Ciudad Juárez, Chihuahua.— En medio de la explanada de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, activistas y personas de la comunidad LGBTTTIQ+ instalaron una carpa cubierta con la bandera de las personas trans. Desde allí se manifestaron contra de la liberación del presunto asesino de la activista trans Mireya Rodríguez Lemus, quien fue encontrada sin vida el 2 de septiembre de 2020, al interior de su casa en el municipio de Aquiles Serdán, cerca de la ciudad de Chihuahua. “Desgraciadamente nuestras autoridades cada vez van en retroceso, desafortunadamente nos han llegado noticias de que el presunto culpable (del asesinato) de nuestra hermana Mireya está en libertad. Es injusto para nosotras pensar que nuestra hermana Mireya volvió a morir otra vez”, dijo Deborah Álvarez, activista trans. En la manifestación también se encontraba la activista trans Paloma Villegas, quién dio lectura al posicionamiento de las organizaciones Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses (fundada por Mireya); el Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt de la organización Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana; y el Grupo de Estudios sobre Derechos, Géneros y Diversidades.
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Las organizaciones emitieron dicho pronunciamiento luego de que se diera a conocer que el pasado 8 de julio, el presunto asesino de Mireya, Iván Arturo G. P. fue puesto en libertad por las autoridades, tras argumentar que uno de los resultados de la investigación tenía imprecisiones.
“Tienen muchas evidencias los fiscales y los jueces para que determinen que el asesino de Mireya haya sido absuelto. Hoy en día él está gozando de libertad. Chihuahua es un estado transfóbico y transfeminicida”, recalcó Villegas.
Entre las exigencias de las activistas y organizaciones se encuentra permitir la revisión de la investigación; brindar apoyo a la familia de Mireya; otorgar medidas cautelares a las integrantes de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses y revertir el fallo que puso en libertad a Iván Arturo G. P. Las personas manifestantes exigieron que el fiscal Jesús Manuel Carrasco Chacón saliera a recibir el documento, sin embargo, el vocero de la FGE, Óscar Márquez, les solicitó que ingresaran a las oficinas para ser atendidas. El acceso a los medios de comunicación también fue permitido pero solo por unos minutos, pues únicamente buscaban enseñarle a las y los periodistas que en la sala de juntas tenían una bandera de la población LGBTTTIQ+. Al retirarse los medios de comunicación, un cartel con la leyenda “No + muertes trans” fue pegado sobre el escudo de la Fiscalía. Por su parte, el fiscal atendió a las activistas y les preguntó si contaban con mecanismos de acompañamiento y prevención para protegerse entre ellas.
“No me gustaría que volviéramos a tener una reunión en esta sala de juntas para abrir un expediente y hablar de alguien que desafortunadamente haya perdido la vida”, comentó Carrasco Chacón.
En respuesta, Álvarez indicó que independientemente de las medidas de seguridad que utilicen, es necesario que existan sentencias en contra de los asesinos, pues sin las sanciones correspondientes los transfeminicidios continuarán. “Si lo dejan libre eso abriría una puerta, eso de manera indirecta sentaría un precedente aquí de que las personas pueden libremente asesinar mujeres trans y que las consecuencias van a ser muy pocas”, agregó Mabel Vega, quien también es activista trans. Como acuerdo de ambas partes, se programó una reunión para el primero de agosto para analizar de qué forma pueden trabajar en conjunto activistas trans y personal de la Fiscalía, indicó Álvarez.