El Ministerio Público de la Federación pretende acusar por el delito de daños en la estación migratoria a cuatro de los 11 acusados por el incendio en la estancia del INM donde murieron 40 migrantes la noche del 27 de marzo del 2023; sin embargo la diligencia fue diferida sin fecha precisa.
Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez
Ciudad Juárez, Chihuahua.— El Ministerio Público (MP) de la Federación intentó presentar nuevos cargos legales en contra de cuatro de las 11 personas señaladas como presuntas responsables del incendio registrado en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), hecho que causó la muerte de 40 migrantes extranjeros y lesiones a otros 27.
Este lunes 16 de diciembre el juez federal, Víctor Mario Hernández Calderón, abrió una audiencia para la formulación de cargos; sin embargo, ante la falta de una notificación judicial y la inasistencia de abogados de una persona acusada y de parte de las víctimas, la diligencia fue diferida sin fecha precisa.
La nueva formulación de cargos que pretende formular el MP es en relación a una denuncia penal presentada por los abogados del INM y por el delito de daños, presuntamente configurado por las afectaciones ocasionadas al edificio federal durante el incendio ocurrido el 27 de marzo del 2023.
Para esta diligencia fueron requeridos el venezolano Jaison Daniel C.R.; así como tres personas que trabajaban para el INM al momento de la conflagración, Daniel G.Y., quien se desempeñaba como representante local de la oficina Noroeste del INM; Rodolfo C. de la T.; y Gloria Liliana R.G.; ambos eran agentes federales migratorios.
La audiencia en la sala número 2 del Centro de Justicia Penal Federal inició a las 9 de la mañana. A través de una videoconferencia tres agentes del MP se “conectaron”, también lo hizo un abogado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) en representación de varios de los migrantes muertos y sus familiares y de algunos de los heridos y sobrevivientes de la tragedia.
En la sala, frente al juez, estuvieron Daniel, Gloria, Jaison y Rodolfo, así como los abogados de ellos.
En representación del venezolano Jaison, comparecieron los litigantes Rafael Lomas Loya y Jorge Vázquez Campbell. El primero de ellos llevó la voz, y le dijo al juez que no contaban con la carpeta de investigación porque el Ministerio Público no les había dado acceso.
Aunque, de acuerdo con un seguimiento periodístico del caso, la carpeta de investigación para esta causa penal –número 593/23– es la misma que se integró cuando formularon cargos en diferentes fechas, diferentes causas penales, en contra de un total de 11 personas por diversos delitos dependiendo del acusado: homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público.
Al abogado de Jaison, Vázquez Campbell, se le dio acceso a la carpeta de investigación, en la causa 216/23.
Juan Gerardo Carmona, representante legal de Gloria Liliana, no se conectó a la videoconferencia, y el juez dijo que no lo iba a revocar. Tampoco los asesores jurídicos privados de varias de las víctimas,
Además, el INM no fue notificado legalmente de la diligencia, indicó el juez para luego expresar que si hubiera sido notificado y no asistiera el representante legal se entendería. Pero, señaló, no hay registró de que el Instituto hubiera sido notificado.
El resolutor refirió que debido a lo complejo del caso en ese momento no era posible fijar una nueva fecha para la formulación de cargos por el delito de daños y será el personal administrativo quien defina la fecha.
Al terminar la audiencia Daniel G.Y., uno de los funcionarios públicos vinculado a proceso penal por los delitos de homicidio y lesiones y quien ganó un amparo que le permitió salir de la cárcel el pasado 13 de junio, saludo a Gloria Liliana
“Cuídate mucho, me dio gusto verte”, le dijo Daniel a Gloria Liliana antes de que la retiraran de la sala junto con los otros dos detenidos, Rodolfo y Jaison.
En entrevista la hija Rodolfo C. de la T., quien asistió a la audiencia y pidió no ser identificada, dijo que su padre está muy desesperado, con angustia, enojado y con sentimientos encontrados por el tiempo que lleva en reclusión.
Además, indicó que a diferencia de las otras personas detenidas y sujetas a la prisión preventiva, ellos no tienen recursos económicos para tramitar un amparo que pudiera revocar la cautelar de prisión preventiva, por lo que van a esperar a que se cumplan los dos años que marca la ley.
“Esperemos en Dios que llegando los dos años posiblemente se pueda hacer una revisión de medida cautelar, en marzo próximo… esta es la peor historia de nuestra vida, es estar indignados, enojados por el sistema que nos falla una y otra vez, tanto a nosotros como a las víctimas, porque no creemos como una persona que sea inocente que ni siquiera estuvo en el hecho este vinculado a proceso por un hecho que no debería”, expresó Tania Collazo.
La entrevistada consideró que es ilógico que el INM le vaya a formular cargos, a Rodolfo pues laboraba para el Instituto.
“Es ilógico que este por daños dentro de su misma empresa, que por ciento no lo respalda, por algo que, repito, él no estaba en el edificio”, reprochó.
Por estos hechos, 11 personas se encuentran sujetas a proceso penal, ocho de los cuales son funcionarios del INM, entre ellos Francisco Garduño Yáñez, quien hace unos días dejó el cargo de comisionado. Él libró la cárcel desde la formulación de cargos en su contra.
Solo permanecen en prisión tres acusados que se desempeñaban como funcionarios del INM al momento del incendio. Los agentes federales migratorios Rodolfo C. de la T.; y Gloria Liliana R. G., acusados por los delitos de homicidio y lesiones.
También a Salvador G.G., quien fungía como titular de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, por los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones.
Así como dos migrantes originarios de Venezuela, Jeison D. C.R., y Carlos Eduardo C.R; y el guardia de seguridad privada, Alan Omar P.V.
Quienes han ganado amparos para que se les modifique la medida cautelar y por ello enfrentan el proceso penal en libertad son Eduardo A.M., quien se desempeñaba como jefe de Recursos Materiales del Instituto, el 13 de abril de 2024; Daniel G.Y., el 13 de junio de 2024; Juan Carlos M.C., quien era el coordinador del Grupo Beta, salió del Cereso 3 de Ciudad Juárez el pasado 19 de agosto.
Los tres pagaron fianzas millonarias.
Está prófugo Antonio M.D., quien fungía como director de Control y Vigilancia del INM. Él fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, el 25 de abril de 2023.
