Ciudad de México.– A 15 años de su creación, el Servicio Jesuita a Migrantes México (SJM-México) urgió al Estado mexicano a poner en marcha un registro público nacional de detenciones migratorias debido a que en la mayoría de los reportes de desaparición las personas migrantes están retenidas en alguna estación migratoria.
La organización informó este miércoles en el “Informe sobre Desaparición de Personas Migrantes en México” –que muestra los resultados de su Programa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas (PBPMD)– que atendió mil 280 casos de personas desaparecidas desde 2007, siendo los años 2018, 2019 y 2021 los años con mayor número de solicitudes recibidas.
De los mil 280 casos de personas desaparecidas atendidos por el SJM-México, el 71 por ciento son de centroamericanos, el 22 por ciento de mexicanos y 7 por ciento de sudamericanos; el 86% con edades entre los 18 y 59 años, en su mayoría hombres (74%) y como lugar de destino Estados Unidos (96%).
El SJM-México señaló que alrededor del 75 por ciento de las personas localizadas en México se encontraban detenidas en alguna estación migratoria o estancia provisional en Chiapas y Tabasco, lo cual implica que la detención e incomunicación de personas alojadas en estos espacios se ha convertido en una de las principales fuentes de desaparición.
“Las personas migrantes detenidas son, por lo general, privadas de su derecho a comunicarse con sus familiares y amigos, por lo que pierden el contacto con ellos ya sea en lugares de origen o de destino, quienes entonces proceden a levantar un reporte de búsqueda temiendo que lo peor pueda haberles pasado”, sostiene la organización jesuita.
Por ello, el SJM-México enfatizó en la urgencia de poner en marcha un registro público nacional de detenciones migratorias que permita que familiares de personas migrantes desaparecidas y quienes las acompañan en la búsqueda puedan acceder a información vía remota sobre su posible paradero en un centro de detención o emprender las acciones necesarias para su búsqueda por otros medios.
El informe indica que La Ley Nacional del Registro de Detenciones (publicada en mayo de 2019) no solo mandata la creación de un registro de detenciones y la creación de un Sistema de Consulta del Registro accesible a cualquier persona, sino que en su artículo octavo transitorio también mandata la creación de un registro de personas migrantes detenidas, sin embargo, no ha sido puesto en marcha.
La organización señala que los principales retos para comunicar el tema de desaparición son: la falta de acceso a la información, la cobertura permanente y constante del tema, la persecución por parte de autoridades.
Así mismo, señala urgió al Estado mexicano incluir en con políticas públicas para que las autoridades competentes intervengan y lleven a cabo acciones para prevenir la desaparición de personas migrantes.
“Por ejemplo, a través del establecimiento de rutas seguras y de acceso a información para las personas en tránsito, erradicación de la criminalización de las personas migrantes para facilitar la presentación de denuncias por la comisión de delitos, acceso efectivo a la justicia”, menciona el informe.
