Ciudad Juárez, Chihuahua.— El Gobierno Municipal de Juárez aún contempla llevar a cabo el proyecto de concesión del alumbrado público, llamado ‘Juárez Iluminado’, mediante una concesión que disponga de los recursos provenientes del pago del Derecho de Alumbrado Público (DAP), una contribución declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Así lo reveló el boletín número 13 de la Sindicatura Municipal, en el que se reproducen párrafos del estudio costo-beneficio con el que cuenta el Gobierno Municipal para la realización del proyecto, mismo que se ha negado a transparentar.
De acuerdo con el boletín de la Sindicatura, el pasado 14 de febrero se llevó a cabo una “segunda sesión extraordinaria de comisión” —sin que se precisara cuál comisión de regidores— en la que el punto central fue la “discusión y en su caso aprobación del análisis costo-beneficio“ de Juárez Iluminado, que fue aprobado por la totalidad de los asistentes.
El análisis presentado en la Comisión estipula tres alternativas de financiamiento para el proyecto, entre las que se encuentran la continuación del esquema actual de compra de luminarias y de refacciones para aquellas de tecnología más obsoleta y la contratación de un crédito para sustituir la totalidad de las lámparas existentes, además de la ya mencionada modalidad de concesión.
Esta última indica “que mediante una inversión pública a largo plazo sea un inversionistas quien realice la inversión de la infraestructura y se encargue del mantenimiento de todo el sistema de alumbrado púbico durante los siguientes 15 años”.
Como beneficio de esta modalidad, el documento indica que se reducirían los tiempos de atención de los reportes ciudadanos, pues la empresa concesionaria tendría que instalar un ‘call center’ en la ciudad “para recepción de quejas del servicios los 365 días del año”.
Además, el Municipio supervisaría el servicio de forma “estricta”, pues contaría con un “control espejo” que le permitiría constatar que al menos el 90% del total de las luminarias se encuentre en funcionamiento.
Al respecto, la Sindicatura se posicionó en contra de comprometer los recursos del DAP por 15 años, al considerar que “este tipo de proyectos no han tenido resultados satisfactorios“.
La información relativa al análisis del estudio costo-beneficio se encuentra en el apartado 1.7 del boletín de la Sindicatura, denominado “Proyecto de Inversión Pública a Largo Plazo”:
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