Las organizaciones que representan a los afectados urgen a reconocer la calidad de víctimas de las mujeres sobrevivientes y señalan el cumplimiento “limitado” del Estado mexicano.
Por Abraham Rubio / YoCiudadano
Ciudad de México.– A más de dos años del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, organizaciones de la sociedad civil señalaron que el caso no está cerrado y las obligaciones del Estado mexicano para garantizar la justicia, la reparación integral y la no repetición siguen vigentes.
En el marco del Día de los Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) señalaron que la investigación y siete procesos penales permanecen en curso, respecto a once imputados del Instituto Nacional de Migración (INM), la empresa de seguridad privada y las personas migrantes.
Sin embargo, hicieron hincapié en la desigualdad de acceso a la justicia que se evidencia en el proceso: a diferencia de Garduño Yánez, quien únicamente fue acusado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, las demás personas procesadas fueron imputadas por homicidios y lesiones.
Aunque las organizaciones reconocieron que la disculpa pública ofrecida en septiembre pasado por el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yánez, constituye un avance, lo calificaron como “limitado” dentro del cumplimiento parcial de las medidas ordenadas por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón para mantener la suspensión condicional de su proceso penal.
Lamentaron que el juez trasladará la responsabilidad de la organización del acto de disculpa pública a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a solicitud de la defensa del imputado, debido a que envía el mensaje equivocado de que el Estado carga con responsabilidades de particulares que corresponden directamente al extitular del INM.
“En el evento, las víctimas reiteraron que la ceremonia pareció orientada más a cumplir un requisito legal que a ofrecer disculpas reales, sentidas y respetuosas a los sobrevivientes y a las familias de quienes fallecieron”, indicaron.
Las organizaciones que acompañan a las víctimas reiteraron que la disculpa pública fue sólo una de las medidas ordenadas por el juez, pero continúa pendiente la obligación de garantizar la reparación integral –en su calidad de imputado y no a cargo del Estado– a los 40 migrantes fallecidos y los 27 hombres sobrevivientes.
Las medidas de medidas de reparación serán revisadas en la audiencia programada para septiembre de 2026. Sin embargo, señalaron que continúa pendiente la resolución de un amparo interpuesto tras la decisión judicial de otorgarle la suspensión condicional del proceso al imputado Francisco G.Y. Por otra parte, el proceso de demanda de responsabilidad patrimonial del Estado aún se encuentra en etapa inicial ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Las agrupaciones reiteraron su exigencia de que las 15 mujeres sobrevivientes obtengan el reconocimiento de su calidad de víctimas, lo cual es indispensable para su participación plena en los procesos penales y el acceso a medidas de reparación del daño, incluyendo apoyo psicológico, atención médica y compensación económica.
Finalmente, urgieron al gobierno mexicano a avanzar en el cumplimiento de la Recomendación 111VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida a la Secretaría de Gobernación, a Relaciones Exteriores, y al entonces comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco G.Y., puesto que no se conocen los avances de la implementación ni existen indicios de informar al respecto, a pesar de haberse solicitado formalmente por los representantes de las víctimas.
“En este Día de los Derechos Humanos, aún hay responsabilidades pendientes del Estado en el caso”, concluyeron, enfatizando que el trabajo por la verdad, la justicia y la garantía de no repetición es indispensable para que una tragedia como la de Ciudad Juárez no vuelva a ocurrir.
“Ninguna persona, independientemente de su nacionalidad, debe morir por buscar mejores condiciones de vida, mucho menos por no abrirles una puerta”.
