supone que un verdadero periodista está para informar ante la sociedad los problemas que hay, no para culpar a nadie, no para engañar a nadie, no para ser la tapadera de estos gobiernos que nos quieren hacer creer que están haciendo bien las cosas”, dice Rogelio, sentado frente a una mesa junto a su esposa. Y pregunta, como a sí mismo, “¿por qué a mí no me dejaron contaron mi historia, por qué para mí no hubo ese derecho?”. “Después de una experiencia así ya nada vuelve a ser normal para nadie de la familia. El sistema es para destrozar a las personas, esto fue fabricado para destrozar familias. Y no nada más para cuando estás en la cárcel, sino para que cuando salgas no tengas las fuerzas para pelear, para seguir luchando. Es un sistema para destrozar”.
