Chihuahua.— Ayer el exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez fue vinculado a proceso por los delitos agravados de peculado y asociación delictuosa, debido al presunto desvío de 96 millones de pesos durante su administración.
El juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Humberto Chávez Allende, decretó el auto de vinculación tras la exposición de la carpeta de investigación y considerar que existen elementos suficientes para presumir la responsabilidad del exgobernador en los delitos que le imputa la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.
El órgano jurisdiccional determinó que César Duarte continuará con la medida cautelar de prisión preventiva, dictada el domingo pasado, y fijó seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
La audiencia en la que el juez de Control vinculó a proceso a Duarte Jaquez duró más de 12 horas.
De acuerdo con la cobertura de Raíchali, la defensa sostuvo que César Duarte no dio órdenes directas para efectuar los desvíos, sino exfuncionarios como el exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera (quien colabora como testigo de la FGE) y Carlos Hermosillo Arteaga (fallecido): el primero administraba el dinero público y el segundo presuntamente instruyó los desvíos.
Asimismo, los abogados del exgobernador aseguraron que los exfuncionarios que colaboraron como testigos de la FGE fueron presionados y torturados por la administración del exgobernador Javier Corral Jurado; para demostrarlo presentaron como prueba una columna de opinión sin firma publicada en un medio local.
Sin embargo, los agentes del Ministerio Público señalaron que Duarte, en su calidad de gobernador y por su superioridad jerárquica, tenía responsabilidad jurídica sobre el manejo del presupuesto estatal respecto a los funcionarios que su defensa busca implicar.
La parte acusatoria señaló que la carpeta de investigación contiene suficientes elementos para establecer su probable responsabilidad y acusó a la defensa de Duarte de estar buscando una estrategia mediática con base en “especulaciones ni chismes”.
Finalmente, el miércoles a las 21:18 horas, el juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Humberto Chávez Allende, vinculó a proceso al gobernador por su probable responsabilidad en los delitos agravados de peculado y asociación delictuosa por desvío de 96 millones de pesos durante su administración.
De acuerdo con la FGE, entre los años 2011 al 2014, el imputado, quien se desempeñaba como Gobernador del Estado de Chihuahua, desvió recursos del patrimonio estatal por una cantidad acumulada de 96 millones 685 mil 253 pesos, los cuales se encontraban depositados en varias cuentas pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y estaban destinados exclusivamente a fines públicos.
Señaló que estas acciones se hicieron con el previo acuerdo con diversos funcionarios y personas ajenas al servicio público, mediante el reparto de roles y actividades en la operación.
Asimismo, entre los años de 2011 al 2014 el Gobierno del Estado realizó 17 pagos reiterados a dos personas morales, con las que había intereses personales y de negocios, al ser presidente del Consejo Directivo y administrador de una de ellas, así como accionista mayoritario de la otra, actos orquestados e instruidos para la entrega de estos recursos públicos a través de 11 procedimientos administrativos simulados.
Investigación por una Mejor Ciudad
