Aunque han asumido el mayor trabajo de alojamiento de personas en movilidad, los albergues habilitados en la ciudad por asociaciones civiles y comunidades de fe operan sin lineamientos ni un presupuesto específico. Organizaciones urgen una regulación que garantice la seguridad de las personas que los habitan.
Por Elizabeth Ramos / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Ante la gran necesidad humanitaria detonada en los últimos años por la llegada de miles de personas en situación de movilidad —personas mexicanas o extranjeras migrantes, desplazadas o solicitantes de asilo—, en Ciudad Juárez surgió una respuesta emergente por parte de organizaciones de la sociedad civil y comunidades religiosas que habilitaron sus espacios como albergues para brindar acogida temporal.
Sin embargo, este esfuerzo se enfrenta a la falta de apoyo oficial y lineamientos de operación que protejan a las personas en situación de movilidad y orienten a los encargados de estos espacios.
Organizaciones civiles señalan la urgente necesidad de que las autoridades establezcan normas de operación que regulen y vigilen el funcionamiento de los albergues para garantizar que sean espacios seguros y se prevengan situaciones que pongan en riesgo a la población en movilidad.
Carolina Pérez Debora, coordinadora del área de Género de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), explica que muchos de los albergues que surgieron en los últimos años siguen con la misma estructura, y aunque reconoce el importante trabajo humanitario que realizan, también apunta la urgente necesidad de regularlos.
En este sentido, Carlos Zavala González, coordinador del área de Atención Psicosocial de DHIA, afirma que los albergues son quienes han asumido el mayor trabajo de acogida de la población en movilidad, sin embargo, señala que es una tarea que le corresponde al gobierno.
De acuerdo con el Consejo Estatal de Población (Coespo) de Chihuahua, en todo el estado se reconocen 24 albergues y espacios de acogida —entre gubernamentales, de asociaciones civiles y de grupos religiosos— en los municipios de Juárez, Ascención y Chihuahua. Sin embargo, medios de comunicación locales reportan la existencia de entre 23 y 25 espacios en esta frontera.
En respuesta a una solicitud de información, el Coespo indicó que en el municipio de Juárez hay nueve albergues a cargo de asociaciones civiles y gobierno, dos en Chihuahua y tres en Ascensión, además de otros 10 en todos el estado a cargo de grupos de fe y colectivos.
Falta de regulación y vigilancia pone en riesgo a personas en movilidad
Carolina Pérez Debora explica que DHIA, en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ha identificado situaciones de riesgo dentro de los albergues, entre las que se encuentran la violencia sexual y el trabajo forzado.
“Lo que hemos identificado mucho es que les cobran a las personas por los servicios o por cosas que son donativos y gratuitos”, cuenta.
Por otro lado, la coordinadora del área de Género afirma que se han identificado albergues con una estructura más sólida, como personal especializado, coordinadores por turno, reglamentos y servicios. Aunque, advierte, todavía queda mucho trabajo por hacer.
De acuerdo con Fernanda Rico Orezza, abogada del área de Refugio y Servicios Migratorios de la organización, el fortalecimiento y la regulación de los albergues es competencia propiamente del Consejo Estatal para la Protección y Atención de Migrantes (Coespam), un órgano de consulta integrado por representantes de gobierno, asociaciones civiles y agencias internacionales.
“Se supone que esta función de albergar es parte del Estado, entonces el Estado debe de certificar, proveer y bajar recursos, para que estas acciones de seguimiento, regulación y de recursos las tengan los espacios. Al no existir esta vigilancia, pues esto se queda a la imaginación”, señala la abogada.
La Ley de Protección y Apoyo a Migrantes y sus Familias para el Estado de Chihuahua establece en su Artículo 9 que una atribución de los entes públicos es: “promover y fomentar la operación de albergues o establecimientos públicos y privados de atención y apoyo a migrantes y sus familias”.
Al respecto, la abogada señala que la ley antes mencionada es muy ambigua “porque no limita ni clarifica y, al no clarificar, deja todo a la imaginación y al sentido común de cada administrador de su albergue”.
A través de una solicitud de información, el Coespo informó que entre sus atribuciones está el desarrollo de los “Lineamientos para la identificación, reconocimiento y registro de los espacios y unidades de atención humanitaria, tales como albergues”. Sin embargo, precisó que estos no serán publicados hasta 2025.
Debe prevalecer seguridad de personas en movilidad
Sobre la regulación, la abogada Rico Orezza explica que lo primero es delimitar las funciones de los albergues y con base en ello establecer obligaciones. Luego el Coespo tendría que verificar y vigilar que cada espacio cumpla con las condiciones dignas para albergar.
En este sentido, la regulación también debe contemplar certificaciones que especifiquen los estándares necesarios para la valoración de los espacios. La abogada también señala que es obligación del Estado proveer de personal especializado a los albergues, además de destinar recursos para su operación.
“Es importante que tengan el recurso para sostenerse, porque si no lo hay, entonces por eso (los albergues) generan estos cobros que las personas en movilidad no pueden pagar por su mismo contexto y se generan otras dinámicas para cobrar los servicios”, sostiene la abogada.
La falta de lineamientos y supervisión gubernamental incluso podría tratarse de una omisión deliberada, pues, de acuerdo con Carlos Zavala, la regulación de estos espacios podría implicar cerrar algunos de ellos, dejando sin refugio a cientos de personas en movilidad, por lo que el Estado tendría que asumir de lleno esta tarea.
Zavala considera que la regulación es un tema complejo que debe asumirse con estrategias puntuales y en colaboración con los albergues, poniendo en el centro el bienestar de las personas en movilidad: “aquí lo que debe prevalecer es que las personas en movilidad tengan un espacio digno, un espacio seguro”.
Organizaciones internacionales y locales han establecido mecanismos y pautas que permiten identificar riesgos dentro de los albergues y en consecuencia tomar medidas, como la suspensión de colaboración con estos espacios.
DHIA implementa programas de fortalecimiento a través de acompañamiento y capacitación al personal encargado para que identifique cuáles son los delitos en los que podría incurrir. También ofrece charlas y talleres en los que informan a las personas albergadas sobre las violencias de las que podrían ser víctimas.
Asimismo ha colocado mantas en los espacios humanitarios con los que colabora, en las que ofrece medios contacto en casos de queja, por ejemplo, si los albergues a los que se apoyan con alimentación están cobrando por este concepto a las personas y, en consecuencia, se les retira todo tipo de ayuda de parte de la organización.
Albergues operan ‘al día’
El pastor Juan Fierro, director del albergue El Buen Samaritano, opina que las personas encargadas de albergues deben tener la disponibilidad y la actitud para mejorar su forma de trabajo y capacitarse, además de colaborar con las organizaciones de la sociedad civil.
“Yo tengo que aprender de las organizaciones que vienen, yo tengo que ir a capacitaciones, mi esposa —Ruth Rivera, subdirectora del albergue— tiene que ir a capacitaciones. Tenemos que estar renovando nuestra manera de pensar, tenemos que tener más conocimiento para poder atender mejor a las personas”.
El Buen Samaritano es uno de los espacios que cuenta con protocolos de seguridad, filtros para recibir a las personas, rutas para atender situaciones de riesgo, reglamento interno de convivencia, y que ha participado activamente en reuniones con el Coespo para avanzar en la creación de los lineamientos.
El albergue forma parte de la ‘Red Somos Uno por Juárez’, creada en 2022 e integrada actualmente por 14 albergues, principalmente de grupos religiosos, cuyo objetivo es unificar un modelo de trabajo, autogestión y fortalecimiento de los servicios que prestan a las personas en movilidad.
El pastor enfatiza también la importancia de contemplar el autocuidado de las personas que trabajan en los albergues, quienes están expuestos a altos niveles de estrés: “nosotros también tenemos que cuidarnos y que esto no nos absorba”, apunta.
El albergue abrió sus puertas en 2017 y forma parte de la iglesia metodista el Buen Pastor. Ubicado entre colinas y calles accidentadas al poniente de la ciudad, ha recibido a cientos de migrantes provenientes de 27 países.
En 2018, ante la gran necesidad humanitaria que trajeron consigo las caravanas de migrantes, El Buen Samaritano adecuó todos los espacios disponibles de la iglesia, incluido el templo, para albergar a 260 personas, cuando originalmente tenían capacidad para recibir solo a entre 20 y 40, y únicamente a hombres.
Para el pastor, hacer frente en aquel momento a la gran necesidad humanitaria de alojamiento fue un reto que asumió “sin tener presupuesto, sin tener alimento y sin tener las condiciones para las personas”.
Diferentes organizaciones civiles locales e internacionales se sumaron a ayudar y de manera emergente el gobierno estatal también entregó algunos apoyos de alimentación e insumos.
Fierro señala que a la fecha continúan operando bajo las mismas condiciones en las que iniciaron: “todavía no tenemos presupuesto, seguimos de la misma manera. Los años han pasado y estamos al día, prácticamente”.
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), YoCiudadano solicitó al Coespo el presupuesto destinado para la operatividad de los albergues, a lo que respondió que “no hay presupuesto asignado a cada albergue o institución que brinda asistencia y protección a las personas en situación de movilidad humana en el estado”.
Sin embargo, indicó que los albergues pueden acceder a algunos recursos (limitados y específicos), a través de los Apoyos Sociales con los que cuenta el Programa de Apoyo Integral a Migrantes (PAM) del Coespo.
Estos contemplan servicios, mantenimiento, donación de consumibles, infraestructura, salud, rehabilitaciones menores en las instalaciones, equipamiento, educación y apoyos emergentes en especie.
Fierro explica que las autoridades se han sumado de diferentes formas a participar y apoyar el trabajo humanitario que hace el albergue, pero, asegura, “no es suficiente y pueden hacer más”. Sin embargo, opina que la responsabilidad no debe recaer solo en las autoridades y que el apoyo de las organizaciones ha sido clave para la operatividad de los albergues, pero sostiene que “le corresponde más la iniciativa al gobierno que a las organizaciones”.
Comenta que por parte del Coespo ha podido acceder a apoyos específicos, como el financiamiento del consumo de agua, educación para las infancias a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), atención médica en el centro de salud Todos Somos Mexicanos, así como apoyos emergentes de despensas e infraestructura.
El Gobierno Federal también se ha sumado con el consumo de electricidad, en tanto que el Municipal también cuenta con albergues.
Organizaciones internacionales y locales, como DHIA, colaboran con los albergues en temas que van desde insumos básicos hasta servicios de atención psicológica, talleres para infancias, alimentación, educación, salud y capacitación para las personas encargadas.
Para el pastor, el trabajo conjunto de albergues y organizaciones debe continuar, pues la movilidad humana es un asunto urgente y constante, aunque los espacios de acogida no sean suficientes: “los migrantes están aquí y hay que atenderlos”, concluye.
