Sobrevivientes exhiben que asesores de la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas envió un correo donde les pide que colaboren confirmando que respaldan la audiencia donde Francisco Garduño, titular del INM, pretende detener extinguir la acción penal en su contra; organizaciones acusan manipulación a víctimas.
Por Redacción La Verdad
Ciudad Juárez– Por segunda ocasión, Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración e imputado en el caso del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas encerradas bajo llave, se presentará este lunes ante un juez en busca de “una solución alterna” para suspender el proceso penal en su contra con un acuerdo de reparación de daños por ese hecho.
Alguna de las víctimas –cuya identidad será resguardada por cuestiones de seguridad– denunciaron que previo a la audiencia de este día, asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) los han contactado por llamada telefónica y correos electrónicos para pedirles que se pronuncien a favor de la realización de la audiencia en la que Garduño presentará una “solución alterna”.
“Me dijeron que si les podía colaborar respeto al jefe de migración, que si podía apoyar con decir en un correo electrónico que sí recibí el correo de ellos para hacer constar que si queremos que se lleve a cabo la audiencia, nos dijeron que colaboremos con eso”, dijo uno de los sobrevivientes desde Estados Unidos.
De acuerdo con el correo electrónico enviado por la CEAV a seis víctimas, al que La Verdad Juárez tuvo acceso, los asesores jurídicos buscan deslindar a Garduño del proceso y endilgarle la acción penal a los otros vinculados por la tragedia migrante ocurrida el 27 de marzo del 2023, entre funcionarios del INM y migrantes.
“Por lo que hace al C. Francisco Garduño Yáñez, este no es el directamente responsable de los ilícitos, sino que existen otras personas vinculadas a proceso. Así que, el hecho de que este acceda a esta salida alterna no implica que los directamente responsables estén absueltos de responsabilidad”, se lee en el documento de la CEAV, instancia que paradójicamente tiene la función primordial de apoyar y asesorar a las víctimas.
La CEAV precisa en su correo que Garduño es imputado por el delito del Ejercicio Ilícito del Ejercicio Público, no por homicidios y lesiones, aunque las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no han concluido.
Las organizaciones acompañantes de las víctimas del incendio, encabezadas por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y Asylum Access México (AAMX), advierten que la CEAV está favoreciendo al funcionario acusado e intenta manipular a las víctimas.
Señalan también que con su propuesta Garduño Yánez pretende detener la persecución y proceso penal en contra y extinguir la acción penal sin que las investigaciones hayan concluido y sin tener claro su responsabilidad en esos hechos.
Y aseguran que la audiencia de este lunes no debe realizarse debido a que el proceso se encuentra suspendido por una suspensión definitiva obtenida por las organizaciones el 18 de octubre del 2023, con el amparo 955/2023 concedido por la jueza Séptima de Distrito en Ciudad Juárez.
Sin embargo, la audiencia de suspensión condicional está programada para este 12 de agosto a las 15:30 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de la ciudad, dentro de la causa penal 237/2023.
Las organizaciones que han asumido la representación jurídica de sobrevivientes y familiares de personas fallecidas consideran que al no estar concluidas las investigaciones aún no queda claro hasta dónde llegó su responsabilidad en los hechos, por lo que sostiene que el juez debe negar –como ya lo hizo antes– la “solución alterna”, pues ésta tendría efectos absolutorios, es decir, ya no se le investigaría más ni se le sancionaría.
El 30 de abril de 2023, el Comisionado fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, como parte del proceso penal del incendio ocurrido el 27 de marzo de ese año.
Dentro del proceso, en septiembre de 2023, Francisco Garduño promovió la primera “solución alterna”, sin embargo en ese entonces el juez rechazó su propuesta, en la que se comprometía a pagar la diferencia del valor de los daños materiales del inmueble establecidos entre el perito de la FGR y la empresa aseguradora a cambio de detener la investigación en su contra.
Ahora, por segunda ocasión, vuelve a solicitar audiencia para discutir se le pueda otorgar una suspensión condicional, aún cuando existe una suspensión definitiva de todos los procesos penales del caso otorgada por un Juzgado de Distrito y sin la presentación de un plan de reparación del daño a favor de las familias de los 40 migrantes fallecidos y los 27 sobrevivientes.
“Los operadores de justicia que protegen los derechos de las víctimas deben evitar dar el mensaje que en México la impunidad impera sin importar la gravedad de los hechos. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el incendio fue calificado como grave violación a derechos humanos en su Recomendación 111VG/2023”, señalan los acompañantes de víctimas en un pronunciamiento conjunto de 74 organizaciones y redes de organizaciones de la sociedad civil.
