El Senado aprobó ayer la Ley General de Comunicación Social; organizaciones acusan simulación y legalización de prácticas que promueven la censura
Ayer, el Senado de la República aprobó en lo generar la Ley de Comunicación Social, que modifica al artículo 134 constitucional, y que ha sido nombrada #LeyChayote por distintas organizaciones, medios de comunicación y periodistas que han denunciado que la legislación avala la discrecionalidad y la promoción personalizadas de políticos en las asignaciones de pautas de publicidad oficial.
El Senado aprobó la Ley en lo que general con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, luego de que la Cámara de Diputados hiciera lo propio el pasado 10 de abril.
La senadora Martha Tagle dijo que la legislación, al carecer de un marco normativo, permitiría el uso arbitrario y discrecional de los recursos destinados a publicidad oficial, que en la práctica generan censura en los medios de comunicación y periodistas críticos.
El senador panista Héctor Larios, por su parte, dijo que la legislación institucionalización el gasto gubernamental para la promoción de acciones de gobierno, algo que, consideró, sería imposible en países desarrollados.
El Dictamen de la Ley de Comunicación Social no establece topes al gasto en contratación de espacios de publicidad oficial, no contempla sanciones para los funcionarios que no observen sus criterios y considera que la difusión de los logros gubernamentales no es propaganda sino comunicación social.
Desde inicios de este mes el colectivo Medios Libres, conformado por más de 80 organizaciones civiles y académicas, medios de comunicación y periodistas, calificó al dictamen como una “simulación”.
En un comunicado el colectivo expresó que su aprobación “sería muestra de una simulación flagrante de la garantía a la libertad de expresión y viola los acuerdos de parlamento abierto que esta legislatura ha adoptado con la sociedad”.
Asimismo, manifestó que la legislación “no atiende los problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros”, ni contempla los 10 puntos mínimos propuestos por el colectivo para una Ley de Publicidad Oficial eficaz.
En un comunicado la organización Article 19 expresó que la votación incumplió con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 15 de noviembre de 2017 y que “legaliza malas prácticas llevadas a cabo en la publicidad oficial”.
Además, la organización señaló que ambas cámaras del Congreso de la Unión no respetaron el diálogo con la sociedad civil y avalaron una ley sin consenso.
La Secretaría de Gobernación (Segob) será la encargada de administrar los tiempos de publicidad oficial, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicación, a excepción de aquellos que correspondan al Instituto Nacional Electoral (INE).
La Ley General de Comunicación Social entrará en vigor el primer día de 2019.
