La administración municipal ha omitido lanzar las convocatorias públicas para conformar las consejerías ciudadanas de movilidad humana, vial, pueblos originarios y el consejo de Participación Ciudadana.
Por Jonathan Álvarez / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.– La toma de decisiones sobre temas críticos para la urbe se realiza, en gran medida, a espaldas de la ciudadanía. De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Chihuahua, los consejos consultivos deben ser instancias de participación social para la asesoría, propuesta y seguimiento de las acciones gubernamentales. Sin embargo, la administración municipal ha mantenido estos espacios inactivos, incompletos o sin representación ciudadana.
En diciembre, la ciudadana manifestó durante la última sesión del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana (CCPC) de Juárez la urgencia de lanzar las convocatorias para llenar las consejerías ciudadanas vacantes dentro del organismo, puesto que lleva casi un año sin contar con dichas representaciones.
Pero no solo eso, el Municipio también tiene pendiente la creación de tres consejos consultivos: el de Movilidad Humana, Movilidad y Seguridad Vial, y Pueblos Originarios.
“Calles desde el escritorio”: El riesgo de ignorar a la ciudadanía en movilidad vial
La representante del Consejo de Movilidad de Ciudad Juárez, Beatriz Marcial, advierte que el Consejo Consultivo Municipal de Movilidad y Seguridad Vial es una figura legal clave para que el conocimiento ciudadano guíe los proyectos de infraestructura.
Al no estar integrado, Marcial señala que las decisiones recaen en personas que carecen de la pericia necesaria, lo que resulta en el incumplimiento de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la NOM 004 de SEDATU.
Según la especialista, el diseño de la ciudad sin la participación de usuarios representativos (como peatones, personas con discapacidad y ciclistas) condena a Juárez a seguir siendo una de las ciudades con mayor índice de siniestros y muertes viales en el país. Marcial enfatiza la gravedad de esta exclusión:
“Quien termina tomando las decisiones en cuanto a la movilidad en la ciudad sin la representación ciudadana son personas no expertas en el tema que desconocen el valor que representa para la comunidad tener una movilidad libre, segura y accesible que permita el disfrute y el derecho a la ciudad”.
En marzo del año pasado, Ayuntamiento de Juárez lanzó la convocatoria para integrar las consejerías ciudadanas del Consejo Consultivo de Movilidad y Seguridad Vial, sin embargo, el proceso permanece congelado.
Un consejo en el limbo para atender la movilidad humana
En lo que respecta a las personas en contextos de movilidad humana, Diana Solís, representante de la asociación Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), denuncia que el Consejo de Movilidad Humana permanece en el limbo.
A pesar de que la propuesta para integrar un consejo consultivo se presentó en mayo del año pasado en audiencia pública y la convocatoria fue aprobada en lo general por la Dirección de Participación Ciudadana, el Municipio no la ha publicado, dejando vacantes las siete consejerías ciudadanas destinadas a este órgano.
Solís sostiene que esta falta de espacios de coordinación entre autoridades y sociedad civil deriva en políticas deficientes y discursos oficiales xenofóbicos que ya han tenido consecuencias fatales, como el incendio en la estación migratoria en 2023. Para Solís, la ausencia de este consejo impide que la ciudad se prepare para procesos de integración efectiva:
“La ausencia de espacios de diálogo y discusión para la toma de decisiones derivan en tragedias”.
El consejo consultivo de participación ciudadana… sin ciudadanía
Incluso el organismo encargado de vigilar la democracia participativa opera en la irregularidad. Claudia Arreola, integrante de Plan Estratégico de Juárez, revela que el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Municipio tiene tres vacantes ciudadanas desocupadas desde hace 10 meses. A pesar de las promesas del director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, la convocatoria para cubrir estos puestos no ha sido lanzada, dejando al consejo integrado mayoritariamente por funcionarios.
Arreola explica que esta situación no solo obstruye la discusión sobre temas urgentes como las quejas del Presupuesto Participativo o las audiencias públicas, sino que pone en duda la validez de las sesiones, ya que la ley exige una mayoría de representantes ciudadanos para que los acuerdos sean legales. La activista subraya la precariedad institucional actual:
“Ya tiene 10 meses operando sin 3 consejeros y si no hay mayoría de los representantes ciudadanos en este consejo, no pueden ser válidos los acuerdos de la sesión”.
