En cuanto al gasto público ejercido, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas no desvirtuó las irregularidades cuantificables señaladas por la Secretaría de la Función Pública, por un monto de 20 millones de pesos
La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua es la dependencia con mayores irregularidades no solventadas en materia del gasto público ejercido, detectadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante 2017.
De acuerdo con la SFP, los entes auditados tienen un periodo para proporcionar evidencia que desvirtúe las observaciones realizadas por la SFP; sin embargo, de las irregularidades en materia del recurso público ejercido durante 2016, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas no solventó un monto observado de 20 millones de pesos.
Además, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas tiene posibles irregularidades por 3 millones 450 mil pesos más, correspondientes a 2013; sin embargo, esta cantidad aún se encuentra en proceso de solventación.
Así mismo, durante el ejercicio de 2015 la SFP detectó irregularidades por 12 millones de pesos en la Secretaría de Hacienda, que tampoco fueron subsanadas por el ente auditado.
Esta misma secretaría tiene posibles irregularidades por 43 millones de pesos en 2013 y 47 millones de pesos más en 2014; dichos montos, se encuentran en proceso de solventación, de acuerdo con la SFP.
La SFP también detectó irregularidades que no fueron resultas dentro del sector salud.
Por un lado, se encuentra la Secretaría de Salud, con observaciones cuantificables por 1 millón 791 mil 474 pesos durante el ejercicio de 2015, y por el otro está Servicios de Salud, con observaciones por 63 millones 144 mil 902 pesos.
De acuerdo con la SFP, entre las observaciones cuantificables y no cuantificables más recurrentes se encuentran el incumplimiento en el procedimiento de contratación y adjudicación de bienes, servicios y obras; adjudicaciones directas mal fundamentadas; fundamentación indebida en un dictamen y documentación comprobatoria que no cumple con los requisitos fiscales.
Las auditorías en materia del recurso público ejercido se realizaron a 31 entes de la estructura del Gobierno del Estado.
De acuerdo con la SFP, los entes auditados que no lograron desvirtuar los señalamientos en esta etapa de la auditoría aún lo pueden hacer dentro del periodo de proceso administrativo de responsabilidad.
