En septiembre, un mes antes de terminar su administración, Javier González Mocken negoció la integración de 95 empleados municipales al SUTM a cambio de un aumento salarial del 4 por ciento; la semana pasada, Armando Cabada anunció la cancelación de las sindicalizaciones debido a que no se realizaron como marca la ley
El pasado 22 de julio, el ex-presidente municipal Javier González Mocken declaró que su administración no contaba con recursos suficientes para conceder un aumento salarial a los afiliados del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM), como parte de las negociaciones del contrato colectivo que se efectúan cada dos años.
Los sindicalizados solicitaban un aumento del 8 por ciento, luego de que en 2014 les fuera aprobada una alza del 7 por ciento, y una del 4 por ciento al inicio de este año como parte de un aumento general a los burócratas del Municipio
Javier González Mocken comentó entonces que los sindicalizados podrían “pedir y pedir”, porque “pedir no empobrece”, pero no les sería concedido un nuevo aumento salarial, dadas las condiciones de las finanzas municipales.
Las negociaciones entre el SUTM y el Municipio comenzaron el 17 de agosto, y en septiembre la Tesorería y la Oficialía Mayor —encabezadas en ese momento por Juan Miguel Orta Velez y Hugo Venzor Arvizo, respectivamente— informaron que los afiliados al SUTM recibirían una alza salarial del 4 por ciento, toda vez que se aceptara la sindicalización de 95 empleados municipales.
El actual Presidente Municipal, y entonces Alcalde electo, Armando Cabada Alvídrez, manifestó públicamente su descontento por el acuerdo alcanzado entre el Municipio y sus sindicalizados, al considerar que se actuó en detrimento de la cuenta pública, y se mostró en contra de la negociación del incremento a las percepciones de los afiliados del SUTM a cambio de plazas sindicales.
Asimismo, anunció que al iniciar su administración se realizaría un análisis detallado de los procesos de sindicalización llevados a cabo durante los últimos meses de la administración 2013-2016, iniciada por Enrique Serrano Escobar y concluida por Javier González Mocken.
Negociaron plazas sindicales por aumentos salariales; incluyeron en el trato a sobrina de ex-alcalde
Poco antes de que entrara en vigor el acuerdo entre el Municipio y el SUTM —el 30 de septiembre— el ex-alcalde González Mocken dijo que había girado instrucciones a la Contraloria Municipal para investigar presuntas irregularidades en los procesos de sindicalización de 95 empleados. Asimismo, la Sindicatura informó que realizaría sus propias indagaciones.
Entre los 95 empleados municipales que serían sindicalizados a cambio del alza salarial, se encontraba Daniela González Lara, sobrina de Javier González Mocken, quien desde 2015 se encontraba en Barcelona realizando estudios de posgrado con goce de sueldo como empleada de la Dirección General de Desarrollo Social.
González Lara, hija del abogado Héctor Armando González Mocken, ganaba 27 mil 40 pesos mensuales como empleada de la coordinación de la Dirección antes referida. En total, recibió 259 mil 196 pesos.
Javier González Mocken dijo que fue Enrique Serrano Escobar quien aprobó la solicitud de su sobrina para estudiar en el extranjero sin dejar de percibir su salario como funcionaria municipal.
El Diario de Juárez, en un reportaje publicado el 25 de septiembre, reveló que Daniela González Lara regresó a la ciudad tan solo para cambiar de puesto y luego regresar a Europa para continuar con sus estudios.
Según consta en la publicación, el otrora Síndico Municipal, Fernando Martínez Acosta, declaró que González Lara volvió únicamente para firmar su plaza como auditora de la Sindicatura, e inmediatemente solicitó licencia al puesto.
La madre de Daniela González, Trinidad Lara Cisneros, también se encontraba dentro del acuerdo de sindicalización de 95 empleados municipales. Además, recibió un aumento salarial del 19 mil 270 pesos mensuales a 20 mil 73 pesos.
Luego de que el ‘tráfico de plazas’ del Gobierno Municipal tras las negociaciones con el SUTM fuera expuesto por diversos medios de comunicación locales, la sobrina del ex-presidente municipal fue obligada a renunciar y a regresar los casi 260 mil pesos que recibió en el transcurso aproximado de un año.
No obstante, el viciado proceso de sindicalización de más de 90 burócratas siguió su curso sin que la Contraloría o la Sindicatura señalaran anomalías en los procesos.
Piden castigo a involucrados en caso González Lara; revierten sindicalización de empleados municipales
Durante la sesión ordinaria de Cabildo del jueves tres de noviembre, el Regidor panista Hiram Apolo Contreras Herrera presentó un proyecto de acuerdo para instruir al Presidente Municipal, Armando Cabada Alvídrez, para interponer una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de los funcionarios involucrados en el caso de Daniela González Lara.
Durante la presentación de la propuesta, el Regidor calificó como insuficientes a las sanciones administrativas impuestas (mediante una amonestación por escrito) por Javier González Mocken al titular de la Dirección General de Desarrollo Social, Gerardo Hernández Ibarra; el jefe de departamento, Benjamín Beltrán; el director de Recursos Humanos, Carlos Andrés Miranda; el jefe de Nóminas, Ismael Narciso Jiménez, y el Secretario Técnico, Miguel Ángel Calderon Rodríguez. Por lo anterior, Conteras Herrera solicitó que se denunciara a los involucrados en un plazo no mayor a 72 horas.
Luego de que el Secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, comentara que para que la denuncia procediera efectivamente se requeriría realizar una investigación más prolongada al plazo de 72 horas sugerido, el Presidente Municipal llamó a comparecer a la contralora Flor Karina Cuevas, quien dio cuenta de la investigación realizada en torno al caso de Daniela González Lara desde el inicio de esta administración.
Flor Cuevas informó que el dinero que González Lara percibió en el transcurso de un año fue devuelto a las arcas municipales, aunque en la Dirección de Recursos Humanos no hay constancia del otorgamiento de licencia a la ex-funcionaria.
El Cabildo aprobó instruir a Armando Cabada para interponer la denuncia ante la FGE, toda vez que sean analizados los resultados de la investigación que actualmente lleva a cabo la Contraloría, que luego podría ser turnada al Congreso del Estado.
Posteriormente, el pasado 10 de noviembre, Armando Cabada anunció la cancelación de los procesos de sindicalización de los 97 empleados municipales, entre los cuales se encuentran los afiliados al SUTM por las negociaciones del contrato colectivo en septiembre, durante la administración de González Mocken.
Cabada informó que los empleados serían regresados a sus puestos como empleados ‘de confianza’ o ‘de raya’ luego de que se firmara un “acuerdo de desconocimiento de las plazas sindicales” debido a que los procesos no se llevaron a cabo como lo marca la ley.
Según informó Cabada, “esto no quiere decir que serán cesados o corridos”, pues su casos los revisará la dirección de Recursos Humanos para determinar si pueden entrar al sindicato, ya que al menos 30 trabajadores sí reúnen los requisitos para su integración al Sindicato.
Trascendió que no se localizaron los acuerdos del anterior Presidente Municipal, ni las notificaciones de la Oficialía Mayor ni las confirmaciones de la Tesorería, necesarias para concluir los trámites de los 97 empleados, de los cuales 15 son de raya y 82 de confianza.
Aunque la dirigencia del SUTM ha señalado que defenderá a los trabajadores cuyo proceso de sindicalización fue revertido por la autoridad municipal, hasta el momento no se han definido acciones concretas ni los empleados desfavorecidos se han pronunciado al respecto.
Actualmente, la Contraloría Municipal realiza las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados en el tráfico de plazas sindicales, sin que por lo pronto se haya sugerido investigar al ex-alcalde Javier González Mocken por su participación en las negociaciones.
