Un juez federal negó a Gloria Liliana R.G. llevar en libertad el proceso penal en su contra por el incendio en la estación de Migración, donde murieron 40 migrantes extranjeros en Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023; sin embargo, abrió la posibilidad de que deje la cárcel en marzo del próximo año
Por Rocío Gallegos / La Verdad Juárez
Tras negar la suspensión de la prisión preventiva a Gloria Liliana R.G., la agente del Instituto Nacional de Migración (INM) acusada de homicidio por la muerte de 40 migrantes extranjeros en el incendio de la estancia migratoria en Ciudad Juárez, un juez federal abrió a la imputada la posibilidad de que deje la cárcel en marzo del próximo año.
En una audiencia celebrada la tarde de este jueves a petición de la acusada, quien solicitó una revisión a su medida cautelar debido a que desde marzo pasado transcurrió el plazo constitucional de dos años, el juez Víctor Malio Hernández Calderón negó a Gloria que lleve en libertad el proceso penal abierto en su contra por el incendio del 27 de marzo del 2023 en la estancia migratoria.
Hernández Calderón dijo que el proceso contra ella es un asunto complejo y justifica que se prolongue la prisión preventiva por la cantidad de víctimas de distintos países, pero consideró que la medida debe acotarse, pues “no debe tener un plazo abierto” hasta que se resuelvan los pendientes del caso.
La prisión preventiva “no debe prolongarse un año más en su contra”, dijo el juez dirigiéndose a Gloria, para luego precisar que este nuevo periodo comienza a correr a partir del 31 de marzo del 2025, fecha en la que se cumplió el plazo de dos años de esa medida cautelar impuesta en 2023.
Considerando la resolución del juez y las fechas mencionadas, Gloria Liliana puede dejar la cárcel en unos ocho meses, es decir, en marzo del 2026.
El juzgador consideró que en este nuevo plazo el Ministerio Público federal debe hacer todo lo que esté a su alcance para que la imputada sea sentenciada.
Tras emitir su fallo, el juez preguntó a la imputada si tenía algo que comentar, pero esta respondió: “nada, señor juez”.
Gloria Liliana R. G. estaba presuntamente como encargada de la estación migratoria del INM en la ciudad durante el horario en el que ocurrió el incendio, junto con Rodolfo C. de la T. Ambos están en prisión, acusados por los delitos de homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión, es decir, por presuntamente no cumplir como garantes o responsables de la seguridad de quienes se encontraban en la estación migratoria el 27 de marzo del 2023. También se les acusa de por no haber auxiliado a las víctimas que estaban encerradas bajo llave.
La tarde de este jueves, el abogado defensor de Gloria Liliana pidió que se levantara la prisión preventiva contra su representada y se le pusiera en libertad a cambio de otras medidas cautelares, aunque no mencionó ninguna.
“La prisión preventiva oficiosa tiene un plazo constitucional, no puede prolongarse por más de dos años o 24 meses, tiene un tope, un límite”, dijo Luis Alejandro Villalobos Frescas, defensor de la acusada, quien fue vinculada a proceso el 4 de abril del 2023, junto a otros funcionarios del INM, bajo la causa penal 216/2023.
Consideró que al prolongarse la prisión preventiva se está vulnerando la seguridad de su representada y su presunción de inocencia. “No hay certeza de cuánto más pueda seguir detenida”.
Los representantes del Ministerio Público (MP) federal y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como el abogado Marcos Edgar Zavala Cruz, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organización representante de ocho sobrevivientes y nueve núcleos familiares de víctimas fallecidas –que participaron a distancia a través de una videoconferencia– se opusieron a la modificación de la medida cautelar solicitada por Gloria Liliana a través de una carta dirigida al tribunal.
El Ministerio Público federal, representado por la abogada Nadia Karina Castro, dijo que la prisión preventiva está justificada por la peligrosidad de la imputada, por contar con redes de apoyo que facilita su ocultamiento y por el riesgo de justificación de la sustracción de la justicia.
“Tiene facilidad de salir incluso del país”, dijo para luego recordar que la acusada fue detenida en el puente Reforma, cuando autoridades estadounidenses de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) alertaron de que buscaba cruzar la frontera.
Itzel Mireya Sanpedro Durán, de la CEAV, se pronunció también en contra de la solicitud para cambiar la medida cautelar a Gloria por considerar que existe riesgo de fuga de la imputada y solicitó que se prolongara.
Justificó su petición por la complejidad del asunto, por las 40 víctimas mortales y 27 lesionados, se les tiene que dar seguimiento a todos los casos, con autoridades de distintos países.
A su vez, Marcos Edgar Zavala Cruz, abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, se opuso al cese de la prisión preventiva de Gloria porque tiene otras causas penales en su contra.
“No existe otra medida cautelar que garantice que la imputada no se sustraiga”, afirmó.
También mencionó la complejidad del caso, por la cantidad de elementos en el expediente de la investigación, de 35 tomos, 76 anexos, que suman 100 mil hojas.
Además, agregó, que está por celebrarse en Ciudad Juárez un acto de disculpa pública que debe encabezar otro imputado –Francisco Garduño, excomisionado del INM–, al que acudirán unas 50 víctimas, entre sobrevivientes y familias de migrantes fallecidos, por lo que consideró que otorgar la libertad a Gloria representa un riesgo para ellos.
La defensa de la imputada dijo que los señalamientos sobre los riesgos de sustracción contra su representada son subjetivos y que ahora no estaban sujetos a debate.
Tras escucharlos, el juez dijo que los argumentos que dieron los representantes del MP y defensores de las víctimas ya fueron analizados, y ahora no presentaron nada nuevo en sus alegatos.
El juez explicó que la decisión de prolongar la prisión preventiva, oficiosa o justificada, debe estar sujeta a un escrutinio elevado de justificación, en el cual debe tomarse en cuenta tres condiciones: 1) la complejidad del asunto, 2) la actividad procesal del interesado y 3) la conducta de las autoridades.
“Y no considero fundada su petición, Gloria. El asunto porque está vinculada no es un proceso sencillo, es muy complejo… no es un asunto ordinario, y justifica que se haya prolongado por el solo hecho de tratar de localizar a 25 sobrevivientes y a las familias de los 40 fallecidos”.
La complejidad del asunto justifica que la prisión preventiva se prolongue, agregó, pero no debe prolongarse más de un año en su contra, a partir de que se cumplió el plazo de los dos años que se impuso esa medida cautelar, agregó el juez.
La defensa de la imputada indicó que ahora se va a analizar si se impugna la resolución del juez.
El pasado 24 de enero, el juez Víctor Malio Hernández Calderón ‘congeló’ el proceso penal abierto contra Francisco Garduño, entonces comisionado del INM, por su presunta responsabilidad en el incendio de la estación migratoria. A cambio, estableció que, en un plazo de 18 meses, cumpliera con seis acciones, entre las que destacan pedir una disculpa pública a las víctimas, concluir con la entrega de las compensaciones económicas del gobierno a las víctimas, vigilar un fideicomiso creado para depositar las indemnizaciones aún no entregadas, y supervisar las estancias migratorias una vez cada tres meses.
Con este fallo, el ahora excomisionado del INM prácticamente fue liberado de los cargos en su contra por la tragedia en el que más personas migrantes bajo el resguardo de las autoridades han perdido la vida en México.
Actualmente, de los presuntos responsables del incendio que causó la muerte de 40 migrantes, solo permanecen en prisión tres funcionarios del INM: Rodolfo C. de la T.; y Gloria Liliana R. G. acusados por los delitos de homicidio y lesiones, así como Salvador G.G., quien fungía como titular de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua al momento de la tragedia, por los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.
Además, están en prisión el guardia de seguridad privada, Alan Omar P.V., y dos migrantes de Venezuela, Jeison D. C.R., y Carlos Eduardo C.R.
Otros tres funcionarios del INM siguen el proceso penal en su contra en libertad. Se trata de Daniel G.Y., quien al momento de ese hecho era el representante local Noroeste del INM; Eduardo A.M., quien entonces era jefe de Recursos Materiales del Instituto; y Juan Carlos M.C., quien se encargaba de la protección de migrantes como coordinador del Grupo Beta.
Otro de los funcionarios, Antonio Molina Díaz, también logró enfrentar el proceso en libertad acusado de ejercicio indebido de servicio público, pero presuntamente está evadido desde mayo del 2023.
