CDMX.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social y ordenó al Congreso de la Unión corregir las deficiencias. La Primera Sala de la Corte aprobó por unanimidad el proyecto que otorga el amparo a la organización Artículo 19, la cual había interpuesto el recurso legal debido a que la llamada ‘Ley Chayote’ promueve y mantiene las malas prácticas en materia de publicidad oficial. La sentencia determinó fundados los argumentos contenidos en el amparo en revisión 1359/2015 de que el Congreso de la Unión fue omiso al legislar y que la Ley General de Comunicación Social es contraria a la libertad de expresión. Por ello, ordenó al Congreso corregir las deficiencias antes de que finalice el siguiente periodo ordinario de sesiones 2021. Artículo 19 sostiene en la demanda que “la legislación reclamada no regula con el grado de precisión constitucionalmente exigible, los principios que deben regir el gasto público en comunicación social, pues aun y cuando dispone diez principios rectores en la materia, no los dota del sentido y alcance que deben atribuirle las autoridades ejecutoras y las personas sujetas a su marco de aplicación, propiciando una enorme momento de ejercer el gasto respectivo”. https://twitter.com/PoloMaldonadoG/status/1435664509448900613?s=20 En 2018, el Colectivo Medios Libres denunció que la ‘Ley Chayote’ iba a legalizar las malas prácticas en la publicidad oficial, además de que no cumplía con los criterios de la sentencia de la SCJN (15 de noviembre de 2017) sobre la debida regulación de la publicidad oficial. Pese a los llamados de instituciones y organizaciones defensoras de derechos humanos, el Senado la aprobó el 25 de abril de 2018.
AMLO mantiene malas prácticas
Recientemente, la organización Artículo 19 presentó el informe del gasto de publicidad oficial del segundo año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en el que señala que, a pesar de mostrar una tendencia a la baja, persisten prácticas discrecionales y la falta de transparencia en la asignación de los contratos. El presupuesto ejercido fue de 2 mil 248 millones de pesos, es decir, una quinta parte con respecto a los 11 mil 398 millones de pesos gastados por la administración de Enrique Peña Nieto en su segundo año. Sin embargo, las malas prácticas del sexenio de Peña Nieto persisten. Artículo 19 aseguró en su reporte que “ambas administraciones tienen en común la persistente ausencia de reglas claras de asignación y distribución de la pauta oficial. Esto se mantiene como una mala práctica, ya que permite la concentración del gasto en un pequeño grupo de medios de comunicación o que la mayoría del gasto sea ejercido por unas cuantas instituciones”. La organización informó que de los 457 medios de comunicación que recibieron recursos por publicidad oficial, 10 de ellos concentran más del 52% de los recursos, ocupando los 3 primeros lugares Televisa, TV Azteca y La Jornada (con un total de 28.6%), quedando menos de la mitad de la totalidad de los recursos a 447 medios “(Esta asignación de recursos) se traduce en una inequitativa y desigual distribución”, señaló Artículo 19. La organización asegura que la falta de una debida legislación en la materia genera consecuencias nocivas para el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información.
