Ciudad Juárez, Chihuahua.— El fin de semana pasado, diversos colectivos y organizaciones se posicionaron en contra de la liberación del presunto asesino de la activista trans Mireya Rodríguez Lemus, quien fue encontrada sin vida al interior de su vivienda el 2 de septiembre de 2020, en el municipio de Aquiles Serdán, cerca de la ciudad de Chihuahua. “Después de dos años de proceso judicial, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua determinó, el pasado 8 de julio, la liberación del presunto responsable del asesinato de nuestra compañera defensora de los derechos humanos de mujeres trans”, indicaron en un posicionamiento las organizaciones Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses; el Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt de la organización Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana; y el Grupo de Estudios sobre Derechos, Géneros y Diversidades. En el documento denuncian que las decisión de las autoridades se debió al considerar que uno de los resultados de la investigación tenía imprecisiones, a pesar de que la Fiscalía General del Estado encontró más de 70 evidencias en contra de Iván Arturo G. P., quien fue vinculado a proceso 18 días después de que se encontró el cuerpo de la activista. El presunto transfeminicida fue acusado de homicidio agravado por razón de género y robo con penalidad agravada por la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada. Ante ello, un juez le dictó, como medida cautelar, prisión preventiva por dos años. “Su liberación se debe a la falta de profesionalismo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua que desde que ocurrieron los hechos hicieron un papel lamentable y demostraron que no son capaces de garantizar justicia para la sociedad a la que tanto dicen defender, y prueba de ello es que hoy el asesino de Mireya está libre”, recalcó el Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, que también se posicionó en contra de la situación. 
“Estas y otras pruebas no fueron suficientes para que la Fiscalía creara un caso sólido y consiguiera una sentencia”, agregó el Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua.
Con el apoyo de las organizaciones mencionadas anteriormente, el padre de Mireya recurrirá a los recursos judiciales correspondientes ante el posible sesgo en el análisis del cuerpo colegiado encargado del caso. Aunque este es el primer asesinato de una mujer trans que en la entidad se investigó con perspectiva de género, todavía “permean ciertos vicios en los organismos de impartición de justicia, al basar sus decisiones en perspectivas parciales, con presencia de ciertos prejuicios, que afectan directamente a la resolución final”, enfatizaron las OSC. Tanto las organizaciones como el Comité apuntaron que los crímenes de odio en el estado no cesan. Datos de la organización Letra S indican que de 2014 a 2021 se han cometido 24 transfeminicidios en Chihuahua, siendo el 2020 un año preocupante pues se registraron cinco casi de manera consecutiva. “El mensaje que envía el Estado de Chihuahua, tras la decisión de liberar al presunto culpable, es que hay una total impunidad hacia quienes agreden y asesinan a las mujeres trans, pues no se les sanciona ni se les juzga con todo el rigor de la ley y con base en los más altos estándares de juzgamiento recomendados por organismos internacionales de derechos humanos”, agregaron. https://www.youtube.com/watch?v=bw1UzuSwjZI&t=1s
Mireya había recibido amenazas
El 29 de agosto de 2020 Mireya Rodríguez Lemus fue vista por última vez en los espacios que frecuentaba para ejercer el trabajo sexual y apoyar a otras mujeres trans. Al notar su ausencia, sus compañeras acudieron a su domicilio ubicado en el municipio de Aquiles Serdán, cerca de la capital del estado. La madrugada del miércoles 2 de septiembre su cuerpo sin vida y con signos de violencia fue encontrado en la sala de su vivienda. Era conocido por sus compañeras que Mireya había recibido amenazas y mensajes intimidatorios desde hace meses atrás. Según las autoridades, Mireya fue asesinada durante la madrugada del 30 de agosto al interior de su domicilio. Ante los hechos, organizaciones y colectivos se manifestaron en todo el país; en Ciudad Juárez, activistas trans realizaron un performance en la explanada de la Fiscalía General del Estado Zona Norte y entregaron un oficio con exigencias al entonces fiscal de Distrito, Jorge Nava López, quien se comprometió a enviarlo a César Peniche Espejel, quien ocupaba el cargo de fiscal general. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), también condenó el transfeminicidio de la activista, en un comunicado publicado el 10 del mismo mes. “La ONU-DH llama a las autoridades a investigar de forma exhaustiva y de conformidad con los estándares internacionales de debida diligencia y perspectiva de género el asesinato de la Sra. Rodríguez Lemus y de otras integrantes de la comunidad LGBTI cuyo asesinato ha sido denunciado en las últimas semanas en varios estados de la República”, se lee en el documento. Mireya fue defensora de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y mujeres trans, impulsora y organizadora del Encuentro Estatal de Mujeres Trans en Chihuahua y promotora de salud en el tema del VIH. Gracias a su trabajo y al de otras mujeres trans se emitió la recomendación 58/2016 de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua para que las autoridades municipales cesaran los operativos arbitrarios en zonas de trabajo sexual con los que eran forzadas a aplicarse pruebas de VIH o sancionadas con varias horas de cárcel.
Las exigencias de las OSC
A la Fiscalía General del Estado de Chihuahua Garantizar la seguridad y la integridad personal de las mujeres trans integrantes de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, A.C. Permitir la revisión de la investigación a fin de determinar si se tomó en cuenta la vulnerabilidad de las mujeres trans a la violencia motivada por su identidad o expresión de género y la condición de defensora de derechos humanos de Mireya Rodríguez, así como saber si se siguió el “Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género”. A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua Brindar apoyo como víctimas a los familiares de Mireya Rodríguez Lemus durante los procesos que recurran el fallo del TJE y a las Mujeres Trans Chihuahuenses. Informar a las víctimas indirectas y a las organizaciones que brindamos acompañamiento sobre las actuaciones de la CEAV que se llevaron a cabo durante el juicio ante el Tribunal del Estado de Chihuahua. Realizar los recursos necesarios para revertir el fallo del TSJ y dar seguimiento a las actuaciones procesales correspondientes del caso de Mireya Rodríguez de la fiscalía ante el TJE. A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua Otorgar medidas cautelares y dar seguimiento de las mismas a las integrantes de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A. C y algunas otras compañeras de trabajo que se sientan en situación de peligro. Dar seguimiento al proceso judicial para garantizar el derecho al debido proceso. Al Poder Ejecutivo y Legislativo de Chihuahua Modificar el Código Penal del Estado para tipificar los crímenes de odio/ por prejuicio motivados por la orientación sexual y/o identidad o expresión de género y/o características sexuales (Ley Mireya Rodríguez Lemus). Reconocer y garantizar los derechos humanos de las comunidades trans, y en general, de la población LGBT. Modificar el Código Civil del estado para reconocer la identidad legal de las personas trans. Garantizar la vida e integridad de todas las trabajadoras sexuales transgénero y transexuales de Chihuahua. A los gobiernos municipales del estado de Chihuahua Erradicar los contenidos discriminatorios de los Bandos Municipales de Policía y Buen Gobierno que pudieran menoscabar los derechos de las poblaciones LGBTI. Impulsar programas similares al Programa “Acceso integral a la salud y bienestar para las personas trabajadoras sexuales del municipio de Chihuahua’”.
