El diagnóstico recopila las afectaciones y riesgos que enfrentan los colectivos y las personas buscadoras, que van desde impactos en su salud física, emocional, económica y psicológica. Además, incluye por lo menos 13 recomendaciones al Estado mexicano para atender la seguridad de los colectivos.
Por Elizabeth Ramos / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua. –“Son muchos y diversos los riesgos a los que nos exponemos en nuestra búsqueda; aunque, a veces por fortuna no se concretan, recibimos otros impactos en nuestra vida”, expuso Ana Alanís Roque, durante la presentación del Diagnóstico sobre seguridad para colectivos de familias de personas desaparecidas en México, realizada por colectivos de búsqueda, familiares de víctimas de desaparición y organizaciones de la sociedad civil de Chihuahua.
El documento fue expuesto el miércoless 17 de septiembre por la organización civil Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), y con madres y hermanas buscadoras que integran el Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia.
El Diagnóstico recopila las afectaciones y riesgos que enfrentan, que van desde impactos en su salud física, emocional, económica y psicológica, así como agresiones y amenazas en su contra, además de la discriminación, la estigmatización y la falta de apoyo y colaboración institucional.
Además, incluye por lo menos 13 recomendaciones al Estado mexicano para atender la seguridad de los colectivos.
Ana Alanís, integrante del Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia y hermana de Jorge Ernesto Analís Roque, desaparecido desde el 7 de enero de 2016, compartió que la búsqueda de su hermano le ha cambiado la vida por completo, ya que se ha enfrentado a situaciones de discriminación y criminalización, además su salud física y mental se han deteriorado.
“Tener un familiar desaparecido te cambia la vida por completo, nada vuelve a ser igual: las dinámicas, los planes, las relaciones, todo se ve afectado cuando nos desaparecen a un integrante de la familia”, expresó.
Ella ha decidido no conseguir un trabajo formal, porque eso significaría dejar de buscar a su hermano, ya que no tendría tiempo o días libres para ir a los rastreos a las citas en la Fiscalía.
Esta decisión, compartió, conlleva que no tenga un ingreso económico regular, lo que afecta su calidad de vida y su salud, la cual se ha deteriorado en los últimos años por el estrés y la depresión.
A esto se suman otros impactos por ser buscadoras, como la discriminación en los trabajos o al rechazo de su misma familia.
“Con nuestros vecinos y con la misma familia la convivencia se vuelve distinta; (hay) amistades que por miedo ya no nos hablan, porque señalan que nuestro familiar andaba en algo malo”, dijo Ana.
Durante la presentación del Diagnóstico, Alanís mencionó otro riesgo que enfrentan las personas buscadoras: las agresiones o asesinatos. Además, recordó a tres personas que fallecieron sin haber alcanzado sus exigencias: Gerardo Baca, Luz del Carmen Flores y Vicky Robles.
Tras un duro y largo silencio durante su intervención, Alanís señaló que “hablar de los impactos de ser buscadoras es difícil, pero necesario”, por lo que consideró urgente que las personas buscadoras reciban apoyo psicológico y una mejor atención por parte de las autoridades.
“Quiero compartir con ustedes que este proceso ha sido uno de los más difíciles en mi vida. La desaparición de mi hermano me ha dejado un vacío tan grande que no hay un día que no llore, que sienta la ausencia que me rompe por dentro”, compartió Alanís.
El Diagnóstico, elaborado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), recopila por lo menos 13 agresiones y violaciones a los derechos humanos en contra de familias y colectivos de personas buscadoras: agresiones físicas, amenazas, ataques al patrimonio, hostigamiento e intimidación, allanamiento, criminalización, ataques armados, desaparición forzada, agresiones letales, entre otros.
Belem Hernández, hermana de Jesús Salomé Hernández, quien desapareció el 18 de abril de 2025 y fue localizado sin vida el 29 de agosto de 2025, compartió que, durante el tiempo de búsqueda de su hermano, se tuvieron que capacitar en temas complejos como antropología forense, además de acudir con las autoridades y hacer sus propias investigaciones.
“A nosotras nos tocó hacer dos pegas de pesquisas de mi hermano en diferentes partes de la ciudad, en esos momentos no se sentía ni el calor ni que estábamos a pie”, compartió Belem, con voz interrumpida por el llanto.
También se enfrentaron a otros riesgos por manifestarse para exigir resultados a las autoridades, además de las extorsiones y el agotamiento físico y mental.
“Son muchas las acciones y muchos los riesgos que vivimos a diario, los conocemos y aun así seguimos, porque las buscadoras sabemos que tenemos derecho a la verdad, a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño”, expuso Belem.
Tanto ella como otras madres buscadoras del Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, coincidieron en que se requieren mejores programas de apoyo, con enfoques específicos en los diversos impactos a los familiares.
De acuerdo con el Diagnóstico, es una problemática que afecta a más de 370 mil familias de todo el país, lo que pone de relieve la urgencia de programas de atención integral y de prevención de las desapariciones.
María Favela, madre de Adrián Favela Márquez, desaparecido el 2 de octubre de 2012, compartió que los 13 de años buscando a su hijo han sido un camino largo, cansado y estigmatizante.
“Nos ha tocado vivir cosas demasiado duras, cosas que solo experimentamos quienes tenemos un hijo desaparecido”, señaló.
La madre buscadora expuso que todos los impactos que han vivido pueden y deben ser atendidos con trabajo colaborativo entre las instituciones públicas, voluntades políticas y con acciones puntuales.
Además, destacó, que son impactos que se pueden prevenir para que otras familias no sufran. “A nosotros ya nos tocó, pero no queremos que más familias sufran lo que nosotros sufrimos”.
María Favela consideró que algunos de los retos principales que enfrentan es hacer frente a las Fiscalías limitadas en recursos y personal, así como a la crisis forense en la identificación de cuerpos y a la criminalización por parte de las autoridades.
“Necesitamos que las autoridades se organicen para que garanticen nuestra seguridad, nuestro bienestar; hemos recibido toda clase de amenazas, de estigma y seguimos de pie”, concluyó.
Durante la presentación del Diagnóstico estuvieron presentes la fiscal especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, Miriam Aguilera Mercado, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), Norma Ledezma Ortega.
Entre sus recomendaciones iniciales, la fiscal Miriam Aguilera destacó la importancia de que los colectivos de búsqueda no asistan solos a los rastreos, sino que exijan el acompañamiento de la Fiscalía, con el fin de salvaguardar su vida.
En este sentido, Silvia Méndez, directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), señaló que las búsquedas independientes dependen siempre del resultado y de la actuación de las autoridades, ya que se trata de un acto de corresponsabilidad, porque “la seguridad de ellas es de todos y la responsabilidad de la autoridad es la de presentar resultados”.
Destacó que, pese a que en Chihuahua no se han tenido pérdidas de madres buscadoras, han identificado otros riesgos y afectaciones. “Nosotras las vamos perdiendo poco a poco, ellas van dejando la vida (al fallecer)”, señaló.
Entre otros riesgos que desde el CDHPN han identificado son agresiones físicas, amenazas, hostigamiento, estigmatización, deslegitimación, criminalización e intimidación. “Y algunas de las agresiones en algunos de los casos vienen de las mismas instituciones”, concluyó.
Sagrario Hernández, madre de Alfonso Hernández, desaparecido el 22 de abril de 2023, expuso algunas de las 13 recomendaciones que expone el Diagnóstico, entre las que se destacan, reconocer públicamente la labor que realizan los colectivos de búsqueda, así como cesar la estigmatización en contra de personas desaparecidas y sus familias.
También se señala la importancia de sensibilizar al personal de todos los órdenes de gobierno vinculados a la atención de la desaparición de personas, así como generar campañas para visibilizar y sensibilizar a las autoridades y a la sociedad.
Finalmente, Ana Cuéllar Figueroa, madre de Jessica Ivonne Padilla Cuéllar, desaparecida desde hace 14 años, exigió a las autoridades presentes cumplir con sus obligaciones y garantizar la búsqueda efectiva de sus familiares.
“Póngase a hacer su chamba, colectivos y familias no tenemos por qué hacer las búsquedas, esa es su chamba (…) Estoy enojada porque hay instancias que están ahí no sé para qué. Si no tienen dinero, pues díganos, como familia le aseguro que buscamos la manera de solventar una ida a una diligencia”, expresó.
