Ciudad Juárez, Chihuahua.— “No tenemos otros 30 años para esperar a que el suroriente alcance niveles aceptables de accesibilidad urbana”, fue una de las reflexiones de Abigail Pérez Pulido, maestra en Administración Pública y Desarrollo Social, al analizar los efectos de la dispersión urbana en el desarrollo social de la población que habita el suroriente de Ciudad Juárez. En su estudio, destacó que la participación de la ciudadanía es vital para alcanzar la justicia socioterritorial. De acuerdo con la investigación, la dispersión urbana tiene efectos directos en los niveles de accesibilidad urbana de infraestructura y servicios, y por ende, en el desarrollo social de los habitantes. La investigadora estudió estos niveles de accesibilidad urbana en el fraccionamiento Eco 2000 y de la colonia Campestre Virreyes, dos de los primeros asentamientos en el suroriente. De acuerdo con la investigación, el suroriente presenta un nivel bajo de accesibilidad urbana en las esferas de fuentes de empleo, equipamiento para la educación, equipamiento para el trabajo, equipamiento de salud, equipamiento de ocio y rutas de transporte público.
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“Al contrastar la colonia y el fraccionamiento nos dimos cuenta que Eco 2000 se encuentra en una posición más favorecida, porque formó parte de estos primeros fraccionamientos en el suroriente. De alguna manera, después de 30 años el fraccionamiento ‘ahí va’, pero no tenemos otros 30 años”, comentó. Así como estos complejos habitacionales, hay otros en la zona del suroriente que presentan escenarios en donde la población es privada del acceso a escuelas, espacios para el fomento de la cultura, zonas comerciales, entre otros aspectos, consideró la investigadora. Las nuevas zonas urbanizadas en esta zona, se encuentran desprovistas de los servicios necesarios para la población, limitando así su desarrollo social al requerir más tiempo, dinero y esfuerzo para realizar sus actividades cotidianas, consideró. Para Abigail Pérez, la accesibilidad urbana es clave para mejorar la calidad de vida de la población, “mientras no entendamos que la calidad del entorno físico inmediato tiene un papel central, no se va a lograr superar este círculo de pobreza en el cual la misma ciudad ha puesto a sus ciudadanos”, enfatizó.
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La investigadora hace énfasis en que la participación ciudadana juega un papel importante en superar la injusticia espacial relacionada a la falta de equipamiento en los entornos.
“Creo que la participación es la opción que tenemos para buscar superar esta injusticia espacial, relacionada a esta falta de equipamiento en los entornos de la población más necesitada”, opinó.
Además consideró que, aunque el gobierno municipal ha abierto canales de participación, no ha habido avances en cuanto a conseguir que haya mayor equipamiento. Recordó que en el caso de la colonia Campestre Virreyes fue muy importante la lucha de la ciudadanía por conseguir los servicios básicos y de equipamiento como la energía eléctrica y la introducción de agua potable. Para la investigadora, la dispersión urbana afecta la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad, acentuando sus efectos en la población que habita las zonas más alejadas. Aunque en un principio muchos de los asentamientos en esta zona de la ciudad surgieron a raíz de procesos de invasión de predios, actualmente la expansión de la mancha urbana se debe a un proceso institucionalizado, en el que las viviendas son gestionadas por los desarrolladores privados, avalados por el gobierno local, consideró.
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Para Abigail, todas las administraciones del gobierno local han errado en reflejar la realidad urbana en la formulación de los planes de desarrollo: “vemos planes de desarrollo urbano con diagnósticos increíbles, pero al momento de aterrizar las propuestas, nos damos cuenta de que no influyen de manera realista” indicó. Agregó que es necesario tomar en cuenta el grado de participación de las desarrolladoras y de la industria en la expansión de la ciudad y criticó que el gobierno local legitime el crecimiento sin planificación a través de las autorizaciones a nuevos fraccionamientos, aún sin planes parciales de desarrollo. “Esto ha sido una de las causas de la descontrolada expansión de Ciudad Juárez” consideró. La investigadora propuso un modelo espacial de justicia socioterritorial para el desarrollo urbano sostenible, en el que se incluye impulsar los mecanismos de participación ciudadana de una manera organizada y permanente, como parte del derecho a la ciudad. Otros elementos del modelo planteado por la investigadora son la justicia social, es decir, que todos los habitantes se encuentren en igualdad de condiciones, y la justicia espacial, que demanda que los recursos y servicios estén distribuidos equitativamente en el espacio.
